El Constitucional cierra la puerta a investigar cr¨ªmenes del franquismo

El Tribunal Constitucional ha cerrado pr¨¢cticamente la puerta a la investigaci¨®n penal de los cr¨ªmenes del franquismo, a trav¨¦s de un auto en el que inadmite a tr¨¢mite un recurso de amparo presentado por el exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, por las detenciones y torturas que sufri¨® entre 1964 y 1974. Tres magistrados han formulado un voto particular en contra de este rechazo a la investigaci¨®n de cr¨ªmenes del franquismo que por primera vez razona el Constitucional en una resoluci¨®n (aunque el veto se hab¨ªa producido ya en numerosas ocasiones anteriormente, tanto por el Constitucional ¡ªsin motivarlo¡ª como por el Supremo).

Dos de estos magistrados ¡ªMar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol¡ª consideran que habr¨ªa que haber entrado en el fondo del asunto para discutir, entre otros aspectos, hasta qu¨¦ punto la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y la prescripci¨®n de los delitos suponen una barrera infranqueable para investigar estos casos. La vicepresidenta del tribunal, Encarnaci¨®n Roca, sostiene, a su vez, que el recurso debi¨® admitirse ¡°con independencia del resultado¡±, tras comprobarse la relevancia del debate.

El propio auto y el voto particular de Balaguer y Xiol dan muchas pistas sobre qu¨¦ habr¨ªa sucedido si el caso hubiera sido admitido a tr¨¢mite. Balaguer razona que la resoluci¨®n mayoritaria ¡°resuelve¡± cuestiones relevantes ¡ªcomo los efectos de la Ley de Amnist¨ªa y la figura de la prescripci¨®n, aplicada al delito de torturas¡ª ¡°en un examen que debiera haberse llevado a sentencia¡±. En especial, a la luz de la evoluci¨®n del derecho internacional sobre los delitos de lesa humanidad.

La inadmisi¨®n a tr¨¢mite del recurso impedir¨¢ que haya un fallo propiamente dicho, pero el auto de la mayor¨ªa conservadora del Constitucional expone una serie de razones que refutan la tesis de que Gerardo Iglesias sufri¨® una vulneraci¨®n de su derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que no se hayan investigado las torturas que denunci¨®. El auto de la mayor¨ªa subraya la circunstancia de que Iglesias pretenda indagar sobre ¡°hechos ocurridos hace m¨¢s de 40 a?os¡±, cuando ya se han ¡°agotado los plazos m¨¢ximos de prescripci¨®n determinados expresamente en el momento de cometerse¡±. Y considera que deben respetarse principios constitucionales b¨¢sicos, como el de legalidad y el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. Ambos ¡°impiden necesariamente que una vez extinguida la responsabilidad penal (¡­) pueda revivirse con posterioridad una responsabilidad penal ya inexistente y, en consecuencia, que puedan ser investigadas penalmente las acciones imputadas a los supuestos responsables¡±.

Ocho meses despu¨¦s

La denuncia inicial de Iglesias, presentada en 2018, fue archivada sucesivamente por el juzgado de Oviedo y por la Audiencia Provincial. El exsecretario general del PCE acudi¨® entonces en amparo al Constitucional. En enero pasado, y tras un debate de m¨¢s de dos horas, el tribunal de garant¨ªas resolvi¨® por ocho votos a tres que con aquella decisi¨®n judicial no se vulneraron los derechos del exl¨ªder del PCE, por cuanto las resoluciones por las que se inadmiti¨® su querella supusieron una respuesta razonada.

Los argumentos de dichas instancias fueron en sustancia los que ahora ha hecho suyos el Constitucional, al publicarse una resoluci¨®n que se ha demorado ocho meses. De hecho, el tribunal hubiera preferido resolver este caso de plano, mediante una providencia. Pero fue la insistencia de Balaguer en que se dictase un auto lo que ha permitido que se conozcan los diferentes argumentos de los magistrados. Una providencia tiene apenas unas l¨ªneas, en las que el tribunal se limita a decir que la cuesti¨®n planteada carece de inter¨¦s constitucional. Balaguer dijo que quer¨ªa hacer un voto particular en contra de la inadmisi¨®n del recurso, y para ello era preciso que existiera un auto del que discrepar.

El tribunal acept¨® esta excepci¨®n a la pr¨¢ctica habitual de las breves providencias de inadmisi¨®n, y de este modo queda sobre la mesa un auto de 21 folios en el que la mayor¨ªa acoge y respalda las referidas tesis, y otro documento de 14 p¨¢ginas que expone por qu¨¦ el Constitucional debi¨® entrar en el fondo del asunto. Lo curioso es que ambos textos proceden de Balaguer. Ello se debe a que ella misma era la ponente del asunto y, aunque fue derrotada en la votaci¨®n, no renunci¨® a la tarea de elaborar la resoluci¨®n. En junio, el nuevo texto fue debatido y se le pidi¨® a la magistrada que lo completara, porque la mayor¨ªa quiso redondear los razonamientos. Por fin, en el ¨²ltimo pleno, se ha aprobado la redacci¨®n definitiva.

Quedan, pues, sobre la mesa el texto aprobado ¡ªen la l¨ªnea consolidada del Tribunal Supremo sobre estas querellas¡ª y el del voto de Balaguer y de Xiol, en el que un Tribunal Constitucional renovado podr¨ªa encontrar en el futuro argumentos para replantearse la respuesta a eventuales denuncias similares. En su voto, la magistrada Balaguer denuncia que existen ¡°zonas de impunidad en determinados per¨ªodos de la historia del pa¨ªs¡±.