Primera multa anulada tras la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma

Un juzgado de Madrid ha anulado la multa impuesta a una joven menor de edad por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma. La decisi¨®n del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Madrid se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional que la semana pasada anul¨® las medidas m¨¢s duras decretadas por el Gobierno en el primer estado de alarma, declarado en marzo de 2020. Seg¨²n el juez, la sanci¨®n que impuso el Ayuntamiento de Madrid a la joven, de 601 euros, ya no tiene base legal, por lo que tiene que ser anulada.

Esta es la primera sentencia que revisa una multa impuesta por incumplir las restricciones en aplicaci¨®n de la sentencia del Constitucional. En la resoluci¨®n, el juez Jes¨²s Torres Mart¨ªnez recuerda que las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes p¨²blicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, por lo que la decisi¨®n de inconstitucionalidad tiene ¡°efectos retrospectivos¡± que invalidan la ley anulada desde su origen.

¡°La sentencia de inconstitucionalidad¡±, se?ala la resoluci¨®n, ¡°debe recibir aplicaci¨®n incluso para actos y situaciones jur¨ªdicas anteriores en el tiempo a la publicaci¨®n de la sentencia constitucional, y todo ello porque un acto administrativo (la sanci¨®n) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habr¨ªa tenido cobertura en ning¨²n momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real¡±.

La sentencia del Constitucional ha dejado en el aire las miles de multas impuestas al amparo de las restricciones que estuvieron vigentes entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020. Seg¨²n los datos que maneja el Ministerio del Interior, en ese periodo las distintas polic¨ªas propusieron m¨¢s de 1,14 millones de multas. En muchos casos, para aplicar las restricciones, los agentes invocaron el art¨ªculo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que prev¨¦ castigar por falta grave ¡ªde 601 a 30.000 euros¡ª la desobediencia a las fuerzas de seguridad. La sanci¨®n impuesta por el Ayuntamiento de Madrid anulada ahora est¨¢ entre las que se basaron en esta norma. En concreto, seg¨²n recoge la sentencia, la joven fue multada por un ¡°acto de desobediencia por no respetar las restricciones aprobadas para evitar la extensi¨®n de la pandemia originada por la covid-19 durante la vigencia del estado de alarma¡±.

El juez que firma la resoluci¨®n entiende que la sanci¨®n estaba bien motivada en la norma dictada por el Gobierno y elogia el ¡°importante esfuerzo¡± realizado por todas las Administraciones y, en concreto, por la polic¨ªa para hacer cumplir las restricciones y evitar la propagaci¨®n del virus. A los ciudadanos se les exigi¨® un comportamiento ¡°responsable y solidario¡± y fueron merecedoras de sanci¨®n aquellas conductas que evidenciaron ¡°el desprecio o incumplimiento de normas que coadyuvan a la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos¡±. Sin embargo, la sentencia del Constitucional lo cambia todo, advierte el juez, que considera que esa resoluci¨®n implica ¡°la expulsi¨®n¡± del ordenamiento legal de la norma en la que se amparaba la multa. ¡°La sentencia del Constitucional debe recibir aplicaci¨®n incluso para actos y situaciones jur¨ªdicas anteriores en el tiempo a la publicaci¨®n de la sentencia del Constitucional siempre que existan impugnaciones en las que se discute sobre ellos¡±, se?ala la resoluci¨®n del juzgado madrile?o.