El Supremo cierra la causa contra la exalcaldesa de La Muela con una condena de 11 a?os de c¨¢rcel

El periplo judicial por el llamado caso Molinos de Mar¨ªa Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), ha llegado a su fin tras m¨¢s de 12 a?os en los tribunales. La Sala II del Tribunal Supremo hizo p¨²blica este jueves la sentencia por la que condena a la exregidora a 11 a?os y 4 meses de prisi¨®n, y a una multa de m¨¢s de 6,5 millones de euros por irregularidades en varias operaciones urban¨ªsticas y adjudicaciones en su municipio entre finales de los a?os 90 y el d¨ªa de su arresto, en marzo de 2009. La sentencia rebaja as¨ª la pena de 16 a?os que, en junio de 2019, le hab¨ªa impuesto la Audiencia Provincial de Zaragoza y cierra la causa despu¨¦s de que un a?o antes, en mayo de 2018, el Supremo hubiera ordenado repetir el primer juicio, celebrado en 2016.

En su fallo, el alto tribunal alerta del da?o que la corrupci¨®n urban¨ªstica causa a la democracia: ¡°Es indiscutible que el sistema democr¨¢tico se resiente cuando quienes alcanzan cargos p¨²blicos, por elecci¨®n o por nombramiento, emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacci¨®n del inter¨¦s general¡±. Por ello, la sentencia incide en que los delitos relacionados con la corrupci¨®n ¡°han de ser considerados delitos graves¡± y, por tanto, en su investigaci¨®n est¨¢ justificado que se adopten medidas que restringen derechos como el del secreto de las comunicaciones. Este pronunciamiento de los magistrados es la respuesta al recurso de la exalcaldesa de La Muela, que consideraba que cuando se le intervino el tel¨¦fono, un a?o antes de su arresto, la polic¨ªa y el juez carec¨ªan ¡°de indicios suficientes de delito¡±.

Pinilla hab¨ªa llegado en 1987 a la alcald¨ªa de La Muela ¡ªun municipio de 5.500 habitantes de los m¨¢s ricos de Espa?a gracias a la energ¨ªa e¨®lica¡ª en las listas del CDS, el partido fundado por Adolfo Su¨¢rez tras la disoluci¨®n de la UCD, y se mantuvo, ya como candidata del Partido Aragon¨¦s (PAR), hasta 2011. Durante su mandato, levant¨® tres museos, un auditorio, un complejo deportivo y una plaza de toros, adem¨¢s de ofrecer viajes baratos al Caribe a m¨¢s de 400 vecinos del pueblo. Sin embargo, ese castillo de naipes se derrumb¨® cuando fue detenida junto a otra veintena de personas, entre ellas su marido. La investigaci¨®n revel¨® que las irregularidades urban¨ªsticas cometidas hab¨ªan dejado en el Ayuntamiento un agujero de 25 millones de euros y una deuda tributaria de 8,5 millones.

En un primer juicio, celebrado en 2016, Pinilla fue condenada a 17 a?os de prisi¨®n y al pago de multas por 9,9 millones de euros por delitos fiscales, de malversaci¨®n, cohecho, blanqueo, tr¨¢fico de influencias, fraude de subvenciones, exacciones ilegales, y prevaricaci¨®n. Sin embargo, el Supremo anul¨® el fall¨® y orden¨® repetir el juicio al considerar que el tribunal hab¨ªa conculcado el derecho de la exregidora a una defensa efectiva al no aceptar, de forma injustificada, la renuncia de su abogado al inicio de la vista y obligarle a seguir con ¨¦l. El segundo juicio se celebr¨® en 2019. En ¨¦l, la exalcaldesa fue condenada a 16 a?os y 1 mes.

El Supremo se ha pronunciado ahora sobre este ¨²ltimo fallo y, si bien, mantiene b¨¢sicamente las conclusiones del mismo, reduce en cuatro a?os y nueve meses la pena al absolver a la pol¨ªtica de los delitos de tr¨¢fico de influencias y fraude de subvenciones, y del de fraude a la Administraci¨®n en una de las operaciones de la causa. El alto tribunal mantiene la condena por responsabilidad civil, que incluyen el pago al Ayuntamiento de La Muela de m¨¢s de 1,5 millones de euros, y a la Hacienda P¨²blica, de casi medio mill¨®n de euros.

En el mismo fallo, el Supremo confirma la condena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n al exconcejal Fernando Miguel Barba y reduce la pena a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el consistorio adjudic¨® el servicio de abastecimiento de aguas en 2007. Adem¨¢s, absuelve de un delito continuado de fraude a los constructores Juli¨¢n de Miguel Ortega y Juan Ignacio Unsain Azpiroz, y de otro contra la Hacienda P¨²blica a David de Miguel Santander, copropietario de una inmobiliaria.