La polic¨ªa certifica sobrecostes millonarios en obras bajo sospecha de la era Aznar
El principal investigador de G¨¹rtel env¨ªa un nuevo informe a la Audiencia Nacional
La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigaci¨®n sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (2000-2004) a Constructora Hisp¨¢nica.
El entonces presidente de esta empresa, Alfonso Garc¨ªa Pozuelo, realiz¨® al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis B¨¢rcenas llevaba de su pu?o y letra, y que qued¨® reflejada en los papeles de B¨¢rcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso G¨¹rtel, bautizada como ?poca I, el constructor ya confes¨® que pag¨® al cabecilla de la red de corrupci¨®n, Francisco Correa, para que lo entregara a los ¡°organismos centrales¡± de la Administraci¨®n gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y Le¨®n y en Pozuelo de Alarc¨®n. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.
El documento policial, al que ha tenido acceso EL PA?S, analiza a lo largo de 424 p¨¢ginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un ¡°coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecuci¨®n del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificaci¨®n final u obras complementarias¡±. Seg¨²n uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso G¨¹rtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, dispar¨¢ndose en alg¨²n caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
La polic¨ªa centra as¨ª su atenci¨®n en la enorme diferencia entre la propuesta econ¨®mica inicial que la constructora de Garc¨ªa Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicaci¨®n y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las ¡°circunstancias acaecidas durante la ejecuci¨®n del contrato, que cambian las condiciones del mismo¡±.
En este sentido, el informe de la UDEF subraya ¡°inconsistencias en la valoraci¨®n de la oferta¡±; la ¡°poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante f¨®rmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluaci¨®n tiene un elevado car¨¢cter subjetivo¡±, y otras ¡°vulneraciones¡± de los ¡°principios generales de la contrataci¨®n: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia¡±. Todas estas ¡°pr¨¢cticas se?aladas¡±, incide el documento, ¡°son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupci¨®n en los procedimientos de contrataci¨®n p¨²blica¡±.
Pedraz tendr¨¢ ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente ¡ªtoda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle G¨¦nova, a¨²n pendiente de sentencia¡ª, pero que manten¨ªa a¨²n en instrucci¨®n la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio tambi¨¦n por cerrada esta l¨ªnea de investigaci¨®n la pasada semana y ahora debe decidir si env¨ªa a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.
Modificados. Este ¨²ltimo an¨¢lisis de la UDEF mantiene la misma l¨ªnea plasmada en otro informe anterior por la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), que entr¨® apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detect¨® sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Polic¨ªa completa el foco con el an¨¢lisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que t¨¦cnicamente se denomina ¡°modificados¡±. Seg¨²n explican, seis de las obras tuvieron ¡°al menos un modificado¡± que elev¨® el preci¨®; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administraci¨®n abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, seg¨²n los investigadores.
Adem¨¢s, la UDEF apostilla que el ¡°importe del modificado super¨® el del presupuesto de adjudicaci¨®n en 13 expedientes¡±: ¡°Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original¡±. La Polic¨ªa destaca esas cifras porque se ¡°aproximaron¡± al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resoluci¨®n del contrato. ¡°Los proyectos modificados supusieron en la mayor¨ªa de los expedientes una alteraci¨®n sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecuci¨®n¡±, remacha el informe, que a?ade: ¡°En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados supon¨ªan alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y deb¨ªan haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo¡±.
Obras complementarias. Otro de los aspectos analizados son las ¡°obras complementarias¡±: ¡°A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contrataci¨®n¡±. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de m¨¢s de 57 millones.
En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo ¡°mediante un procedimiento negociado sin publicidad¡± ¡ªlo que permiti¨® adjudic¨¢rselas a la misma constructora¡ª ¡°no re¨²nen los requisitos¡± legales y ¡°deber¨ªan haber sido objeto de contrataci¨®n independiente y no debi¨® autorizarse su ejecuci¨®n mediante un procedimiento negociado¡±. ¡°Adem¨¢s, se pone de manifiesto que la valoraci¨®n del criterio t¨¦cnico de la propuesta presentada por Constructora Hisp¨¢nica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria¡±.
Certificaciones finales. La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde ¡°14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras pr¨®ximo al l¨ªmite del 10% del presupuesto de adjudicaci¨®n que establece la norma para la introducci¨®n de variaciones sin precisar aprobaci¨®n previa¡±. Esas 14 adjudicaciones suman m¨¢s de 35 millones en concepto de ¡°adicional por obra en certificaci¨®n final¡±. ¡°Se observa una persistencia en la inclusi¨®n en la certificaci¨®n final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteraci¨®n en el n¨²mero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobaci¨®n¡±, recalca el informe.
Cascos y los nueve contratos del Consejo de Ministros
El informe de la UDEF hace hincapi¨¦ en que, de los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del Ministerio de Fomento ¡ªAdif, Aena y la Direcci¨®n General de Carreteras¡ª en la etapa en la que Francisco ?lvarez-Cascos ocup¨® la cartera. El documento destaca tambi¨¦n que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la autorizaci¨®n del Consejo de Ministros que entonces presid¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar para poder ser formalizados.
En su ¨²ltima declaraci¨®n ante el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis B¨¢rcenas se?al¨® a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco ?lvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiaci¨®n irregular del PP a trav¨¦s de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos. B¨¢rcenas describi¨® un episodio en el que Cascos telefone¨® supuestamente a ?lvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorer¨ªa y se?alado tambi¨¦n como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que deb¨ªan ama?ar. Seg¨²n la versi¨®n de B¨¢rcenas, sol¨ªan llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indic¨® a su interlocutor que todas esas gestiones deb¨ªan pasar por ¨¦l.
Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle G¨¦nova, Barcenas ya hab¨ªa se?alado a Cascos, que ocup¨® el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que orden¨® sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareci¨® como testigo en la vista, d¨ªas despu¨¦s, lo neg¨®.
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