El bloqueo del PP y la reforma legal dejan en el limbo 46 cargos judiciales

El bloqueo en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial ¡ªimpuesto por el PP desde hace dos a?os y medio¡ª y la reforma legal con la que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha tratado de romperlo ¡ªlimitando las funciones de este ¨®rgano para que no pueda hacer nuevos nombramientos¡ª amenazan el buen funcionamiento de la administraci¨®n de justicia. El ¨®rgano de gobierno de los jueces cerrar¨¢ este a?o con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo (por jubilaci¨®n o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia.

Los cargos de nombramiento discrecional ¡ªy, por tanto, ahora paralizado¡ª abarcan desde presidencias en los tribunales de justicia auton¨®micos hasta las plazas del Supremo. En el recorrido intermedio est¨¢n las presidencias de las audiencias provinciales y las de sala de los propios tribunales superiores de las comunidades aut¨®nomas. En total, ahora hay 46 plazas que est¨¢n pendientes de nombramiento o lo van a estar a lo largo de este a?o. Se plantea as¨ª un problema de especial gravedad para el funcionamiento de los ¨®rganos judiciales afectados, y con ello para el sistema en conjunto.

La situaci¨®n es particularmente preocupante en el caso del Tribunal Supremo, donde para cada puesto que quede libre no se puede designar al nuevo titular. Lo impide la reforma legal, aprobada por el Gobierno con el expl¨ªcito prop¨®sito de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, con una mayor¨ªa absoluta conservadora que no responde a la configuraci¨®n actual del Parlamento, no pueda efectuar nombramientos. En otras instancias, la sustituci¨®n provisional est¨¢ prevista y el cargo puede ser ejercido por mera prolongaci¨®n del mandato o mediante el acceso provisional de otro magistrado al puesto. Pero en el Supremo, donde adem¨¢s el proceso de negociaci¨®n sobre la idoneidad de los candidatos es especialmente intenso y riguroso, cada plaza que queda vacante por jubilaci¨®n o fallecimiento se queda as¨ª hasta el nuevo nombramiento.

Las complicaciones se han producido ya en diversos casos en los dos a?os y medio que lleva el CGPJ en funciones. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estuvo un a?o y medio sin titular, con la presidencia cubierta interinamente, y en el del Pa¨ªs Vasco pas¨® algo parecido. Aunque en estos casos pudieron hacerse los nombramientos este a?o porque no exist¨ªa ning¨²n impedimento legal. Con la entrada en vigor de la reforma del Gobierno, el problema se agravar¨¢, porque se extender¨¢ a muchas otras instancias. A menos que haya renovaci¨®n del Consejo tras las pr¨®ximas elecciones del 4-M en Madrid, una hip¨®tesis que ahora se maneja.

Mientras el acuerdo no llega, en la aludida lista de los 46 cargos que est¨¢n o estar¨¢n dentro de este a?o pendientes de provisi¨®n figuran nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco corresponden a lo Contencioso, dos a lo Social, una a lo Civil y otra a la Sala de lo Militar.

La Sala Penal, al completo

La Sala de lo Penal es, por ahora, la ¨²nica del Supremo que tiene la plantilla al completo. Al terminar el juicio del proc¨¦s, en 2019, el presidente de esta Sala, Manuel Marchena, lanz¨® una voz de alarma, ante las jubilaciones ya producidas o previstas. Se lleg¨® a decir entonces que si no se cubr¨ªan las vacantes no habr¨ªa magistrados disponibles en el caso de que tuviera que celebrar otro juicio sobre los mismos hechos (por ejemplo en el caso de que pueda ser finalmente llevado a juicio el expresident pr¨®fugo Carles Puigdemont).

En cuanto a los tribunales superiores de justicia, no podr¨¢ designarse a los presidentes de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Castilla y Le¨®n, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento ¡ªya implique reelecci¨®n o sea nuevo¡ª no puede hacerse mientras el actual CGPJ siga en funciones, y solo quedar¨¢ desbloqueado cuando se renueve el ¨®rgano de gobierno de los jueces. La misma situaci¨®n afectar¨¢ a la presidencia de las Audiencias Provinciales de Huesca, ?lava, ?vila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logro?o, Teruel, C¨¢diz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales superiores auton¨®micos.

Junto al problema de los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial afronta para su gesti¨®n ordinaria numerosos problemas derivados de la reciente reforma de la ley, una reforma cuestionada frontalmente por tres de las cuatro asociaciones judiciales, que han pedido la intervenci¨®n de la Comisi¨®n Europea por considerar en ¡°riesgo grave¡± el Estado de derecho en Espa?a. Sin llegar tan lejos, el pr¨®ximo jueves el pleno del Consejo analizar¨¢ un informe t¨¦cnico sobre lo que puede y no puede hacer en este per¨ªodo tras la aprobaci¨®n de la reforma legal, porque los vocales no lo tienen nada claro.

Algunas fuentes consultadas en esta instituci¨®n atribuyen a la reforma, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, una p¨¦sima t¨¦cnica legislativa, porque la ley enumera lo que el Consejo puede hacer, pero deja en el aire competencias a las que no alude. Por ejemplo, la de resolver recursos o impugnaciones de acuerdos de la comisi¨®n permanente o de las salas de gobierno de las audiencias o de los jueces decanos. Un vocal del Poder Judicial resume la situaci¨®n as¨ª: ¡°Nos han puesto una camisa de fuerza, pero intentaremos movernos¡±. Y otro a?ade: ¡°Los partidos cometen un doble error: no se pueden poner de acuerdo, y para arreglarlo castigan al Consejo¡±.

La Fiscal¨ªa cambia la c¨²pula entre protestas

La Fiscal¨ªa General del Estado, que dirige la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgado, ha efectuado en los ¨²ltimos meses numerosos nombramientos que afectan a la c¨²pula y que no est¨¢n exentos de pol¨¦mica. Un informe de la Fiscal¨ªa General se?ala que se han producido 58 nombramientos discrecionales, 27 de los cuales han correspondido a fiscales no asociados, por 16 que son miembros de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales (AF) y 15 de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF). Dicho informe interno sostiene que, por tanto, las acusaciones de ¡°sectarismo¡± en las designaciones ¡°no se corresponden con la realidad¡±.

Las cr¨ªticas de la Asociaci¨®n de Fiscales se centran en los nombramientos en la principal categor¨ªa de la carrera, la de fiscal de Sala, junto a la asignaci¨®n de la jefatura de fiscal¨ªas especializadas. Los ¨²ltimos comunicados de dicha asociaci¨®n han recogido quejas relacionadas con la selecci¨®n efectuada, que ha llevado a que durante el mandato de la actual fiscal general hayan sido designados para este tipo de puestos clave cinco afiliados a la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), dando lugar a discutidos cambios de destino o supuestas postergaciones.

Los fiscales conservadores critican, por ejemplo, que Jos¨¦ Miguel de la Rosa, anterior jefe de la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa, no haya podido permanecer en la jefatura de la Fiscal¨ªa de la Sala Civil del Supremo ni acceder a la de Menores, o que Consuelo Madrigal ¡ªque actu¨® en la causa del proc¨¦s y lleg¨® a ser fiscal general con el PP en el Gobierno¡ª no haya sido promocionada a una jefatura, pese a tener ya todos ellos la categor¨ªa de fiscales de Sala.

Frente a estas cr¨ªticas, la Fiscal¨ªa General responde con datos sobre las designaciones debatidas en el Consejo Fiscal. As¨ª, de los 58 nombramientos efectuados, 54 se han producido tras obtener mayor¨ªa el candidato designado, y en 25 casos por unanimidad. Tambi¨¦n destaca que no ha habido designaciones de quienes obtuvieron un respaldo minoritario en el Consejo.