Gobierno y ERC tiran de la cuerda sin romperla

Es dinero, s¨ªmbolos e identidad. La ley audiovisual, y el blindaje que en ella se introduzca a la producci¨®n en catal¨¢n, mantienen entrampada la negociaci¨®n entre el Gobierno y ERC, y con ese desacuerdo comienza esta semana, a ocho d¨ªas de la votaci¨®n final de los Presupuestos para el pr¨®ximo a?o. No hay el menor temor de que las cuentas del Estado no queden selladas para ser aplicadas desde enero; tampoco de que, al final, no se ponga el broche a la ley audiovisual. Los interlocutores pol¨ªticos consultados subrayan que, en realidad, ninguna de las dos partes puede permitirse romper. Los protagonistas, sin embargo ¡ªlos negociadores de Gobierno y ERC¡ª, aseguran que la discusi¨®n es muy real. ¡°Hay ganas reales de acordar, tantas como dificultades reales para acordar¡±, se?alan fuentes republicanas.

Desde ERC critican que los socialistas hayan ca¨ªdo ahora en la cuenta de que existe una directiva europea que dificulta la aplicaci¨®n de la cuota del 6% de producci¨®n en catal¨¢n en las plataformas como Netflix, que el Gobierno accedi¨® a introducir en la ley. No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay rectificaciones respecto a los acuerdos aparentemente alcanzados. Los republicanos, vigilados estrechamente en Catalu?a por sus socios de Gobierno, Junts per Catalunya, as¨ª como por la CUP, buena parte del sector audiviosual catal¨¢n, m¨¢s asociaciones y colectivos de defensa de la lengua cooficial, preparados para reprocharles su supuesta condescendencia con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, est¨¢n dispuestos a reformular la negociaci¨®n, pero no a renunciar a su objetivo general.

La presi¨®n se centra ahora en conseguir que ¡°el Estado se involucre por primera vez econ¨®micamente en la difusi¨®n de cine en catal¨¢n, gallego y euskera¡±. Esta propuesta ya la tiene el Gobierno sobre la mesa. Se tratar¨ªa de crear un fondo, de los Presupuestos Generales del Estado, para hacer el doblaje en la lenguas cooficiales en las producciones audiovisuales. Junto a la reivindicaci¨®n de estos recursos estatales, los republicanos aprietan al Gobierno para que ¡°obligue¡± a las plataformas extranjeras a agregar en sus cat¨¢logos pel¨ªculas que ya est¨¢n subtituladas en las lenguas cooficiales o incluso dobladas.

?Obligar a las multinacionales? No es tan f¨¢cil, seg¨²n responden, de momento, en el Gobierno. En principio, no se puede con aquellas plataformas que no est¨¢n establecidas en Espa?a, seg¨²n las directivas europeas. Si esas plataformas ven negocio y creen en que esas pel¨ªculas tendr¨¢n buena acogida, no habr¨¢ problema, es la respuesta que se limitan a dar los interlocutores socialistas. Del lado de ERC, cuesta trabajo aceptar que el Gobierno no pueda hacer nada para negociar con estas plataformas. La negociaci¨®n sigue con aportaciones nuevas.

La discusi¨®n empez¨® con la propuesta de los socialistas de que las plataformas dedicaran un 5% de sus ganancias en Espa?a a producci¨®n de cine en la Uni¨®n Europea y, de esa cuota, un 70% para las lenguas cooficiales. El paso ahora dado es dedicar un 10% a las tres lenguas cooficiales. Eso es poco, ha respondido, por ahora, ERC.

Las percepciones sobre lo que ocurre en la Generalitat y en el Gobierno central difieren ostensiblemente. Los republicanos independentistas de ERC gobiernan en Catalu?a en coalici¨®n con Junts, aunque el ganador de las elecciones fue el PSC de Salvador Illa. No pueden encontrarse pactos, con algunas excepciones, entre los socialistas y ERC en Catalu?a porque su l¨ªder, Oriol Junqueras, no est¨¢ por la labor de acuerdos con quien considera uno de los principales adversarios electorales, si no el mayor. El evidente inter¨¦s de Illa por acordar los Presupuestos auton¨®micos con el Gobierno de Pere Aragon¨¨s cay¨® en saco roto. El PSC es adversario de los republicanos en Catalu?a, pero estos son aliados en las Cortes Generales, a pesar del dramatismo de la relaci¨®n.

En pleno jaleo con la ley audiovisual, la sentencia del Tribunal Superior de Catalu?a ¡ªratificada por el Supremo¡ª sobre la obligaci¨®n de los colegios catalanes de impartir el 25% de las clases en castellano a?ade pasi¨®n a la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica. El hostigamiento a una familia de Canet de Mar, cerca de Barcelona, por pedir que se cumpla la ley con su hija de cinco a?os ha perturbado el acuerdo. El Gobierno de S¨¢nchez sostiene que defiende el cumplimiento de la ley y las sentencias, pero su premisa es que en Catalu?a no hay ning¨²n problema con la lengua. Esta es la consideraci¨®n cimentada desde hace d¨¦cadas por independentistas y socialistas de Catalu?a y del resto de Espa?a. Tampoco todo el PP catal¨¢n, de ahora y de antes, se apresura a proclamar que el problema existe. Las lenguas no son tema c¨®modo para los pol¨ªticos en Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Galicia, con las excepciones de Vox y Ciudadanos, aunque con m¨¢s que matices entre ellos.