La reforma de la ¡®ley mordaza¡¯ y las cr¨ªticas de los polic¨ªas, a examen: ¡°El delincuente tendr¨¢ m¨¢s veracidad que nosotros¡±

¡°El delincuente llega a tener m¨¢s veracidad que nosotros¡±. ¡°Ahora resulta que no podemos responder a la violencia y los ataques directos¡±. ¡°?Por qu¨¦ tengo que ver mi cara en redes sociales?¡±. Los polic¨ªas nacionales, guardias civiles y agentes de los cuerpos auton¨®micos y locales que protestaron este mi¨¦rcoles ante numerosas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ¨Dla conocida como ley mordaza¨D mostraban carteles en los que aseguraban que sus familias estaban en ¡°peligro¡±, que ellos estar¨ªan obligados a ejercer de ¡°taxistas¡± de los sospechosos o que ¡°sin seguridad no hay libertad¡±. En el comunicado le¨ªdo al final de las concentraciones, los organizadores del acto pusieron el foco en varios puntos de la nueva norma como los m¨¢s lesivos para su actividad diaria. Sin embargo, parte de sus cr¨ªticas son rebatidas por una sentencia del Tribunal Constitucional y la propia literalidad de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, los partidos del Gobierno.

Plazo para identificar. Miguel, un guardia civil que participaba en la protesta de Madrid, aseguraba este mi¨¦rcoles que la supuesta reducci¨®n de seis a dos horas del tiempo m¨¢ximo del que dispondr¨¢n los agentes para identificar al autor de una infracci¨®n a la Ley de Seguridad Ciudadana que no lleve su documentaci¨®n encima o se niegue a entregarla ¡°puede ser factible en ciudades, pero no en n¨²cleos rurales, donde nuestras patrullas tienen un ¨¢mbito de actuaci¨®n de decenas de kil¨®metros y lleva mucho tiempo llegar al acuartelamiento para hacer las gestiones. Esto puede dejar impunes muchos hechos¡±, a?ade. Pese a las afirmaciones de las organizaciones policiales, la enmienda que pretende introducir el Gobierno en la ley deja en realidad abierto ese plazo hasta las seis horas actuales, aunque, eso s¨ª, solo de manera ¡°excepcional¡± y cuando existan ¡°razones justificadas y verificadas¡±, que deben ser comunicadas a la persona a la que se pretende identificar.

Veracidad de los agentes. Maril¨® Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) en Andaluc¨ªa y participante en la protesta ante la subdelegaci¨®n de M¨¢laga, afirm¨® que la reforma da el mismo valor al testimonio de un polic¨ªa que al de la persona a sancionar. De este modo, asegur¨®, ¡°se deja sin cobertura legal muchas actuaciones¡±. La reforma que plantea el Gobierno no solo no elimina la presunci¨®n de veracidad de los agentes, sino que la mantiene. ?nicamente incide en que la exposici¨®n de los hechos que este haga en el acta que debe rellenar para imponer la sanci¨®n administrativa por la supuesta infracci¨®n de la ley mordaza debe consignar un relato de los hechos que resulte ¡°coherente, l¨®gico y razonable, salvo prueba en contrario¡±.

Material antidisturbios. La misma dirigente policial aseguraba que la nueva norma imped¨ªa usar pelotas de goma para reprimir los incidentes violentos en las manifestaciones. ¡°Ahora resulta que no podemos responder a la violencia y los ataques directos a polic¨ªas que nos encontramos en el transcurso de nuestro trabajo, como est¨¢ ocurriendo estos d¨ªas en C¨¢diz¡±, afirmaba en referencia a los recientes incidentes durante las protestas de los trabajadores del metal. La propuesta de los partidos que conforman el Gobierno no recorta el material antidisturbios de uso ordinario, como son las pelotas de goma. Solo se?ala la obligaci¨®n por parte de ¡°las autoridades competentes¡± ¨Den referencia al Ministerio del Interior y los gobiernos aut¨®nomos que tienen transferidas las competencias en materia de seguridad ciudadana¨D de elaborar ¡°protocolos espec¨ªficos de acuerdo con los est¨¢ndares internacionales¡± sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para ¡°utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables¡±.

Manifestaciones sin aviso. Los colectivos policiales critican que la ley permita supuestamente la celebraci¨®n de manifestaciones sin comunicaci¨®n previa. ¡°Es terrible que las manifestaciones se puedan convocar de manera espont¨¢nea¡±, se?alaba este mi¨¦rcoles Ram¨®n Cos¨ªo, portavoz del SUP en el Pa¨ªs Vasco. Cos¨ªo, que asist¨ªa a la concentraci¨®n de Bilbao, pon¨ªa como hipot¨¦tico ejemplo que se convocasen sin comunicar y a trav¨¦s de las redes sociales dos manifestaciones de signo contrario en el mismo lugar. ¡°No tendr¨ªamos tiempo de organizar la seguridad ni un dispositivo para proteger a la gente¡±, a?ad¨ªa. En este sentido, el texto propuesto no elimina la consideraci¨®n como infracci¨®n leve de carecer del ¡°tr¨¢mite previo de comunicaci¨®n¡±, pero se?ala que no ser¨¢ motivo suficiente ¡°para impedir el ejercicio de las libertades de reuni¨®n y manifestaci¨®n¡±. Tampoco cierra la posibilidad a que sean disueltas, aunque considera que esta medida debe ser ¡°el ¨²ltimo recurso¡±. Interior insiste en que los cambios ¡°no modifican de manera sustancial la labor policial¡± en las manifestaciones.

Tenencia de droga. La propuesta de reforma planteada por el Gobierno contempla que la posesi¨®n de sustancias estupefacientes para uso personal pase de infracci¨®n grave a ser considerada leve. Esto se traduce, en la pr¨¢ctica, una reducci¨®n del importe de la sanci¨®n, que hasta ahora se situaba en la franja entre los 601 y los 30.000 euros de multa y pasar¨ªa a la situada entre los 100 y los 600 euros. Las organizaciones policiales consideran que ambas rebajas pueden suponer un aliciente para el tr¨¢fico de droga, obviando que esto ¨²ltimo es un delito y, por tanto, queda fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo contempla infracciones administrativas que no alcanzan, precisamente, el rango de delito.

Grabaciones a polic¨ªas. Aunque los convocantes de las concentraciones de este mi¨¦rcoles no lo incluyeron en el manifiesto que leyeron al final del acto, numerosos carteles que portaban los manifestantes apuntaban a la supuesta indefensi¨®n que les causaba que no se sancionara la grabaci¨®n y difusi¨®n de la imagen de los polic¨ªas en el transcurso de su actividad profesional. ¡°Vulnera nuestra vida personal. Distribuir esas im¨¢genes de manera gratuita y con manipulaci¨®n, puede ser un problema para nuestras vidas personales¡±, se quejaba un agente que participaba en la protesta de M¨¢laga. En este caso, la modificaci¨®n de la norma viene obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021, que concluy¨® que la expresi¨®n ¡°no autorizado¡± que inclu¨ªa el art¨ªculo de la ley mordaza que hac¨ªa referencia a uso de im¨¢genes y datos personales de los agentes era inconstitucional. La propuesta de redacci¨®n del art¨ªculo suprime estas dos palabras, pero sigue proscribiendo su uso ¡°cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el ¨¦xito de una operaci¨®n¡±. El texto har¨¢ hincapi¨¦ a que esa ¡°situaci¨®n de peligro¡± deber¨¢ recogerse ¡°en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible¡±.

Retornar al infractor. Los agentes esgrim¨ªan en las concentraciones carteles en los que criticaba que la reforma de la ley mordaza les iba a convertir en ¡°taxistas¡±, al considerar que les obligaba a retornar al lugar donde hab¨ªan sido interceptadas a las personas trasladas a comisar¨ªa para ser identificadas. ¡°Si es un pederasta, ?le identificamos y le volvemos a llevar al parque donde lo encontramos porque no tiene nada?¡±, denunciaba en la concentraci¨®n de Bilbao el portavoz del SUP en Euskadi, Ram¨®n Cos¨ªo. La reforma propuesta por los partidos del Gobierno no dice que esos traslados deban hacerse siempre. De hecho, los contempla ¨²nicamente cuando la persona haya sido desplazada a una localidad distinta a la que se produjo el requerimiento ¡°y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios¡±. En sus cr¨ªticas, el polic¨ªa volv¨ªa a aludir a hechos, como la pederastia, que son delitos y, por tanto, quedan fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Con informaci¨®n de Juan Navarro (Valladolid), Cristina Huete (Orense), Pedro Gorospe (Bilbao), Nacho S¨¢nchez (M¨¢laga), Virginia Vadillo (Murcia), Ferr¨¢n Bono (Valencia) y Rafa Burgos (Alicante).