Argentina tras la dictadura: el pa¨ªs que sent¨® en el banquillo a su c¨²pula militar

La argentina Claudia Victoria Poblete Hlaczik ten¨ªa ocho meses cuando en noviembre de 1978 fue secuestrada por militares junto a sus padres y trasladada a un centro clandestino de detenci¨®n a las afueras de Buenos Aires. Nunca los volvi¨® a ver. Creci¨® crey¨¦ndose hija de un militar y su esposa cercanos al r¨¦gimen hasta que en el a?o 2000, gracias a la b¨²squeda de las Abuelas de Plaza de Mayo, un test gen¨¦tico le revel¨® su verdadera identidad. Un a?o despu¨¦s, el caso Poblete lleg¨® a la Justicia y se convirti¨® en paradigm¨¢tico al haber abierto la primera grieta en la impunidad de la dictadura argentina. El muro que imped¨ªa juzgar los cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados por los militares sigui¨® resquebraj¨¢ndose desde entonces con nuevas causas, leyes y manifestaciones multitudinarias en las calles. Termin¨® por venirse abajo en 2005, con una hist¨®rica sentencia de la Corte Suprema.

En Argentina se sent¨® en el banquillo a la c¨²pula militar apenas el pa¨ªs recuper¨® la democracia. Era una fuerte demanda social, hab¨ªa sido una de las promesas de quien fue elegido presidente en 1983, Ra¨²l Alfons¨ªn, y se concret¨® en juicios como el emblem¨¢tico realizado contra las Juntas, en 1985. En ¨¦l se conden¨® a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera a reclusi¨®n perpetua y a otros tres militares de alto rango a penas de entre 4 y 17 a?os de prisi¨®n por las masivas violaciones de derechos humanos perpetradas cuando ostentaban el poder, entre 1976 y 1983. Despu¨¦s se abrieron cerca de 300 juicios m¨¢s, pero la presi¨®n de las fuerzas armadas y una seguidilla de levantamientos militares contribuyeron a que el incipiente proceso judicial fuese clausurado.

El Congreso aprob¨® en la segunda mitad de los a?os ochenta las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la impunidad se fortaleci¨® con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989. Los organismos de derechos humanos no bajaron nunca los brazos y permanecieron acompa?ados por una sociedad civil muy movilizada. Frente a la impunidad de esos a?os impulsaron los conocidos como juicios por la verdad a partir de la brutal confesi¨®n del militar Adolfo Scilingo en 1995 sobre los vuelos de la muerte, desde los que se hab¨ªa arrojado a opositores, a¨²n vivos, al mar.

El entonces titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, se present¨® ante la Justicia para decir que, aunque no se pod¨ªa juzgar penalmente a los responsables, ¨¦l ten¨ªa derecho a conocer la verdad de lo que pas¨® con su hija M¨®nica, al igual que todos los dem¨¢s familiares de desaparecidos. ¡°La presentaci¨®n de Mignone fue aceptada por la C¨¢mara Federal y se abrieron varios juicios de la verdad. Videl, Massera, Galtieri... empezaron a desfilar de nuevo por los tribunales. No respond¨ªan preguntas, pero gener¨® conocimiento porque los tribunales se pusieron a investigar¡±, destaca el exdirector del CELS Gast¨®n Chillier.

En la d¨¦cada siguiente, familiares y organismos encontraron en la apropiaci¨®n de beb¨¦s un camino judicial para sortear las leyes. ¡°La ley de Obediencia Debida consideraba que la mayor¨ªa [de implicados en la dictadura] cumpli¨® ¨®rdenes y algunos se excedieron en su deber, pero como hab¨ªa dudas de si la sustracci¨®n de ni?os hab¨ªa sido ordenada no se eximi¨® de responsabilidad a los responsables de esos delitos¡±, cuenta el fiscal Pablo Parenti, quien particip¨® en el escrito presentado ante la Justicia por el caso Poblete. En 2001, el juez Gabriel Cavallo dio la raz¨®n a los querellantes. Pocos meses despu¨¦s, la C¨¢mara Federal confirm¨® el fallo que declaraba inconstitucionales las leyes de Punto final y Obediencia debida.

Retomar o no la v¨ªa de la responsabilidad penal qued¨® en ese momento en manos de la Corte Suprema de Justicia. ¡°Hab¨ªa mucha incertidumbre sobre lo que iba a decir la Corte¡±, recuerda Parenti. ¡°En ese momento hab¨ªa un gobierno [encabezado por Fernando de la R¨²a] que no estaba de acuerdo con reabrir los juicios¡±. El cambio pol¨ªtico benefici¨® a quienes buscaban el fin de la impunidad. El presidente que asumi¨® el cargo en 2003, N¨¦stor Kirchner, hizo de los derechos humanos una de las banderas de su Gobierno e impuls¨® ese mismo a?o la derogaci¨®n de las leyes de amnist¨ªa. ¡°No era imprescindible, pero fue muy importante pol¨ªticamente y robusteci¨® el proceso judicial¡±, opina Parenti. Las C¨¢maras federales aceleraron la reapertura de juicios y se iniciaron otros nuevos a la espera de la decisi¨®n de la Corte Suprema, que enterr¨® la impunidad en 2005.

Desde la reactivaci¨®n de los juicios, m¨¢s de mil personas han sido condenadas por secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, robos de beb¨¦s y otros delitos de lesa humanidad.