Un juez reclama a Defensa y Exteriores que identifique qui¨¦nes autorizaron la entrada de Gali en Espa?a
El magistrado investiga la llegada a la Base A¨¦rea de Zaragoza del l¨ªder saharaui, donde no pas¨® el control de pasaportes
El regreso a Argelia de Brahim Gali, el l¨ªder del Frente Polisario y presidente de la Rep¨²blica ?rabe Saharaui Democr¨¢tica (RASD), que ingres¨® en abril en un hospital de Logro?o para recuperarse de una grave afecci¨®n por coronavirus, no ha puesto fin al embrollo judicial provocado por su estancia en Espa?a. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, reclam¨® la pasada semana a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores que le remitan, antes de siete d¨ªas, la documentaci¨®n que permitan identificar a las personas de ambos departamentos que dieron las instrucciones para el dirigente saharaui pudiera entrar en Espa?a por la base a¨¦rea de la capital aragonesa sin pasar el correspondiente control de pasaporte, seg¨²n consta en una providencia del magistrado a la que ha tenido acceso EL PA?S.
La petici¨®n se produce despu¨¦s de que el m¨¢ximo responsable de esta instalaci¨®n militar, el general Jos¨¦ Luis Ortiz-Ca?avate, respondiese a un cuestionario remitido por el juez con un escrito en el que aseguraba que recibieron una orden telef¨®nica del Estado Mayor del Ej¨¦rcito del Aire para que los ocupantes del avi¨®n argelino que aterriz¨® el 18 de abril en la base no pasasen el control de pasaportes. El alto mando militar apuntaba en su respuesta que ello vulner¨® el procedimiento operativo de la instalaci¨®n militar, que dispone que los ocupantes de las aeronaves extranjeras procedentes de pa¨ªses de fuera del espacio Schengen (que engloba a 23 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, adem¨¢s de Suiza, Noruega e Islandia, pero no a Argelia) deben someterse al control de su documentaci¨®n por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El militar a?ad¨ªa que la aeronave estaba amparada por una ¡°autorizaci¨®n diplom¨¢tica¡± concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que no lleg¨® a conocer la identidad de las dos personas que descendieron de la misma, entre ellos Gali.
Ahora, el juez Lasala reclama al teniente general Javier Salto, jefe del Estado Mayor del Aire, que le informe si se abri¨® alg¨²n ¡°expediente administrativo a ra¨ªz de las instrucciones recibidas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores¡± para la llegada del avi¨®n procedente de Argelia que transportaba al l¨ªder saharaui. En caso de que no fuera as¨ª, pide que le remita otros documentos relacionados con aquel episodio, as¨ª como la ¡°identidad, indicando nombre y apellidos, de las personas que desde esa jefatura hubiesen intervenido en las comunicaciones entre Asuntos Exteriores y [el] Estado Mayor, y entre este y el general de la Base A¨¦rea [de Zaragoza]¡±.
Al departamento que dirige Arancha Gonz¨¢lez Laya, el magistrado le pide ¡°copia testimoniada¡± de la documentaci¨®n generada a ra¨ªz de la llegada de Gali a la base a¨¦rea de Zaragoza y, en su defecto, la identificaci¨®n de ¡°la persona que contact¨® con la Secci¨®n de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ej¨¦rcito del Aire d¨¢ndole instrucciones sobre qu¨¦ tratamiento habr¨ªa que dar a los viajeros de dicho vuelo¡±. El juez tambi¨¦n reclama que se identifica a estos pasajeros y que detalle las ¡°circunstancias¡± de su entrada en Espa?a, ¡°debiendo precisar si las comunicaciones fueron escritas o telef¨®nicas¡±.
El juez Lasala investiga las circunstancias que rodearon la entrada de Gali en Espa?a a ra¨ªz de una denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricaci¨®n presentada por el abogado malague?o Antonio Urdiales despu¨¦s de que transcendiera que el l¨ªder saharaui utiliz¨® presuntamente un pasaporte diplom¨¢tico argelino con nombre falso para registrarse en el hospital donde fue tratado. Al inicio de sus pesquisas, el magistrado pregunt¨® al jefe del destacamento de la Guardia Civil del aeropuerto de Zaragoza por las condiciones en que se hab¨ªa producido la llegada del m¨¢ximo responsable del Polisario, pero el mando policial se remiti¨® al Ej¨¦rcito del Aire, alegando que el avi¨®n hab¨ªa aterrizado en la base a¨¦rea y que las autoridades militares solo comunicaron que ¡°el ocupante era personal diplom¨¢tico (por lo tanto exento de pasar aduana), sin especificar identidad¡±.
A continuaci¨®n, el juez se dirigi¨® al general Ortiz-Ca?avate, jefe de la base a¨¦rea de Zaragoza, a trav¨¦s de un cuestionario y cuyas respuestas han provocado la petici¨®n de informaci¨®n a Defensa y Asuntos Exteriores. Tambi¨¦n se dirigi¨® al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye dos causas por sendas denuncias presentadas contra Gali por los delitos de torturas, detenci¨®n ilegal, genocidio y lesa humanidad, para que le informe sobre ellas. El titular del juzgado de Zaragoza quer¨ªa saber si en alg¨²n momento se dict¨® orden de b¨²squeda y detenci¨®n contra el dirigente saharaui y qu¨¦ hicieron los polic¨ªas que visitaron a este en el hospital de Logro?o, donde estuvo ingresado. Tambi¨¦n ha reclamado informaci¨®n sobre la ambulancia que acudi¨® a recoger a Gali a la base ¨¢rea para trasladarlo al hospital donde fue tratado.
El l¨ªder del Frente Polisario abandon¨® Espa?a el 2 de junio despu¨¦s de que, el d¨ªa anterior, el juez Pedraz le tomase declaraci¨®n y rechazase adoptar medidas cautelares contra ¨¦l. Los denunciantes hab¨ªan pedido su entrada en prisi¨®n provisional y la retirada del pasaporte. La presencia de Gali en Espa?a desencaden¨® una grave crisis diplom¨¢tica con Marruecos, que el 17 de mayo abri¨® la frontera con Ceuta provocando la entrada de m¨¢s de 10.000 inmigrantes irregulares, muchos ellos menores de edad.
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