El Constitucional m¨¢s pr¨®ximo al PP revisar¨¢ las leyes clave del Gobierno

El nuevo Tribunal Constitucional abri¨® este viernes su etapa m¨¢s corta ¡ªdentro de siete meses volver¨¢ a renovarse en un tercio de sus componentes, cambiar¨¢ el sentido de la mayor¨ªa y habr¨¢ que elegir a otro presidente¡ª, con m¨¢s riesgosa la vista ¡ªdos de los magistrados, elegidos a propuesta del PP, pueden ser recusados en asuntos que afectan directamente a la formaci¨®n pol¨ªtica que les propuso¡ª, y con m¨¢s incertidumbres ¡ªalgunas de las leyes m¨¢s emblem¨¢ticas del Gobierno que preside Pedro S¨¢nchez ser¨¢n examinadas y podr¨ªan ser anuladas por un tribunal de mayor¨ªa conservadora si acelera los ritmos habituales de trabajo¡ª.

El pleno del tribunal eligi¨® este viernes por unanimidad al magistrado conservador Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano como presidente, y al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Sus mandatos ser¨¢n de apenas siete meses.

Durante la ma?ana del viernes, los magistrados acordaron el apoyo cruzado entre los dos sectores de la instituci¨®n para la que fue su primera votaci¨®n de la nueva fase. Trevijano y Xiol fueron elegidos por los 11 votos de los actuales miembros del pleno del Constitucional. El magistrado Alfredo Montoya no particip¨® en la votaci¨®n pues se recupera del ictus que sufri¨® en agosto, y desde entonces no ha intervenido en las tareas de la instituci¨®n.

En su primera intervenci¨®n como presidente ante el pleno, Trevijano, que cambi¨® la ponencia encargada a otro magistrado y logr¨® declarar la inconstitucionalidad al confinamiento domiciliario del decreto de alarma, expuso este viernes su voluntad de abrir una etapa en la que el tribunal pueda tomar sus decisiones por consenso, o, en su defecto, por amplias mayor¨ªas. Este planteamiento fue secundado en otra intervenci¨®n del nuevo vicepresidente, Juan Antonio Xiol.

El mandato de Trevijano al frente del tribunal de garant¨ªas ser¨¢ de apenas siete meses, hasta junio pr¨®ximo, por el retraso de casi dos a?os en la renovaci¨®n del tribunal. Y ello contando con que no haya nuevos problemas para ese nuevo cambio de cuatro componentes del Constitucional que debe tener lugar en junio de 2022. Se trata de los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno, y los dos que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial, si para entonces el ¨®rgano de gobierno de los jueces ha recuperado las competencias para efectuar nombramientos, algo que desde marzo de 2021 tiene vetado hacer estando en funciones.

Los magistrados deber¨¢n resolver recursos presentados por el PP y Vox contra algunas de las principales leyes y reformas impulsadas por el actual Gobierno de coalici¨®n. Entre otros, est¨¢n pendientes de resoluci¨®n las impugnaciones presentadas contra la ley de eutanasia, contra la reforma educativa contenida en la ley Cel¨¢a, y contra el cambio que supuso la supresi¨®n de la competencia para efectuar nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato est¨¢ caducado desde diciembre de 2018. Tambi¨¦n hay otros dos recursos contra la f¨®rmula de juramento empleada por 29 diputados de diversos grupos en la sesi¨®n constitutiva del Parlamento. Las impugnaciones pretenden que quienes se valieron de tales f¨®rmulas pudieron no adquirir v¨¢lidamente la condici¨®n de parlamentarios.

Hasta ahora, el tribunal constitucional, de mayor¨ªa conservadora, ha avalado en sus ¨²ltimas sentencias la legislaci¨®n de la precedente etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ahora va a reformar el Ejecutivo de coalici¨®n, o la que introdujo la prisi¨®n permanente revisable en el C¨®digo Penal.

Tambi¨¦n ha anulado una parte relevante de la producci¨®n legislativa del actual Gobierno relacionada con las medidas contra la pandemia de covid-19. El tribunal ha dictado hasta tres sentencias contrarias a los decretos que regularon el primer y el segundo estado de alarma, as¨ª como el par¨®n del Congreso durante la etapa inicial de la emergencia sanitaria.

La etapa que ahora se abre en el Constitucional, por tanto, es de especial incertidumbre, y plagada de riesgos. No solo para el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria que lo apoya, si prosigue la tendencia del sector conservador del tribunal a anular sus leyes.

El riesgo alcanza tambi¨¦n a la propia instituci¨®n, por la din¨¢mica de fractura interna que la ha caracterizado en los ¨²ltimos dos a?os, pr¨¢cticamente desde que termin¨® el periodo natural de su mandato, prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovaci¨®n. Los buenos prop¨®sitos ahora anunciados por el presidente y el vicepresidente quedan pendientes de confirmaci¨®n con los hechos que se produzcan.

Antecedentes

Los antecedentes inmediatos, desde luego, se?alan en una direcci¨®n bien distinta a la que ahora se quiere emprender. Ninguno de los fallos sobre las normas para atajar la pandemia pudo ser consensuado. El sector conservador impuso su mayor¨ªa relativa, y las sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, en el caso del primer estado de alarma, y por seis votos a cuatro, en el ¨²ltimo del segundo estado de alarma, cuando ya faltaba el magistrado Alfredo Montoya en el pleno.

El ponente de la primera de estas sentencias fue el hoy nuevo presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, que es catedr¨¢tico de derecho constitucional y fue nombrado en 2013 por el Gobierno de Rajoy.

Las deliberaciones sobre esta sentencia dieron lugar, por otra parte, a fuertes tensiones, a causa de lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, calific¨® como ¡°elucubraciones doctrinales¡± del tribunal. Se refer¨ªa a la discusi¨®n sobre la existencia de una suspensi¨®n o una limitaci¨®n de derechos fundamentales con la medida del confinamiento acordado en el primer estado de alarma, y a la disyuntiva entre la procedencia del estado alarma o el estado de excepci¨®n para afrontar la situaci¨®n.

El Constitucional acab¨® por entender que se hab¨ªa dado una aut¨¦ntica supresi¨®n de derechos, que solo puede acordarse mediante la solicitud a las Cortes de la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n. Cinco votos particulares ¡ªentre ellos el del magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido, particularmente contundente¡ª consideraron que dicha sentencia dejaba al pa¨ªs sin armas legales eficaces ante una pandemia u otras situaciones de emergencia.

Un hecho ins¨®lito

Se produjo entonces un hecho ins¨®lito, sin precedentes conocidos en la historia del tribunal, cuando los seis magistrados del sector conservador se negaron a asistir al siguiente pleno, mientras no recibieran las disculpas de Conde-Pumpido por las cr¨ªticas que les hab¨ªa dirigido. El plante cerr¨® el curso del Constitucional antes del verano. Para entonces ya estaba muy extendido en la propia comunidad jur¨ªdica el criterio de que la instituci¨®n iba a quedar tocada por sus tensiones a prop¨®sito de la respuesta dada a la estrategia jur¨ªdica del Gobierno para hacer frente a la pandemia.

Aquel per¨ªodo de convulsi¨®n interna ha sido seguido, adem¨¢s, por la fuerte controversia sobre c¨®mo se ha llevado a cabo la reciente renovaci¨®n, y sobre la idoneidad de los candidatos. Una pol¨¦mica centrada especialmente en Enrique Arnaldo, catedr¨¢tico de derecho constitucional estrechamente vinculado al PP, que hizo negocios salt¨¢ndose el Estatuto del Congreso, al que se deb¨ªa como letrado, y en cuya trayectoria aparecen actividades acad¨¦micas que incumplir¨ªan las reglas sobre incompatibilidades. En la votaci¨®n parlamentaria de los candidatos al Constitucional, en todos los grupos que pactaron los nombramientos hubo fuga de votos en protesta por la elecci¨®n. El pleno del propio Constitucional aval¨® la competencia de los juristas propuestos, pero con un voto en contra.