El exalcalde de Gandia del PP Arturo Torr¨® se sentar¨¢ en el banquillo por malversaci¨®n y fraude

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Gandia (Valencia) ha acordado abrir juicio oral al exalcalde de esta localidad con el PP, Arturo Torr¨®, a quien el fiscal acusa de malversaci¨®n de caudales y fraude en la contrataci¨®n en relaci¨®n a un contratos de prestaci¨®n de servicios p¨²blicos de comunicaci¨®n audiovisual televisiva a trav¨¦s de la empresa p¨²blica Iniciatives P¨²bliques de Gandia, que acab¨® pagando medio mill¨®n de euros de dinero p¨²blico a una empresa privada.

El juzgado acuerda la apertura de juicio oral contra Torr¨® y el empresario Rciardo Manuel Faura, que son contra quienes dirige la acusaci¨®n el ministerio fiscal, y contra otras cinco personas m¨¢s, a quienes acusa la acusaci¨®n particular, entre ellos un exedil y una exasesora del entonces alcalde.

As¨ª consta en un auto del pasado 17 de marzo y en el que la juez fija la Audiencia para el enjuiciamiento del caso y una fianza de responsabilidad civil en cuant¨ªa de 4.020.000 euros, que deber¨¢n prestar conjunta y solidariamente los acusados, y con una parte para una mercantil, en su condici¨®n de responsable civil subsidiario (480.000 euros).

Seg¨²n el fiscal, los hechos se remontan a diciembre de 2011, cuando ¡®Iniciatives Publiques de Gandia-S.A.U¡¯, recibi¨® una encomienda de gesti¨®n del Ayuntamiento de Gandia para la realizaci¨®n de las actividades de comunicaci¨®n que hasta su cierre poco antes ven¨ªa desempe?ando la televisi¨®n municipal.

IGP, a trav¨¦s del procedimiento de contrataci¨®n por invitaci¨®n, adjudic¨® en 2012 dos contratos de prestaci¨®n de servicios p¨²blicos de comunicaci¨®n audiovisual televisiva a dos mercantiles, por m¨¢s de 1,7 millones de euros cada uno, y para tres a?os. Antes de estos contratos, en diciembre de 2011, una de las empresas efectu¨® una cesi¨®n de las obligaciones derivadas del contrato del que resultara adjudicataria en favor de la otra, que fue la que realiz¨® de hecho los trabajos correspondientes a las dos.

En fecha 10 de febrero de 2013, se concert¨® entre la empresa p¨²blica y la primera de las mercantiles la resoluci¨®n del contrato de febrero de 2012, por supuestas dificultades no concretadas, y asumi¨® IGP la obligaci¨®n de pagar a la mercantil la cantidad de 500.000 euros de dinero p¨²blico, ¡°a sabiendas de que no hab¨ªa causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas p¨²blicas¡±, se?ala el fiscal. La primera transferencia se realiz¨® el 7 de junio de 2012, antes incluso de que se acordase la resoluci¨®n y la indemnizaci¨®n a favor de la mercantil.

Seg¨²n el fiscal, fue Torr¨® quien, aprovechando su condici¨®n de alcalde y presidente del Consejo de Administraci¨®n de IPG, utilizando la empresa municipal IPG, ¡°concibi¨® promovi¨® y asumi¨® la obligaci¨®n¡± del pago de ese importe con dinero p¨²blico a la otra empresa, con la colaboraci¨®n del otro acusado, como representante de esa mercantil.