El calendario judicial aprieta al PP en Castilla y Le¨®n

Los procesos judiciales que afectan al PP de Castilla y Le¨®n han sido un factor clave para que el presidente regional, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, decidiera adelantar las elecciones auton¨®micas al pr¨®ximo 13 de febrero, seg¨²n admiten en privado dirigentes del partido conservador. La disoluci¨®n anticipada de las Cortes, con las encuestas a favor, implica romper con Ciudadanos, liderado por el inc¨®modo exvicepresidente Francisco Igea y acorta el tiempo para que las candidaturas de la plataforma Espa?a Vaciada cobren fuerza. Tambi¨¦n permitir¨¢ eludir el impacto de algunos casos judiciales. El d¨ªa de los comicios llegar¨¢ casi un mes antes de que el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera (PP, 2001-2019) testifique en el juicio del caso Perla Negra, sobre los sobrecostes de m¨¢s de 20 millones de euros en la adquisici¨®n de un edificio p¨²blico auton¨®mico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Al enorme inmueble se lo apod¨® as¨ª, entre acusaciones de corrupci¨®n en su adquisici¨®n, por su color y el barco pirata de la pel¨ªcula Piratas del Caribe, mote que siempre molest¨® al propio Herrera, seg¨²n fuentes de su entorno. El sobrecoste se divide entre el valor extra del suelo y del edificio y otros pagos de 10 millones que correspond¨ªan a la promotora.

El caso se empez¨® a judicializar en 2013 en la Audiencia Provincial de Valladolid y reflej¨® c¨®mo Herrera fue advertido de que ese proceso estaba requiriendo cantidades muy superiores a las previstas por los an¨¢lisis periciales. El primer precio exigido por los propietarios del terreno y del edificio era de 72 millones de euros, que se consigui¨® reducir hasta 52, acorde a los estudios de la empresa p¨²blica Gesturcal. Adem¨¢s, entre los gastos aparecieron contratos no justificados con Unifica, el estudio que reform¨® irregularmente la sede nacional del PP y cuyos responsables han sido penados por la Audiencia Nacional. La Fiscal¨ªa se?al¨® a los exviceconsejeros de Econom¨ªa Rafael Delgado y Bego?a Hern¨¢ndez, a quienes pide 11 a?os de c¨¢rcel por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n, adem¨¢s de 16 millones de euros de multa.

La acusaci¨®n tambi¨¦n apunta al fallecido Tom¨¢s Villanueva, exvicepresidente de la Junta y consejero de Econom¨ªa entre 2003 y 2015. Villanueva muri¨® en 2017 a los 64 a?os por causas naturales, poco despu¨¦s de que Hacienda le empezara a investigar 83 cuentas bancarias en relaci¨®n con el caso Perla Negra. La Fiscal¨ªa lo acus¨® de sortear a Hacienda en la compra del edificio y el terreno, mientras que en el PP recuerdan su implicaci¨®n en la conocida como Trama E¨®lica, a¨²n sin fecha de juicio pero en la mira del partido.

Esta investigaci¨®n analiza el presunto lucro de altos cargos del ejecutivo auton¨®mico e importantes empresarios de la comunidad mediante mordidas de unos 80 millones de euros que exig¨ªan para otorgar licencias de parques e¨®licos en Castilla y Le¨®n entre 2003 y 2013. Las indemnizaciones demandadas por las irregularidades en estas adjudicaciones rebasan los 850 millones de euros, cifras tan elevadas como la multa que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reclama para Rafael Delgado: 42 a?os de prisi¨®n y 239 millones de compensaci¨®n. El exviceconsejero y ex secretario general de Econom¨ªa se ver¨¢ en la Audiencia Provincial de Valladolid con otros 16 antiguos dirigentes y empresarios. Delgado remiti¨® a la jueza en 2017 un escrito en que incriminaba al difunto Villanueva como mu?idor de estos sobornos. El juzgado tambi¨¦n pidi¨® una fianza de 24 millones a la Junta, suma que esta deneg¨® porque el Estatuto de Autonom¨ªa recoge que esta administraci¨®n no puede presentar fianzas ante tribunales.

El actual PP de Ma?ueco ha esgrimido que estos casos no se corresponden con su mandato y ha manifestado su apoyo a la justicia, si bien un tercer caso de irregularidades s¨ª salpica al dirigente. Un juez ha imputado al PP de Salamanca como persona jur¨ªdica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, Mar¨ªa Isabel S¨¢nchez, por una presunta financiaci¨®n ilegal en las primarias que impulsaron a Ma?ueco en 2017 sobre el candidato Antonio Silv¨¢n y que lo acabaron llevando a la Junta.

El magistrado entiende que la c¨²pula de la formaci¨®n en la provincia pag¨® 61.937 euros para amortizar deudas de afiliados para que pudieran votar en las primarias y se decantaran por el entonces alcalde de Salamanca. Del total hay 41.490 euros abonados ¡°voluntariamente¡± por cargos del PP y entre esta cantidad hasta 24.240 ¡°sin justificar¡±, una ¡°donaci¨®n an¨®nima ilegal¡± seg¨²n el juez. Las donaciones an¨®nimas est¨¢n prohibidas en la ley de financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos.

Las primeras declaraciones est¨¢n previstas en el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Salamanca para mediados de enero tras un primer retraso sobre la fecha prevista: el 30 de diciembre. Fuentes del PP creen que esta t¨¢ctica pro Ma?ueco se aplic¨® tambi¨¦n en m¨¢s territorios de Castilla y Le¨®n donde el hoy dirigente era menos popular que en Salamanca. El prop¨®sito de la direcci¨®n, admiten, consiste en alejar el balance de estas sesiones judiciales, sea como sea, de las elecciones que podr¨ªan significar que el PP siga en el poder de la comunidad, donde lleva sin interrupci¨®n desde 1987, entonces como Alianza Popular.