Portazo pol¨ªtico a los enfermos del uranio

¡°El caso est¨¢ cerrado, por muy triste y luctuoso que sea¡±. De esta forma tan categ¨®rica la Seguridad Social da carpetazo a la reclamaci¨®n de los extrabajadores y familiares de la F¨¢brica de Uranio de And¨²jar (FUA), en Ja¨¦n, para que sus dolencias sean consideradas como enfermedad profesional por su exposici¨®n al uranio sin medidas de protecci¨®n durante los 22 a?os que permaneci¨® abierta la que fue considerada primera instalaci¨®n radiactiva del pa¨ªs. Este a?o se han cumplido 40 a?os desde el cierre de la FUA y actualmente apenas sobreviven una decena de los 126 operarios que trabajaron all¨ª. Muchos murieron por c¨¢ncer y otras enfermedades que entienden asociadas al uranio.

La respuesta del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones a la Junta de Andaluc¨ªa ¡ªque se ha conocido recientemente gracias a una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos¡ª, cierra la v¨ªa pol¨ªtica. A ella se hab¨ªan agarrado los antiguos empleados y sus familias tras desestimarse la mayor parte de las demandas judiciales.

¡°No me ha pillado de sorpresa; a la mayor¨ªa de los partidos ya no les interesa que este caso salga a la luz. Me gustar¨ªa pensar que no todo est¨¢ perdido y que ser¨ªa justo atender nuestras reclamaciones, pero no s¨¦ c¨®mo ni por d¨®nde empezar, cada vez son m¨¢s las puertas cerradas¡±, explica Eva Navas, hija de un octogenario que trabaj¨® hasta jubilarse en la FUA y que es uno de los pocos testigos que quedan de aquel trabajo sin protecci¨®n.

Entre 1959 y 1981 la FUA trat¨® mineral de uranio de Sierra Morena para extraer concentrado de ¨®xido de uranio (U?0?). Estaba gestionada por la entonces Junta de Energ¨ªa Nuclear, el actual Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas (Ciemat).

Enresa llev¨® a cabo su desmantelamiento y la restauraci¨®n de su emplazamiento en 1995. La compa?¨ªa p¨²blica que gestiona los residuos radiactivos debe elaborar anualmente un informe del plan de vigilancia y mantenimiento de la antigua f¨¢brica con informaci¨®n radiol¨®gica y otros aspectos sobre el correcto funcionamiento y estabilidad de la escombrera restaurada. La protecci¨®n del medio ambiente y la salud de las personas en el ¨¢rea de influencia de la instalaci¨®n se controla a trav¨¦s del mismo plan de vigilancia de Enresa, y con la supervisi¨®n y control del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

¡°Nos moriremos sin lograr nada y con mucha pena¡±, asegura, resignada, Manuela Barroso, de 77 a?os, que se cr¨ªo en La Nuclear, como llaman a la FUA en And¨²jar. Su padre, Antonio, lleg¨® desde Ayamonte (Huelva) para trabajar en la construcci¨®n de la f¨¢brica y despu¨¦s se emple¨® all¨ª como vigilante de seguridad. Y ella misma empez¨® a trabajar en el laboratorio de la escombrera con apenas 14 a?os. ¡°Recuerdo que jugaba con mis hermanas con las piedras de colores que llegaban all¨ª desde las minas sin saber el peligro que ten¨ªamos¡±, se?ala Manuela, afectada por una artritis reumatoide severa desde muy joven. Su padre falleci¨® por un c¨¢ncer de pr¨®stata y afecci¨®n a los pulmones.

En febrero de 2006, el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejer¨ªa de Salud de la Junta de Andaluc¨ªa crearon un grupo de trabajo para definir las pruebas diagn¨®sticas, los informes de especialistas y otros datos necesarios para valorar el posible origen profesional de las patolog¨ªas que ven¨ªan sufriendo. Pero hasta mayo de 2008 no se llevaron a cabo las pruebas del tribunal m¨¦dico para resolver los expedientes de 54 extrabajadores vivos y de 34 que ya hab¨ªan fallecido.

Esas pruebas determinaron que solo en una decena de casos el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconociera la enfermedad profesional por existencia de ¡°relaci¨®n causal¡± de las enfermedades y limitaciones que padec¨ªan con la exposici¨®n laboral al uranio. 46 personas a las que se deneg¨® el reconocimiento interpusieron demandas en el Juzgado de lo Social. Ninguna prosper¨®.

¡°Por todo ello, los servicios jur¨ªdicos de la Seguridad Social consideran que el caso est¨¢ cerrado, por muy triste y luctuoso que sea, y no es posible reabrirlo en t¨¦rminos jur¨ªdicos¡±, se concluye en la carta remitida por el Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones a la Consejer¨ªa de Salud y Familias de la Junta de Andaluc¨ªa. Ahora bien, el Ministerio que dirige Jos¨¦ Luis Escriv¨¢ a?ade que ¡°la Junta de Andaluc¨ªa, a trav¨¦s de la voluntad expresada por su Parlamento, tiene la capacidad de atender las reivindicaciones de los extrabajadores, fallecidos y sus familiares por los padecimientos sufridos¡±.

¡°La verdad es que es dif¨ªcil seguir adelante, los afectados est¨¢n cansados y desencantados¡±, asegura Manuel ?ngel V¨¢zquez, abogado de la asociaci¨®n de extrabajadores. Tras desistir de recurrir ante el Tribunal Supremo, la ¨²nica estrategia judicial que a¨²n sopesa este letrado ser¨ªa la de acudir al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea por vulneraci¨®n de derechos. ¡°Queremos dejar claro que se trabaj¨® sin ninguna medida de protecci¨®n, sometidos a radiaciones del uranio y sin cumplir con los planes de prevenci¨®n e higiene¡±, indica.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso se resiste a dar por cerrado este caso. Aseguran que seguir¨¢n luchando para que se haga justicia y se les reconozca la enfermedad profesional. ¡°Se trata de un crimen laboral sin resolver, es fundamental hacer justicia con los 15 trabajadores que a¨²n viven y con los 111 ya fallecidos y con sus familiares, el tiempo apremia¡±, asegura la diputada Isa Franco.

Desde Unidas Podemos se recuerda el informe cient¨ªfico-t¨¦cnico emitido en 2007, donde se explicaba que ¡°hay una evidencia imperfecta pero evidencia, al fin y al cabo, entre la exposici¨®n prolongada al polvo de uranio y una determinada constelaci¨®n de patolog¨ªas¡± y que ¡°el uranio es, sobre todo, un metal qu¨ªmicamente t¨®xico, con efectos demostrables en ri?ones, pulmones, sistema inmune, calidad de vida y estado de ¨¢nimo¡±.