La condena al diputado Alberto Rodr¨ªguez deriva en un conflicto entre el Supremo y el Congreso

Un esca?o en el aire y un choque entre los poderes judicial y legislativo. La condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez por pegarle una patada a un polic¨ªa en una manifestaci¨®n en La Laguna (Tenerife) en 2014 ha derivado en un pulso entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, solicit¨® este mi¨¦rcoles a la presidenta de la C¨¢mara baja, Meritxell Batet, un informe sobre cu¨¢ndo va a empezar Rodr¨ªguez a cumplir la pena de inhabilitaci¨®n que le impuso el alto tribunal. La petici¨®n podr¨ªa enmarcarse en un tr¨¢mite jur¨ªdico habitual para la ejecuci¨®n de una pena, pero el movimiento del Supremo va m¨¢s all¨¢: el tribunal considera que la Mesa del Congreso ha ¡°reinterpretado¡± su sentencia cuando el pasado martes decidi¨® que el parlamentario canario mantenga el acta.

La Mesa, a la vista de un informe de los letrados y con la oposici¨®n de PP y Vox, consider¨® que la ¡°inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo¡± que impuso el Supremo est¨¢ saldada, ya que esta iba aparejada a la pena de un mes y medio de c¨¢rcel, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros. El Supremo no comparte su criterio y se dirige ahora a Batet para instarle a que aclare cu¨¢ndo piensa ejecutar la sentencia que, seg¨²n esa interpretaci¨®n, privar¨ªa a Rodr¨ªguez de su esca?o, algo que hasta ahora solo ha sucedido con los l¨ªderes del proc¨¦s.

Las consecuencias pol¨ªticas de la condena al diputado canario generaron discrepancias jur¨ªdicas desde que el Supremo notific¨® su sentencia, el pasado 7 de octubre. La Sala de lo Penal tuvo claro desde el principio que su fallo implicaba la p¨¦rdida del esca?o porque, aunque la pena de inhabilitaci¨®n para el derecho de sufragio pasivo lo que impide es concurrir a elecciones y Rodr¨ªguez no estaba condenado cuando se present¨®, en 2019, la jurisprudencia de la Junta Electoral Central (JEC) y del propio Supremo aplica en casos similares la llamada ¡°inelegibilidad sobrevenida¡±. Es decir, el parlamentario ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido diputado, por lo que debe dejar el acta.

Pero los servicios jur¨ªdicos del Congreso hacen una interpretaci¨®n opuesta y han emitido un informe en el que concluyen que no se da ninguna de las razones que establecen la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral y el reglamento de la C¨¢mara para ¡°la suspensi¨®n de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado¡±. Los letrados alegan que el auto de ejecuci¨®n de la sentencia enviado la semana pasada por el Supremo no impuso ¡°ninguna obligaci¨®n a la C¨¢mara¡±. Y sostienen que de la ley ¡°no se desprende de manera inequ¨ªvoca¡± una decisi¨®n como la de dejar a un diputado sin mandato, ¡°una consecuencia de m¨¢xima gravedad, que incide de manera forma directa en el derecho del art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n¡± sobre el derecho de los ciudadanos a la representaci¨®n pol¨ªtica. A la vista de ese informe, la Mesa del Congreso, con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, acord¨® mantener el acta de Rodr¨ªguez, una decisi¨®n criticada por PP y Vox, que anunciaron que acudir¨¢n a la Junta Electoral Central.

Este ¨®rgano es el que debe decidir, en principio, si Rodr¨ªguez puede seguir siendo parlamentario, por eso el Supremo le envi¨® su sentencia horas despu¨¦s de hacerla p¨²blica. La Junta Electoral celebr¨® su ¨²ltima reuni¨®n el d¨ªa 6 y de momento no ha convocado otra, aunque la controversia le va a obligar a pronunciarse.

La Sala de lo Penal del Supremo pretend¨ªa mantenerse al margen una vez notificado su fallo, pero la decisi¨®n de este martes del Congreso le ha llevado a intervenir. Fuentes del tribunal considera que la C¨¢mara baja ha hecho una ¡°reinterpretaci¨®n¡± de su condena y, adem¨¢s, ha ¡°hurtado¡± a la Sala de lo Penal el control sobre la ejecuci¨®n de la pena, un procedimiento que recae siempre sobre quien juzg¨® y sentenci¨® el caso. Cuando se impone, por ejemplo, una condena de prisi¨®n, el tribunal pregunta a Prisiones cu¨¢ntos d¨ªas de cumplimiento lleva el condenado y, a partir de ah¨ª, los jueces determinan qu¨¦ d¨ªa se extingue la pena. En el caso del diputado de Unidas Podemos, la Sala de lo Penal considera que, al haber el Congreso interpretado que no tiene que cumplir la inhabilitaci¨®n, se le ha quitado al tribunal esta potestad. Por eso el escrito remitido a la C¨¢mara pregunta por ¡°la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitaci¨®n especial para el derecho de sufragio pasivo¡±.

Los pr¨®ximos pasos depender¨¢n de la respuesta del Congreso. La Mesa estudiaba ayer el escrito enviado por el Supremo y esperaba conocer de nuevo la opini¨®n de los letrados antes de contestar. El Supremo aguardar¨¢ el informe de Batet y espera tambi¨¦n, en paralelo, que se pronuncie la Junta Electoral.

No hay un precedente id¨¦ntico al del parlamentario de Unidas Podemos, pero s¨ª decisiones de la Junta Electoral y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que, seg¨²n fuentes del tribunal, sirven ahora de jurisprudencia. Entre otras, la inhabilitaci¨®n del expresident Quim Torra por ¡°inelegibilidad sobrevenida¡± antes de que existiera una sentencia firme que le obligara a apartarse del cargo. Esta figura se emple¨® tambi¨¦n contra Oriol Junqueras para retirarle la condici¨®n de eurodiputado tras ser condenado a 13 a?os de prisi¨®n.

Sin precedentes

Sin embargo, esta resoluci¨®n hace referencia al art¨ªculo 6.2.a de la ley electoral, que establece que son inelegibles los ¡°condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el per¨ªodo que dure la pena¡±. Pero en el caso del diputado de Unidas Podemos la pena de prisi¨®n ha sido conmutada por una multa, por lo que los letrados del Congreso sostienen que este precepto ya no puede aplicarse. En el Supremo hay dudas sobre esta interpretaci¨®n pero, en cualquier caso, la Sala de lo Penal considera que la condena de inhabilitaci¨®n no se ha conmutado con la multa y el diputado debe cumplirla.

A la presi¨®n del tribunal se suman los grupos de la oposici¨®n, que tachan lo ocurrido de la ¡°m¨¢xima gravedad¡±, en palabras de la portavoz popular, Cuca Gamarra, quien solo tard¨® unos minutos en comparecer ante la prensa tras conocerse el escrito del Supremo. El PP exigi¨® una convocatoria urgente de la Mesa para excluir a Rodr¨ªguez de inmediato.

El pulso con el Supremo llega dos semanas despu¨¦s de que la direcci¨®n del Congreso sufriese otro rev¨¦s en el Tribunal Constitucional, que anul¨® la restricci¨®n de actividades de la C¨¢mara del inicio de la pandemia por vulnerar derechos de los diputados. Esa sentencia caus¨® fuerte malestar entre los partidos del Gobierno. La propia Batet sali¨® al quite para recordar que varios Parlamentos auton¨®micos estuvieron cerrados en aquellos d¨ªas y que Vox, el autor del recurso ante el Constitucional, tambi¨¦n pidi¨® la suspensi¨®n de un pleno tras contagiarse uno de sus diputados. La extrema derecha no ha dejado de explotar desde entonces ese fallo. Su portavoz adjunta, Macarena Olona, lleg¨® ayer al extremo de afirmar en un debate en el hemiciclo que Batet ¡°secuestr¨® el Congreso m¨¢s de un mes¡± y ¡°aqu¨ª sigue¡±, mientras los golpistas del 23-F ¡°lo secuestraron 17 horas y fueron castigados con 30 a?os de prisi¨®n¡±.