El dictamen con sesgo del Consejo de Europa que da alas al independentismo

La resoluci¨®n 2381 aprobada el lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es presentada por el independentismo como un triunfo. El dictamen redactado por el parlamentario let¨®n Boriss Cilevi?s, y al que el organismo paneuropeo de fomento del Estado de derecho dio luz verde con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, insta a Espa?a a que reforme los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n en el C¨®digo Penal, a que indulte a los presos del proc¨¦s ¨Dalgo que se ha consumado este mi¨¦rcoles¨D y a que se plantee retirar las demandas de extradici¨®n contra el expresident Carles Puigdemont y los consejeros que se fugaron con ¨¦l tras el desaf¨ªo secesionista del oto?o de 2017.

El informe, pese a haber recabado datos de la Fiscal¨ªa para su elaboraci¨®n, se basa mayoritariamente en datos de la entidad independentista ?mnium Cultural ¨Dcomo la cifra sin desglosar de 2.500 ¡°represaliados¡±¨D, del S¨ªndic de Greuges (defensor del pueblo catal¨¢n), Rafael Rib¨®, y de Amnist¨ªa Internacional. Las conclusiones e interpretaciones de los datos a los que llega el informe se inclinan de forma evidente hacia las tesis secesionistas y ponen en entredicho la calidad del Estado de derecho en Espa?a.

El texto, de cuatro folios en ingl¨¦s, engrosa el corpus documental que ha generado el proc¨¦s desde su inicio en 2012 y va encabezado por una pregunta ret¨®rica: ¡°?Debe perseguirse a los pol¨ªticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo?¡±. El elemento que m¨¢s ha celebrado la propaganda separatista es el hecho de que la resoluci¨®n trata de forma conjunta tanto a la derivada judicial del proc¨¦s en Espa?a como a la detenci¨®n y encarcelamiento de pol¨ªticos kurdos en Turqu¨ªa por referirse al sur del pa¨ªs como ¡°Kurdist¨¢n¡± o por criticar al Gobierno turco o las actuaciones de sus fuerzas de seguridad. El mero hecho de que se ponga en el mismo plano a Espa?a y a la Turqu¨ªa autoritaria de Recep Tayyip Erdogan ha sido acogido como un triunfo por los independentistas catalanes, que obvian que la resoluci¨®n, pese a todo, distingue claramente los casos de ambos pa¨ªses y recuerda que Espa?a es ¡°una democracia viva con una cultura de debate p¨²blico libre y abierto¡±.

El documento, sin incurrir en falsedades abiertas, destaca los elementos m¨¢s favorables a las tesis independentistas, y soslaya o minimiza aquellos que les perjudican. Estos son algunos de los m¨¢s llamativos.

Por declaraciones. As¨ª, se se?ala que los dirigentes separatistas ya indultados fueron condenados ¡°entre otros motivos¡± por ¡°declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato¡±, en apoyo del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y ¡°por llamar a la participaci¨®n en las protestas masivas¡± que rodearon a esta consulta. El documento apenas menciona de pasada que el refer¨¦ndum del 1-O fue declarado inconstitucional y que el Tribunal Constitucional advirti¨® a los pol¨ªticos de su deber de impedirlo. En realidad, los l¨ªderes independentistas fueron condenados por sus actos ¡ªel refer¨¦ndum y el desv¨ªo de fondos para ello¡ª y no por sus palabras, opiniones o convicciones.

Malversaci¨®n por los locales. Tambi¨¦n se se?ala que algunos de ellos fueron condenados por malversaci¨®n ¡°en particular por permitir que se usaran edificios p¨²blicos como centros de votaci¨®n¡±. En realidad, los desv¨ªos de fondos p¨²blicos que quedaron reflejados en la sentencia del proc¨¦s ten¨ªan que ver con la difusi¨®n internacional del refer¨¦ndum del 1-O, la contrataci¨®n de observadores y estudiosos extranjeros que dieran validez a la votaci¨®n, carteler¨ªa, papeletas, y notificaciones para los miembros de las mesas electorales.

La violencia. El texto contradice abiertamente a la sentencia del Tribunal Supremo a la hora de hablar de la existencia de violencia en los hechos del oto?o de 2017, y sostiene que el ¡°ambiente coactivo e intimidatorio¡± que, seg¨²n el fallo, impidi¨® a los agentes actuar aquel 20 de septiembre ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y que justifica, junto con los incidentes del 1-O, el delito de sedici¨®n es ¡°una interpretaci¨®n novedosa¡± y que las condenas de hasta 13 a?os de c¨¢rcel fueron ¡°desproporcionadas¡±.

Las convicciones. El informe, adem¨¢s del indulto ya concedido, pide archivar las investigaciones sobre los cargos intermedios que participaron en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal y ¡°evitar pedir a los detenidos que renuncien a sus convicciones pol¨ªticas profundas¡± para otorgarles el perd¨®n. Esto es algo que no ha sucedido, y que tanto el Supremo en la sentencia como el Gobierno en el expediente de indulto se han encargado de repetir.

La decisi¨®n de la Asamblea de Estrasburgo es, quiz¨¢, la mayor baza internacional que ha recibido el secesionismo desde mayo de 2019, cuando el Grupo de Trabajo sobre la Detenci¨®n Arbitraria de la ONU pidi¨® liberar e indemnizar a los pol¨ªticos independentistas entonces en prisi¨®n preventiva pendientes de sentencia. En realidad, ambos son ejemplos de la capacidad del relato independentista de calar en organismos internacionales relacionados con los derechos humanos, y de la menor eficacia del Estado espa?ol a la hora de contrarrestar la propaganda secesionista.

La resoluci¨®n, aparte de un respaldo pol¨ªtico sin precedentes en el continente, tiene otro valor para los independentistas. Del Consejo de Europa tambi¨¦n depende, aunque es un ¨®rgano independiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es en esta corte continental, que interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde los secesionistas esperan dejar sin efecto la sentencia del Supremo por el proc¨¦s. De momento, el Tribunal de Estrasburgo ya ha dado dos varapalos a las tesis secesionistas: en mayo de 2019 aval¨® por ¡°necesidad social imperiosa¡± la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de suspender un pleno del Parlament en el que se iba a votar la declaraci¨®n de independencia. Y en octubre de 2018 dio validez a una multa de 6.000 euros que el Constitucional impuso a un miembro de la extinta Sindicatura Electoral, el ¨®rgano llamado a hacer las veces de junta electoral en el refer¨¦ndum ilegal del 1-O.