El estado de excepci¨®n, la soluci¨®n m¨¢s dura del poder civil

Los estados de alarma, excepci¨®n y sitio ocupan el mismo art¨ªculo de la Constituci¨®n ¡ªel ya famoso 116¡ª y est¨¢n desarrollados y regulados por la misma ley org¨¢nica, la menos conocida 4/1981. Pero aunque los tres estados de emergencia constitucional compartan ubicaci¨®n en las leyes, los tres son muy distintos entre s¨ª y otorgan al Gobierno poderes muy diferentes para actuar ante situaciones sobrevenidas que amenazan a la estabilidad profunda del pa¨ªs.

La pandemia de covid 19 ha familiarizado al conjunto de los espa?oles con el estado de alarma, el ¨²nico de los tres estados de emergencia al que se ha acudido en Espa?a desde que se aprob¨® la Constituci¨®n de 1978 ¨Dlos de excepci¨®n y sitio permanecen in¨¦ditos en democracia¨D. Desde que estall¨® la crisis sanitaria mundial, el Gobierno ha recurrido a la alarma en dos periodos: entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 y entre el 25 de octubre de 2020 y el pasado 9 de mayo. El primero de ellos, con pr¨®rrogas quincenales, implic¨® las restricciones m¨¢s duras, con seis semanas iniciales de confinamiento domiciliario y fuertes limitaciones a la movilidad de los ciudadanos. El segundo estado de alarma, de m¨¢s de medio a?o seguido de duraci¨®n, supuso, como medidas m¨¢s severas, el toque de queda, los cierres de comunidades aut¨®nomas y las limitaciones de actividades como la hosteler¨ªa.

El primer estado de alarma de la covid est¨¢ siendo revisado actualmente por el Tribunal Constitucional, y el ponente de la sentencia, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, ha presentado un borrador en el que indica que algunas de las medidas que conten¨ªa el decreto constitu¨ªan suspensiones de derechos fundamentales ¨²nicamente v¨¢lidas bajo el estado de excepci¨®n, el m¨¢s duro de cuantos puede recurrir el poder civil. La ponencia plantea anular las sanciones que fueron impuestas, a trav¨¦s de la Ley de Seguridad Ciudadana ¨Dla llamada ley mordaza¨D a los ciudadanos que incumplieron las medidas.

Seg¨²n la Ley 4/81, el estado de alarma faculta al Gobierno, en casos de grandes cat¨¢strofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios p¨²blicos por conflictos laborales, a limitar la circulaci¨®n o permanencia de personas o veh¨ªculos en horas y lugares determinados. Tambi¨¦n le permite requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar industrias y explotaciones, racionar el consumo de art¨ªculos de primera necesidad e imponer que se cumplan los servicios m¨ªnimos de una huelga.

Estas son medidas que ¡°limitan¡± los derechos fundamentales, es decir, que los recortan temporalmente en su extensi¨®n. Pero aunque las libertades se puedan ver afectadas puntualmente, bajo el estado de alarma los derechos fundamentales consagrados en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n siguen ¨Do deber¨ªan seguir¨D plenamente vigentes. Antes de la pandemia, el estado de alarma se emple¨® por primera vez en el periodo democr¨¢tico en diciembre de 2010 cuando un paro masivo de controladores oblig¨® a cerrar el tr¨¢fico a¨¦reo en Espa?a. En aquella ocasi¨®n, el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero militariz¨® las torres de control. El Constitucional lo aval¨® sin fisuras.

El bot¨®n nuclear

Un sector del Tribunal Constitucional ¨Dy con ¨¦l no pocos juristas¨D considera que para imponer restricciones tan extremas como los confinamientos domiciliarios hubiera sido necesario un instrumento como el estado de excepci¨®n. Una lectura a la ley org¨¢nica 4/81 puede explicar por qu¨¦ el Gobierno no ha querido hacer uso de ese bot¨®n nuclear constitucional. El estado de excepci¨®n se aplica para situaciones en las que el Gobierno no puede mantener con sus ¡°potestades ordinarias¡± el orden p¨²blico, los servicios esenciales, el funcionamiento de las instituciones o los derechos y libertades de los ciudadanos. Este estado de emergencia no se ha aplicado nunca en democracia, ni siquiera en las ¨¦pocas m¨¢s duras del terrorismo etarra o en el golpe de estado del 23-F. Durante la fase aguda del proc¨¦s, en octubre de 2017, hubo algunos sectores que evocaron su posible utilizaci¨®n en Catalu?a, pero se descart¨® por su afecci¨®n a los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos y se prefiri¨® optar por el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que intervino la autonom¨ªa catalana.

En esta situaci¨®n, el Gobierno puede prohibir la circulaci¨®n de personas y veh¨ªculos en determinadas horas y lugares, delimitar zonas de seguridad y exigir a ciudadanos sobre los que pesen sospechas de ser una amenaza para el orden p¨²blico que comuniquen los desplazamientos que efect¨²en fuera de su residencia habitual, imponerles su traslado forzoso o fij¨¢rsela transitoriamente. Estas ser¨ªan las prerrogativas que encajar¨ªan mejor para las restricciones de movilidad contra la pandemia.

En teor¨ªa, con el estado de excepci¨®n, el Gobierno puede detener por 10 d¨ªas a quien considere fundadamente que va a provocar alteraciones de orden p¨²blico, aunque siempre con control judicial, asistido por abogado y manteniendo el habeas corpus. Tambi¨¦n permite suspender la inviolabilidad del domicilio y realizar registros sin el consentimiento del propietario; e intervenir las comunicaciones de todo tipo simplemente dando cuenta al juez de ello.

La ley excepcional permite suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisi¨®n, proyecciones cinematogr¨¢ficas y teatrales y el secuestro de publicaciones, aunque no permite la censura previa. Tambi¨¦n admite disolver reuniones y manifestaciones, excepto las que puedan convocar los partidos, sindicatos y patronales. El estado de excepci¨®n permite prohibir una huelga con la autorizaci¨®n del Congreso de los Diputados.

A diferencia del estado de alarma, que el Gobierno puede decretar aut¨®nomamente para luego pedir pr¨®rrogas sucesivas al Congreso, el de excepci¨®n exige la autorizaci¨®n previa de la C¨¢mara baja para poder aplicarse. En su solicitud al Congreso, el Ejecutivo debe especificar qu¨¦ derechos fundamentales se pretende suspender, en qu¨¦ ¨¢mbito territorial y con qu¨¦ duraci¨®n, ¡°que no podr¨¢ exceder de 30 d¨ªas¡±. Tambi¨¦n debe concretar ¡°la cuant¨ªa m¨¢xima¡± de las multas que la autoridad podr¨¢ imponer a quienes incumplan las medidas del estado de excepci¨®n. La limitaci¨®n temporal, la necesidad de recabar la autorizaci¨®n del Congreso y la necesidad de fijar sanciones lo hacen menos ¨¢gil para afrontar situaciones imprevisibles, como puede ser una pandemia o una cat¨¢strofe natural.