El Gobierno deja en manos del Supremo las restricciones tras el estado de alarma

El Gobierno mantiene su firme decisi¨®n de que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo. Pese a las presiones de algunas autonom¨ªas, no lo prorrogar¨¢. Pero tampoco dejar¨¢ a las comunidades sin protecci¨®n legal. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley en el que, adem¨¢s de prorrogar algunas medidas del escudo social que estaban sujetas a la vigencia del estado de alarma, establece un mecanismo para que las comunidades puedan evitar problemas con los tribunales superiores de justicia, como reclamaba especialmente el Pa¨ªs Vasco.

El texto, que modifica la ley que regula el contencioso administrativo, incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorizaci¨®n judicial. Y permite la posibilidad de que, en caso de ser rechazadas esas medidas por los tribunales superiores, se pueda acudir en casaci¨®n al Tribunal Supremo, algo que ahora no pod¨ªan hacer. Adem¨¢s le da cinco d¨ªas al Supremo para responder, con lo cual este proceso se acelerar¨¢. De esta manera, el alto tribunal unificar¨¢ la doctrina y en breve habr¨¢ jurisprudencia para todas las autonom¨ªas que se?alar¨¢ si pueden o no tomar esas medidas.

El texto aprobado por el Gobierno pretende garantizar que todas las comunidades pueden aplicar las mismas medidas para luchar contra el virus si lo consideran necesario. As¨ª se evitar¨¢n diferencias como las vividas el pasado verano, cuando los tribunales dieron respuestas dispares ante peticiones similares de los gobiernos auton¨®micos. Cuando el decreto entre en vigor, si un presidente regional solicita a su tribunal superior la aplicaci¨®n de una medida que implique restricci¨®n de derechos fundamentales (como el toque de queda o el confinamiento perimetral) y los jueces se lo niegan, podr¨¢ recurrir ante el Supremo esa decisi¨®n. El objetivo es que, en los pr¨®ximos meses, el alto tribunal haya fijado criterio sobre en qu¨¦ casos las comunidades o incluso el Gobierno central puede limitar derechos para combatir el virus sin que est¨¦ en vigor el estado de alarma.

La decisi¨®n del Ejecutivo deja en manos del Supremo las restricciones tras el 9 de mayo. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responsable del decreto, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida supone ¡°un reconocimiento¡± al ¡°espacio nuclear¡± que tiene el Supremo en la ¡°unidad jurisdiccional¡±. Calvo afirm¨® que el Supremo estaba al tanto del decreto que iba a aprobar el Ejecutivo y que le incumbe directamente. Fuentes del alto tribunal aseguraron a EL PA?S que el contenido del decreto no se ha consultado ni con el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ni con el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, C¨¦sar Tolosa, y que el tribunal ¡°desconoce absolutamente en qu¨¦ consiste la reforma¡±.

A falta de conocer el contenido del decreto, fuentes de la Sala de lo Contencioso consultadas consideran que el tribunal puede asumir esa tarea de unificaci¨®n de doctrina que le ha encomendado el Gobierno, pero advierten de que la aceptaci¨®n de una medida puede depender de las circunstancias concretas de un determinado territorio, lo que dificulta la tarea de unificar criterios. Adem¨¢s, el Tribunal Supremo puede pronunciarse sobre normas que apliquen leyes estatales, pero no sobre aquellas que se basen exclusivamente en regulaciones auton¨®micas.

El Gobierno sigue pensando que el toque de queda solo se puede mantener bajo el estado de alarma, y por tanto decaer¨¢ el 9 de mayo. Algunas autonom¨ªas, como la Comunidad Valenciana, quieren prorrogarlo y se preparan para solicitar la autorizaci¨®n a la justicia. Con el decreto del Gobierno, podr¨¢n acudir al Supremo si su tribunal superior se lo rechaza. Calvo ha asegurado tras el Consejo de Ministros que esta norma servir¨¢ para ¡°dar tranquilidad a las autonom¨ªas¡± y para que r¨¢pidamente el Supremo establezca la misma doctrina para todas, sin que tengan que estar a expensas de distintas resoluciones de cada tribunal superior.

En el Ejecutivo creen que este decreto s¨ª permitir¨¢ que las comunidades mantengan medidas como el confinamiento perimetral, siempre que cuenten con el aval de su tribunal o la casaci¨®n posterior del Supremo, pero no el toque de queda. Pero Calvo ha dejado abierta incluso esta ¨²ltima posibilidad. Ser¨¢n los tribunales los que vayan marcando el camino a partir de ahora.

La mayor¨ªa de los tribunales est¨¢n aceptando todas las restricciones de las comunidades, pero algunos, en especial el del Pa¨ªs Vasco, las han rechazado. Con esta medida se sortear¨ªa ese problema. La clave es que ser¨¢ el Supremo el que unifique las decisiones de todo el pa¨ªs, para evitar que una misma medida se autorice en una comunidad y no en otra en funci¨®n del criterio de su tribunal.

El Gobierno desarrolla pues la legislaci¨®n para consolidar su decisi¨®n de no prorrogar el estado de alarma. Ahora toda la responsabilidad pasa a las autonom¨ªas, que ya ten¨ªan el peso principal de las decisiones.

El Ejecutivo tambi¨¦n cubre en el decreto las medidas del escudo social que estaban sujetas al estado de alarma y que pod¨ªan decaer si no se hac¨ªa una norma como esta. El decreto las dilata de momento hasta el 9 de agosto, tres meses m¨¢s. Entre ellas hay algunas muy importantes como la pr¨®rroga de la suspensi¨®n de desahucios o la prohibici¨®n de cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias en situaci¨®n m¨¢s precaria. Adem¨¢s extiende la suspensi¨®n de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre, seg¨²n ha avanzado la Cadena SER.

Reacciones

La Junta de Andaluc¨ªa considera que con el decreto para unificar doctrina en torno a las restricciones tras el fin del estado de alarma, ¡°el Gobierno de Espa?a demuestra su nula intenci¨®n de asumir sus competencias y deja que la ¨²ltima palabra la tenga el Tribunal Supremo¡±. As¨ª lo ha se?alado el portavoz del Ejecutivo andaluz, El¨ªas Bendodo, que ha censurado que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez no haya dise?ado un plan b para despu¨¦s del 9 de mayo, informa Eva S¨¢iz.

Catalu?a no plantea por ahora mantener el toque de queda, aunque no descarta volver a ¨¦l si aumentan los contagios. Sin embargo, se mantendr¨¢ el l¨ªmite de seis personas para las reuniones, una restricci¨®n que necesita el aval judicial para seguir vigente. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Bud¨®, ha acusado este martes al Gobierno de ¡°trasladar la responsabilidad de la gesti¨®n de la pandemia a los estamentos judiciales¡±. El president en funciones, Pere Aragon¨¦s, tambi¨¦n ha cargado contra el Ejecutivo por no comunicarles antes el plan con el que piensan blindar la posibilidad de que las comunidades aut¨®nomas tomen medidas restrictivas de derechos fundamentales. ¡°Nos hemos enterado por los medios de comunicaci¨®n. La cogobernanza no funciona as¨ª¡±, ha dicho.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat conf¨ªa en el TSJ valenciano que ya antes del estado de alarma aprob¨® las restricciones horarias adoptadas por el Gobierno auton¨®mico. El presidente valenciano, Ximo Puig, considera que el actual marco legislativo es suficiente para que las autonom¨ªas mantengan, por ejemplo, el toque de queda, una medida que considera clave para que la ciudadan¨ªa no baje la guardia frente al coronavirus. Puig ha incidido en la idea de que la pandemia no ha pasado y en que ¡°no es posible pensar que a partir del d¨ªa 9 ya estamos en la plena normalidad¡± sino que, por el contrario, hay que seguir con una ¡°desescalada prudente y progresiva¡± para ¡°llegar al verano con la m¨¢xima normalidad que se pueda¡±, informa Ferran Bono.

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se ha mostrado este martes contrario al decreto aprobado por el Gobierno central porque supone una ¡°judicializaci¨®n de la pandemia¡±. Feij¨®o, que pidi¨® hace unos d¨ªas una pr¨®rroga del estado de alarma secundando al lehendakari, I?igo Urkullu, ha acusado al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez de ¡°seguir lav¨¢ndose las manos¡± en la gesti¨®n de la crisis sanitaria. A su juicio, obligar a las comunidades aut¨®nomas a acudir a la justicia para mantener las restricciones provocar¨¢ una ¡°incertidumbre¡± de ¡°semanas o meses¡± en las medidas que cada territorio tome, ya que se tendr¨¢n que aplicar las sentencias de los tribunales superiores mientras el Supremo no resuelva el recurso de casaci¨®n, informa Sonia Vizoso.

El presidente de Canarias, ?ngel V¨ªctor Torres, ha pedido al Gobierno una aclaraci¨®n acerca del decreto de alarma presentado este martes. ¡°Queremos mantener los controles de puertos y aeropuertos, queremos que haya posibilidades de que podamos restringir los grupos, queremos tambi¨¦n que la movilidad, incluso en franjas horarias, pueda ser controlada ante cualquier momento¡±, ha a?adido.

Por su lado, el Gobierno de Cantabria ha se?alado que consultar¨¢ al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad aut¨®noma antes de aplicar cualquier restricci¨®n que a partir del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo suponga una restricci¨®n de los derechos fundamentales. La Rioja ve con optimismo el decreto anunciado por el Consejo de Ministros. Fuentes de la comunidad consideran que el estado de alarma se justifica ¡°en una situaci¨®n epidemiol¨®gica y de presi¨®n asistencial muy concretas que ahora no se dan¡±. Por ello, con el avance de la vacunaci¨®n consideran necesario ¡°volver a un marco legal en el que las autonom¨ªas¡± gestionen la pandemia con sus ¡°competencias ordinarias¡±. ¡°Si es necesario ir m¨¢s all¨¢ en la afectaci¨®n de derechos y libertades, recabemos la convalidaci¨®n de los tribunales¡±, han concluido.