El Constitucional anula el segundo decreto del estado de alarma contra la pandemia

El Tribunal Constitucional ha declarado este mi¨¦rcoles inconstitucional el decreto por el que se acord¨® el segundo estado de alarma, que estuvo vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021. La sentencia se ha aprobado por seis votos frente a cuatro. Se trata del tercer fallo contra la estrategia jur¨ªdica puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las anteriores se refer¨ªan al primer estado de alarma y al par¨®n del Congreso durante el inicio de la pandemia.

El recurso de Vox consideraba que las medidas contempladas en el decreto supon¨ªan una rebaja injustificada del control parlamentario del Gobierno, al tiempo que una delegaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas de competencias que no les correspond¨ªan. En ambos casos, cab¨ªa deducir claramente, seg¨²n la formaci¨®n, que el supuesto objetivo perseguido era evitar el desgaste en el Ejecutivo que pudiera representar la asunci¨®n de plenas responsabilidades en la gesti¨®n de la pandemia.

La l¨ªnea que sigue esta sentencia es similar a la del ¨²ltimo pronunciamiento del Constitucional sobre los instrumentos legales empleados para hacer frente a la emergencia sanitaria, en el sentido de considerar que el Gobierno pretendi¨® eludir un control eficaz del Parlamento. En el caso del fallo anterior, el tribunal estim¨® contraria a la Constituci¨®n la reducci¨®n de actividad de las C¨¢maras durante los primeros d¨ªas de la pandemia ¨Duna medida justificada entonces para tratar de evitar los contagios¨D, mientras la sentencia aprobada este mi¨¦rcoles considera que la vigilancia de las Cortes sobre la labor del Ejecutivo es a¨²n m¨¢s necesaria en situaciones cr¨ªticas o de dificultad, como una alerta sanitaria.

El proyecto de nuevo fallo ¡ªelaborado por el magistrado Antonio Narv¨¢ez, del sector conservador¨D pon¨ªa el acento en la larga duraci¨®n del segundo estado de alarma, en contraste con la exigencia legal de que este tipo de declaraciones sean prorrogadas peri¨®dicamente, sin que puedan prolongarse por m¨¢s tiempo del estrictamente necesario. El decreto solo preve¨ªa, en este sentido, que el estado de alarma pudiera levantarse una vez transcurridos cuatro meses desde su entrada en vigor, a petici¨®n de los presidentes auton¨®micos. De acuerdo con la ponencia, esa previsi¨®n implicaba una renuncia indebida del Parlamento a controlar la necesidad de la duraci¨®n acordada para el estado de alarma.

La tesis central de la ponencia es que el Congreso renunci¨® a ejercer sus funciones de control tanto en lo relativo a la larga duraci¨®n del estado de alarma como en cuanto a las medidas concretas de restricci¨®n de derechos que ello iba a suponer. El texto consideraba reprochable que el decreto del segundo estado de alarma diera luz verde a una delegaci¨®n de competencias a las comunidades aut¨®nomas para adoptar medidas de limitaci¨®n de derechos fundamentales sin que las C¨¢maras tuvieran conocimiento previo de su naturaleza y duraci¨®n.

Los votos particulares en contra han sido formulados por el presidente del Constitucional, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, y los magistrados del sector progresista C¨¢ndido Conde-Pumpido, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. En sustancia, la discrepancia se basa en la consideraci¨®n de que en ning¨²n momento ces¨® el control parlamentario al Gobierno sobre la evoluci¨®n de la pandemia. Tambi¨¦n en el argumento de que las reclamaciones de las propias comunidades durante la primera fase de la alerta sanitaria, y la evoluci¨®n del Estado auton¨®mico desde que se regularon por ley los estados de alarma, excepci¨®n y sitio, permit¨ªa una delegaci¨®n de competencias para ajustar la actuaci¨®n de las distintas administraciones a las circunstancias de cada territorio.

La mayor¨ªa conservadora ha considerado, en cambio, que lo relevante es que ¡°la pr¨®rroga fue autorizada cuando las medidas limitativas de derechos incluidos en la solicitud no iban a ser aplicadas inmediatamente por el Gobierno, pues se supeditaba su puesta en pr¨¢ctica a lo que los presidentes de las Comunidades Aut¨®nomas as¨ª lo decidieran, por lo que aquella autorizaci¨®n se dio sin saber qu¨¦ medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia¡±.

La l¨ªnea que sigue esta sentencia es similar a la del ¨²ltimo pronunciamiento del Constitucional sobre los instrumentos legales empleados para hacer frente a la emergencia sanitaria, en el sentido de considerar que el Gobierno pretendi¨® eludir un control eficaz del Parlamento. En el caso del fallo anterior, el tribunal estim¨® contraria al a Constituci¨®n la reducci¨®n de actividad de las c¨¢maras durante los primeros d¨ªas de la pandemia ¡ªuna medida que se justific¨® para evitar contagios¡ª, mientras que la sentencia aprobada este mi¨¦rcoles considera que la vigilancia de las Cortes sobre la labor del Ejecutivo es a¨²n m¨¢s necesaria en situaciones cr¨ªticas o de dificultad, como una alerta sanitaria.

El proyecto de nuevo fallo pon¨ªa en este sentido el acento en la larga duraci¨®n del segundo estado de alarma, en contraste con la exigencia legal de que este tipo de declaraciones sean prorrogadas peri¨®dicamente, sin que puedan prolongarse por m¨¢s tiempo del estrictamente necesario. El decreto solo preve¨ªa, en este sentido, que el estado de alarma pudiera levantarse una vez transcurridos cuatro meses desde su entrada en vigor, a petici¨®n de los presidentes auton¨®micos. De acuerdo con la ponencia, esa previsi¨®n implicaba una renuncia indebida del Parlamento a controlar la necesidad de la duraci¨®n acordada para el estado de alarma.