El Congreso culpa al Gobierno de Zapatero como ¡°responsable pol¨ªtico¡± del accidente de Spanair

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplia mayor¨ªa, por 219 votos a favor frente a los 121 del Grupo Socialista, un dictamen de conclusiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n del accidente del avi¨®n de Spanair, el 20 de agosto de 2008 en Barajas, en el que culpa de las ¡°responsabilidades pol¨ªticas¡± del suceso a la c¨²pula del Ministerio de Fomento del Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Al registrarse la votaci¨®n se produjo un aplauso en el hemiciclo bastante generalizado, donde se sumaron apoyos desde Unidas Podemos hasta Vox. Casi 13 a?os despu¨¦s, en el exterior del Congreso se manifestaron integrantes de la asociaci¨®n de afectados del accidente, en el que fallecieron 154 personas. La votaci¨®n final no cerr¨® definitivamente ni su causa ni el debate. El letrado del Congreso y el PSOE expresaron su rechazo a que una comisi¨®n de investigaci¨®n de las Cortes pueda apuntar futuras responsabilidades no solo pol¨ªticas sino jur¨ªdicas, y sospecha que el asunto puede enredarse ahora en conflictos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.

El 20 de agosto de 2008 se produjo en el aeropuerto madrile?o de Barajas una de las peores cat¨¢strofes a¨¦reas en d¨¦cadas en Espa?a. Fallecieron 154 personas y 18 sufrieron heridas graves como consecuencia del accidente del vuelo JK5022 de la compa?¨ªa Spanair. El suceso se investig¨® tanto por la Comisi¨®n ministerial de Investigaci¨®n de Accidentes e Incidentes de Aviaci¨®n Civil encargada de este tipo de actuaciones como, m¨¢s tarde, por la secci¨®n 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, que archiv¨® la causa por la v¨ªa penal al considerar que la culpa fue exclusivamente de los pilotos, fallecidos en el siniestro.

Sin embargo, la asociaci¨®n de afectados del accidente de Spanair, presidida por Pilar Vera, y algunos pol¨ªticos canarios impulsaron que el Congreso crease a su vez una comisi¨®n espec¨ªfica de investigaci¨®n sobre ese accidente. Finalmente lo lograron, tras no pocas trabas, el 6 de febrero de 2018, 10 a?os despu¨¦s de la fecha del siniestro. No fue un buen momento pol¨ªtico. La comisi¨®n se constituy¨®, pero tropez¨® con varios procesos electorales, disoluciones de las Cortes y vuelta a empezar. Sus trabajos, no obstante, se fueron desarrollando y durante las tres ¨²ltimas legislaturas han podido llegar a citar a 48 comparecientes, celebrar hasta 30 reuniones y examinar miles de folios de una ingente documentaci¨®n, en muchos casos muy t¨¦cnica.

Este pasado 22 de abril, la comisi¨®n de Spanair decidi¨® acabar sus cometidos y someti¨® a aprobaci¨®n un informe definitivo de 169 p¨¢ginas, que es el que se ha votado y ratificado este jueves ya en pleno. El dictamen, que redact¨® personalmente la presidenta de la comisi¨®n, Meri Pita, de Unidas Podemos, contiene 11 conclusiones y, sobre todo, 13 recomendaciones. Las primeras son m¨¢s bien t¨¦cnicas, sobre una posible concatenaci¨®n de fallos y errores tanto en la nave como en las inspecciones. Los puntos noveno y d¨¦cimo apuntan contra los responsables del accidente.

El dictamen resume as¨ª literalmente en su conclusi¨®n d¨¦cima: ¡°Las responsabilidades del Gobierno en una democracia no son responsabilidades formales donde pueda bastar una interpretaci¨®n defensiva de las obligaciones adquiridas ante los representantes de la ciudadan¨ªa y la ciudadan¨ªa misma. M¨¢s all¨¢ de las responsabilidades civiles, penales o morales, en una democracia debe plantearse con normalidad la responsabilidad pol¨ªtica en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan¡±. Meri Pita reprodujo en gran parte esa misma exposici¨®n este jueves en su intervenci¨®n ante el pleno.

En ese mismo apartado, el informe determina que en todo lo relacionado con la seguridad en general, y en concreto con la del transporte a¨¦reo y ¡°el dise?o de los elementos sistem¨¢ticos de seguridad, los gobernantes tienen que desplegar un cuidado formal y material, como garantes ante la ciudadan¨ªa de dichos protocolos y desde luego proveer su cumplimiento efectivo¡±. Y es ah¨ª cuando a?ade que en el caso del accidente de Spanair ¡°fall¨®¡± esa responsabilidad ¡°por parte de los encargados de establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposici¨®n¡±.

El Congreso, al aprobar por amplia mayor¨ªa esas conclusiones, asume as¨ª el cap¨ªtulo en el cual el dictamen se?ala a continuaci¨®n con nombres, apellidos, cargo y responsabilidad a los 18 responsables del accidente. Empieza por la entonces ministra de Fomento, Magdalena ?lvarez Arza; y sigue luego con Luis Fernando Palao Taboada, como secretario general de Transportes y secretario de Estado; Manuel Bautista P¨¦rez, director general de Aviaci¨®n Civil; Luis Rodr¨ªguez Gil, director general de Aeronaves de la Direcci¨®n General de Aviaci¨®n Civil; Enrique Sanmart¨ªn Aulet, director general de Aviaci¨®n Civil; Justo S¨¢nchez Mar¨ªn, inspector de pr¨®rroga del certificado de aeronavegabilidad; Miguel ?ngel Oleaga Zufiria, director del aeropuerto de Madrid Barajas; Carmen Librero Pintado, directora de Navegaci¨®n A¨¦rea; Antonio Fern¨¢ndez Serrano, jefe de prensa del Ministerio de Fomento; Manuel Azuaga Moreno, presidente de Aena entre 2004 y 2008; Javier Mendoza S¨¢nchez, director de Operaciones de Spanair; Felipe Garc¨ªa Rodr¨ªguez, t¨¦cnico de mantenimiento aeron¨¢tuico que despach¨® el avi¨®n el 20 de agosto de 2008; Jes¨²s Torroba Aylagas, jefe base de Mantenimiento de Spanair en Madrid; Pedro Arg¨¹elles Salaverria, presidente de Boeing Espa?a en 2008; Isabel Maestre Moreno, directora de la Agencia Estatal de Seguridad A¨¦rea; Francisco Javier Soto Rodr¨ªguez, secretario de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Accidentes e Incidentes de Aviaci¨®n Civil (CIAIAC); Rosa Mar¨ªa Arnaldo Vald¨¦s, presidenta de la CIAIAC y por ¨²ltimo Mapfre Compa?¨ªa, la aseguradora de Spanair.

Ese apartado en el que se precisan nombres y cargos, y la decisi¨®n de la presidenta de la comisi¨®n de incluir en las recomendaciones que su informe se remita ahora a la Fiscal¨ªa General del Estado para que examine, analice y en su caso act¨²e ante determinados ¡°elementos que pudieran arrojar conductas negligentes¡± es lo que provoc¨®, primero, los reparos jur¨ªdicos del letrado de la propia comisi¨®n y m¨¢s tarde el rechazo y voto particular en contra del PSOE, pese a la presi¨®n de las m¨¢s de 20.000 firmas que entregaron esta misma ma?ana la asociaci¨®n de afectados para intentar recabar la unanimidad de toda la C¨¢mara.

Los socialistas, sin embargo, ya votaron en contra en la comisi¨®n en abril y lo volvieron a hacer este jueves en el pleno. Su portavoz, el diputado C¨¦sar Ramos, explic¨® su posici¨®n aludiendo en todo momento a las consideraciones expresadas en el informe del letrado de la C¨¢mara e incluso a sentencias sobre otros accidentes como el del Metro de Valencia del Tribunal Constitucional. ¡°Una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n no puede declarar responsabilidades jur¨ªdicas¡±, enfatiz¨® Ramos ante el hemiciclo. ¡°El letrado se?ala claramente que tal cual est¨¢ el dictamen puede incurrir en vulneraci¨®n de derechos fundamentales y libertades p¨²blicas¡±, agreg¨® el diputado socialista ante el pleno, y advirti¨® de que ¡°el problema de ignorarlo es ignorar una sentencia del Tribunal Constitucional¡± y avis¨® de que con este tipo de conclusiones el Congreso podr¨ªa estar aprobando un informe que deje de nuevo el asunto abierto y no lo cierre definitivamente.

El caso del Metro de Valencia

En el caso de la sentencia del accidente del Metro de Valencia, de julio de 2006 y en el que fallecieron 43 personas, el magistrado ponente del Constitucional C¨¢ndido Conde-Pumpido anul¨® una resoluci¨®n de las Cortes Valencianas en las que se apuntaba contra una persona como ¡°responsable¡± en lo que concluye que era una vulneraci¨®n a su derecho al honor. Y fij¨® doctrina: ¡°La actividad parlamentaria de investigaci¨®n tiene una naturaleza estrictamente pol¨ªtica que en modo alguno puede ser reputada o calificada como jurisdiccional¡±. Esa sentencia concluye que ¡°las conclusiones que las C¨¢maras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciaci¨®n o imputaci¨®n individualizada de conductas o acciones il¨ªcitas a los sujetos investigados¡±.

La presidenta de la comisi¨®n, Meri Pita, considera, en declaraciones a EL PA?S, que el letrado de las Cortes ¡°hace una interpretaci¨®n desde su perspectiva jur¨ªdica, pero no es vinculante¡±. Pita defiende que su dictamen ¡°no imputa a nadie¡± pero s¨ª mantiene que era su obligaci¨®n democr¨¢tica ¡°que las responsabilidades pol¨ªticas no lo pueden ser solo formalmente¡±.

Varios de los diputados que intervinieron ante el pleno, como lo hizo Rafael Mayoral, tambi¨¦n de Unidas Podemos, arremetieron con dureza contra el comportamiento en todo lo relacionado con los trabajos de la comisi¨®n tanto de los directivos de la compa?¨ªa multinacional Boing, por su nula disposici¨®n a colaborar, como de la aseguradora Mapfre, que al final apenas aport¨® un 3% de los 1.500 millones de d¨®lares en los que se hab¨ªan calculado las indemnizaciones.