Justicia ofrece al PP dar m¨¢s margen a los jueces para elegir al nuevo Consejo del Poder Judicial

El Gobierno y el PP volver¨¢n a reunirse tras las elecciones del 4-M en Madrid para retomar la bloqueada renovaci¨®n del ¨®rgano de direcci¨®n del Poder Judicial. Los contactos al m¨¢ximo nivel nunca se han suspendido del todo. El Ejecutivo ha llegado a ofrecer en su ¨²ltimo intento de negociaci¨®n a la c¨²pula popular volver al Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y reducir la influencia en la elecci¨®n por las Cortes de los candidatos seleccionados por los jueces para concurrir al Consejo del Poder Judicial. Esa selecci¨®n se hace ahora entre 51 candidatos, pueden ser incluso m¨¢s, avalados por la carrera, y pasar¨ªa a ser de solo 36.

¡°Habr¨¢ que sentarse el 5 de mayo otra vez y hablar¡±, responden desde el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez para corroborar que la negociaci¨®n con el PP se reactivar¨¢. La cita electoral lo ha enturbiado todo en estas semanas, pero en el Gobierno y en el PP son conscientes de que tienen una obligaci¨®n constitucional, con los jueces y con Europa para desbloquear la elecci¨®n de un nuevo Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace dos a?os y medio. El actual CGPJ fue elegido en 2013 para cinco a?os.

En los dos lados de la negociaci¨®n reconocen que el acuerdo del que parten ya ¡°es muy grande¡±, sobre todo en la necesidad de dotar al Consejo de una sensaci¨®n de independencia pol¨ªtica mayor que la actual. Los jueces, en las encuestas internas del propio Poder Judicial, confiesan que son muy independientes al actuar en su d¨ªa a d¨ªa, pero tanto en el Gobierno como en el PP constatan que esa no es la percepci¨®n p¨²blica con respecto al propio Consejo.

Desde el Ministerio de Justicia se ha hecho llegar al PP, tanto a su l¨ªder, Pablo Casado, como a su n¨²mero dos, Teodoro Garc¨ªa Egea, al frente ahora de esta negociaci¨®n, una oferta para rescatar algunos aspectos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001 entre el Ejecutivo del PP y el PSOE de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. En el punto 21 de los 23 contemplados se especific¨® un nuevo modelo de elecci¨®n del Consejo: conforme al art¨ªculo 122 de la Constituci¨®n, 12 de los 20 vocales ser¨ªan propuestos de entre los jueces y magistrados de todas las categor¨ªas por las Cortes (seis por c¨¢mara) por una mayor¨ªa de tres quintos. Esos aspirantes deber¨ªan ser presentados ¡°hasta un m¨¢ximo del triple de los 12 puestos a proponer (36), por las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados o por un n¨²mero de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el dos por ciento de los que se encuentren en servicio activo¡±. El n¨²mero m¨¢ximo de candidatos a presentar por cada asociaci¨®n ¡°se ajustar¨¢ a criterios estrictos de proporcionalidad¡±. Los 36 candidatos se distribuir¨¢n en proporci¨®n al n¨²mero de afiliados de cada asociaci¨®n, que los promocionar¨¢ seg¨²n se establece en sus estatutos, y al n¨²mero de no afiliados a asociaci¨®n alguna, se?alado en este caso mediante firmas de otros jueces y magistrados, seg¨²n los datos registrados en el Poder Judicial y sin que se pueda avalar a m¨¢s de uno. Pasar¨¢n ese filtro los que m¨¢s avales recaben.

El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, exvocal del Poder Judicial, es un firme defensor de ese modelo. Y ha trasladado su inter¨¦s por volver a ese m¨¦todo tanto a Casado como a Garc¨ªa Egea, que seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, acogieron la idea con inter¨¦s. El 17 de febrero de 2020, poco despu¨¦s de haber sido nombrado por Pedro S¨¢nchez, Campo expuso en su primera comparecencia en el Congreso exactamente esos planes: ¡°?De verdad alguien puede defender que no es rabiosamente constitucional el modelo que nos dimos en el Pacto de Estado de 2001? Es un modelo de doble legitimaci¨®n que significa que los jueces proponen¡±. Campo record¨® que ¨¦l mismo sali¨® elegido cuando los jueces propuestos eran un m¨¢ximo de 36 sobre los que eleg¨ªan 12 las Cortes y concluy¨®: ¡°La elecci¨®n del Parlamento es bien limitada. Puede elegir entre ellos y entre los juristas. Nos puede gustar o no, pero el Constitucional bendijo esa f¨®rmula¡±.

Fuentes conocedoras de la negociaci¨®n apuntan incluso que Gobierno y PP hab¨ªan cerrado en sus ¨²ltimas aproximaciones los nombres de 18 de los 20 vocales del nuevo Consejo, con la excepci¨®n de los dos que se atribuyen pr¨®ximos a Unidas Podemos que encallaron todo el proceso. Uno de esos candidatos fue la juez Victoria Rosell, que figur¨® en listas de Podemos y es ahora la delegada del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero. Rosell retir¨® su candidatura en cuanto se conoci¨® el veto impuesto por el PP. El otro aspirante bloqueado es Jos¨¦ Ricardo de Prada, un magistrado con muchos a?os de experiencia que no ha militado nunca en ning¨²n partido pero al que el PP achaca los p¨¢rrafos m¨¢s duros contra el partido en la sentencia del caso G¨¹rtel, especialmente los referidos a Mariano Rajoy. Entre los negociadores se especula con que, ante esta situaci¨®n de bloque, que parece irreversible, el propio De Prada podr¨ªa acabar retirando su candidatura para facilitar una salida a este atasco constitucional.