40 a?os del cierre de la ¡°nuclear¡± de And¨²jar: la lucha olvidada de los trabajadores de la primera f¨¢brica radiactiva de Espa?a
Los pocos exempleados que quedan con vida y familiares de fallecidos contin¨²an peleando para ser resarcidos por la falta de protecci¨®n en la factor¨ªa de uranio hoy enterrada en Ja¨¦n
Manuel Navas Fuentes, un octogenario que pas¨® casi toda su vida laboral en la f¨¢brica de uranio de And¨²jar, es uno de los pocos testigos vivos de la que fue la primera instalaci¨®n radiactiva del pa¨ªs. Tambi¨¦n conoci¨® all¨ª a su mujer, Manuela L¨®pez, que ahora necesita una silla de ruedas para moverse. ¡°Le dije que si no dejaba la f¨¢brica no me casaba con ella, ya entonces intu¨ªa el peligro de estar en ese lugar¡±, recuerda Navas, afectado de artrosis y de otras dolencias que ¨¦l achaca a la exposici¨®n al uranio que sufri¨® durante m¨¢s de dos d¨¦cadas.
De los 126 operarios de la ¡°nuclear¡±, como era conocida esta escombrera que permanece enterrada en las afueras de And¨²jar (Ja¨¦n), apenas sobreviven una decena. La mayor¨ªa de ellos han muerto por distintos tipos de c¨¢ncer. Este 15 de julio se cumplen 40 a?os del cierre de la f¨¢brica y, desde entonces, sus antiguos empleados y familiares a¨²n esperan ser resarcidos. Seg¨²n dicen, por haber trabajado sin protecci¨®n alguna durante a?os y haber sido utilizados como conejillos de indias. La Justicia les deneg¨® el reconocimiento de enfermedad profesional, pero siguen intentando ser compensados por la v¨ªa pol¨ªtica.
Manuel Navas, las hermanas C¨¢ndida, Rafaela y Mar¨ªa Labella ¡ªhijas de un empleado ya fallecido¡ª, Antonio Exp¨®sito y Juan Exp¨®sito ¡ªambos familiares de otros afectados¡ª se reencuentran despu¨¦s de muchos a?os en los aleda?os de la instalaci¨®n, que estuvo abierta desde 1959 a 1981, gestionada por la antigua Junta de Energ¨ªa Nuclear. La f¨¢brica trataba mineral de uranio para la obtenci¨®n de concentrado de ¨®xido de uranio con una pureza del 80% al 90% que era utilizado como combustible en las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) y Garo?a (Burgos). Este material gastado era reprocesado posteriormente para su uso como combustible en otros reactores at¨®micos de Francia o Estados Unidos.
No fue hasta 1991 cuando se iniciaron los trabajos de desmantelamiento, que culminaron en 1995 despu¨¦s de enterrar la f¨¢brica en su totalidad, y con ella 1,2 millones de toneladas de basura nuclear, bajo un enorme mont¨ªculo de tierra. Los empleados cuentan que no fueron realmente conscientes del peligro de la radiactividad en su puesto de trabajo hasta que vieron con sus propios ojos c¨®mo quedaba sepultado todo el paisaje que les hab¨ªa acompa?ado durante d¨¦cadas: desde los ¨¢rboles de los alrededores hasta las mesas y las sillas que ellos utilizaban.
¡°Al principio, trabaj¨¢bamos sin protecci¨®n alguna, solo cuando ven¨ªa alguna visita nos pon¨ªan unos monos y unas batas blancas¡±, asegura Manuel Navas que, tras el cierre de la instalaci¨®n, fue trasladado unos a?os al centro de almacenamiento de residuos de El Cabril, en Hornachuelos (C¨®rdoba). Seg¨²n ¨¦l, nunca supieron el peligro que corr¨ªan, pues el dos¨ªmetro que portaba cada uno para medir la radiaci¨®n siempre daba resultado negativo ¡°porque estaban manipulados¡±. Tambi¨¦n lamenta que se vieran obligados a lavar la ropa de trabajo en su propio domicilio, ¡°y siempre sal¨ªa amarilla al lavarla¡±.
Mar¨ªa Labella rememora c¨®mo iba con sus hermanas a llevar el bocadillo a su padre desde el poblado de las Vegas de Triana. ¡°Mi padre falleci¨® poco despu¨¦s de cerrar la f¨¢brica de un c¨¢ncer de pr¨®stata y hace dos a?os, al morir mi madre, abrimos el nicho para enterrarlos juntos y vimos que toda su ropa estaba amarillenta¡±, cuenta.
¡°La exposici¨®n de los obreros a la radioactividad se daba en dosis muy superiores a las permitidas por cualquier manual de seguridad¡±, se?ala Juan Antonio Mu?oz Castillo, doctor en Historia Contempor¨¢nea y autor de un estudio sobre la f¨¢brica de uranio. En su opini¨®n, a partir de 1970, cuando se conoce el primer fallecimiento de un trabajador por causas oncol¨®gicas, ¡°comenzaron a manifestarse en los trabajadores los primeros s¨ªntomas de su exposici¨®n constante durante su jornada laboral, no solo al polvo desprendido de la trituraci¨®n y lavado qu¨ªmico de los minerales, sino tambi¨¦n a las ingentes dosis de radioactividad, y tras ese primer fallecimiento se produjo un goteo de muertes lento, pero constante¡±.
A juicio de Mu?oz Castillo, el tratamiento en esta instalaci¨®n del uranio de los cercanos yacimientos de Navalasno, Montealegre, Raso de los Machos y la Virgen ¡°es la historia de una cadena de errores, que pese a posteriores intentos por paliarlos llevaron a una tragedia humana y social imposible de borrar por m¨¢s versiones oficiales que se pretenden difundir en el momento en que no queden testigos de la misma¡±.
Sin embargo, ha pasado ya una d¨¦cada desde que la Justicia cerr¨® la puerta a la pretensi¨®n de los trabajadores de la f¨¢brica de que se les reconocieran como enfermedad profesional sus dolencias por distintas patolog¨ªas asociadas a su exposici¨®n al uranio durante 22 a?os, al no ver una relaci¨®n directa entre sus afecciones y su actividad laboral. Primero fueron los Juzgados de lo Social y m¨¢s tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) los que desestimaron las m¨¢s de 80 demandas interpuestas; solo hubo cuatro excepciones: las de dos viudas, un antiguo empleado y uno de los directivos. El abogado de la asociaci¨®n de extrabajadores, Manuel ?ngel V¨¢zquez, aport¨® un informe cient¨ªfico avalado por la Junta de Andaluc¨ªa donde se constataban los ¡°da?os en aparato respiratorio, en ri?ones y aparato excretor, da?os inmunol¨®gicos, hematol¨®gicos, metab¨®licos y una mala percepci¨®n de la calidad de vida asociada al estado de salud¡± por gran parte de la plantilla.
La defensa de los trabajadores no pudo presentar como prueba el resultado de unos an¨¢lisis de orina de 1964, seg¨²n los cuales los empleados ten¨ªan en torno a 116 microgramos de uranio por litro, cuando el l¨ªmite de seguridad estaba en 0,8 microgramos. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas Medioambientales y Tecnol¨®gicas) desestim¨®, por haber prescrito, la reclamaci¨®n patrimonial de la asociaci¨®n de extrabajadores, por la que ped¨ªan al Estado una indemnizaci¨®n de 12 millones de euros por da?os y perjuicios. Y el Ministerio de Trabajo emiti¨® otro informe rechazando la enfermedad profesional.
Manuela Barroso, de 77 a?os, vivi¨® en el interior del recinto de la f¨¢brica, adonde su padre lleg¨® desde Huelva para trabajar como vigilante de seguridad. ¡°Recuerdo que, de ni?a, jug¨¢bamos con las piedras de colores impregnadas de uranio sin saber lo que era; el peligro no lo ve¨ªamos¡±, se?ala Barroso, que estuvo ocho a?os empleada en la lavander¨ªa de la instalaci¨®n y posteriormente fue trasladada a El Cabril.
Esta antigua empleada, aquejada de artrosis y con dos pr¨®tesis en las piernas, comparte el sentir general de cansancio y hartazgo de los que a¨²n viven y de sus familiares. As¨ª las cosas, la ¨²nica alternativa a la que, sin demasiadas esperanzas, a¨²n se agarran los empleados, viudas y familiares es la v¨ªa pol¨ªtica. En el a?o 2005, el Congreso de los Diputados aprob¨®, por unanimidad de todos los grupos pol¨ªticos, una proposici¨®n no de ley para el reconocimiento de enfermedad profesional y una revisi¨®n de las indemnizaciones percibidas por los extrabajadores de la f¨¢brica de uranio. A ra¨ªz de esa iniciativa se logr¨® firmar un convenio entre el entonces ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, y la consejera andaluza de Salud, la hoy ministra de Hacienda Mar¨ªa Jes¨²s Montero, que permiti¨® hacer reconocimientos m¨¦dicos a los antiguos operarios en el hospital Reina Sof¨ªa de C¨®rdoba. Pero ese convenio no dio m¨¢s frutos y los cambios pol¨ªticos desvanecieron cualquier atisbo de optimismo de la plantilla.
Posteriormente, ya en 2019, fue el Parlamento de Andaluc¨ªa el que aprob¨®, tambi¨¦n por consenso pol¨ªtico, otra moci¨®n en la misma l¨ªnea y, hasta ahora, con el mismo resultado. ¡°Se echan la pelota unos a otros y as¨ª no hay forma de avanzar¡±, se?ala la parlamentaria de Adelante Andaluc¨ªa Mamen Barranco. Este grupo est¨¢ apremiando a una reuni¨®n entre los responsables de Salud del Gobierno de la naci¨®n y de la Junta andaluza para retomar, una vez m¨¢s, las demandas de los empleados.
¡°Hay una deuda pendiente con And¨²jar y, en especial, con los extrabajadores de la f¨¢brica de uranio y sus familiares, ser¨ªa un acto de justicia¡±, recalca Juan Antonio S¨¢ez Mata, durante muchos a?os concejal del Ayuntamiento de And¨²jar por Izquierda Unida y uno de los que m¨¢s cerca ha estado siempre de los antiguos empleados. A ra¨ªz de esa presi¨®n se logr¨® la reciente reuni¨®n de la comisi¨®n de seguimiento del plan de clausura y desmantelamiento de la instalaci¨®n, que hab¨ªa estado varios a?os paralizada.
La contaminaci¨®n persiste
Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, inici¨® en 1991 el plan de clausura y desmantelamiento de la f¨¢brica de uranio, un programa de vigilancia y mantenimiento para verificar el correcto estado de la misma y el cumplimiento de los l¨ªmites y condiciones impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulador. Este plan se prolongar¨¢ hasta que se obtenga la declaraci¨®n de clausura de la instalaci¨®n, que conlleva el cumplimiento de todos los l¨ªmites y condiciones durante cinco a?os consecutivos.
Seg¨²n la informaci¨®n facilitada por Enresa, el programa de vigilancia de las aguas subterr¨¢neas del entorno de la f¨¢brica se extiende a seis sondeos dentro del l¨ªmite del vallado y otros 11 pozos y 10 sondeos en los alrededores de la instalaci¨®n. Y, entre los primeros, dentro del vallado, se admite que ¡°no se ha podido verificar de forma continuada el cumplimiento de los l¨ªmites de concentraci¨®n requeridos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), especialmente en dos de ellos, en los que siguen midi¨¦ndose valores elevados, aunque menores a los registrados con anterioridad a las obras¡±. Eso s¨ª, se asegura que los valores registrados en estos sondeos no suponen un riesgo para las personas o el medio ambiente, puesto que no est¨¢ contemplado el uso potencial o un consumo directo de esas aguas. En el caso de los pozos y sondeos del entorno, las concentraciones de actividad ponen de manifiesto una tendencia decreciente en la mayor¨ªa de los puntos controlados.
Por otro lado, Enresa sostiene que la calidad qu¨ªmica de las aguas subterr¨¢neas ¡°es tambi¨¦n bastante baja y en ella detectan compuestos contaminantes que no son consecuencia de la actividad de la antigua f¨¢brica, sino el resultado de pr¨¢cticas agr¨ªcolas (empleo de fertilizantes) e industriales (fugas de creosota y otros compuestos)¡±. Se considera que la potencial utilizaci¨®n de estas aguas subterr¨¢neas queda limitada a los pozos de aguas existentes actualmente, o a aquellos que el organismo de cuenca autorice en el futuro.
No obstante, desde el grupo pol¨ªtico Adelante Andaluc¨ªa se alert¨® recientemente de la persistencia de la contaminaci¨®n de las aguas subterr¨¢neas. En concreto, se indic¨® que en 2018 se super¨® casi 25 veces el nivel objetivo de contaminaci¨®n radiactiva.
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