La causa por los gastos para promover el ¡®proc¨¦s¡¯ en el exterior se deshincha en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas va a decidir durante el pr¨®ximo mes de enero si vuelve sobre sus pasos y rectifica sus decisiones sobre el expediente relativo a los gastos realizados por los l¨ªderes independentistas para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. En primer lugar, va a resolver si acepta los avales de la Generalitat para defender los intereses de 34 de sus ex altos cargos y funcionarios, acusados de desviar fondos para dar a conocer en diversos pa¨ªses, principalmente de Europa y Estados Unidos, los proyectos de ruptura con Espa?a. Posteriormente, durante la fase de enjuiciamiento, que empieza ahora, se revisar¨¢ si se mantiene la reclamaci¨®n de 5,4 millones de euros o se reduce la cifra invertida en tales prop¨®sitos.

A la vista del contenido de la investigaci¨®n y de los cambios registrados con la reciente renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas, en medios jur¨ªdicos se estima que este expediente ya ha empezado a deshincharse y que ir¨¢ perdiendo relevancia en los pr¨®ximos meses. La tramitaci¨®n de este expediente de responsabilidad contable tendr¨¢ varias fases. En primer lugar, la resoluci¨®n sobre la admisibilidad o no de los avales del Institut Catal¨¤ de Finances (ICF) ¡ªentidad financiera creada por la Generalitat¡ª corresponde a la Sala de Enjuiciamiento, compuesta por tres magistrados, dos de ellos propuestos por el PSOE. Esta sala deber¨¢ decidir si confirma o rectifica la decisi¨®n de la delegada instructora del caso, Esperanza Garc¨ªa, quien rechaz¨® este mecanismo de pago de las fianzas impuestas a los investigados.

La ponente de este nuevo auto ser¨¢ la magistrada Rebeca Laliga, exsubdirectora general del Notariado y de los Registros en el Ministerio de Justicia y propuesta por el PP en la reciente renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas. Los otros dos componentes de dicha Sala son los tambi¨¦n magistrados Rosario Garc¨ªa ?lvarez y Diego ??iguez, procedentes respectivamente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Ministerio de Defensa. Ambos fueron nombrados por iniciativa del PSOE. ??iguez dej¨® en Defensa el cargo de jefe de gabinete de la ministra Margarita Robles y en una etapa anterior hab¨ªa sido director adjunto del gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, actualmente presidenta del Consejo de Estado.

La composici¨®n de esta Sala de Enjuiciamiento, por tanto, supone que el sector progresista cuenta en ella con mayor¨ªa. Este dato no ha pasado desapercibido para las defensas, m¨¢xime a la vista de la evoluci¨®n que ha experimentado la postura adoptada por la Abogac¨ªa del Estado en la causa contra los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat. As¨ª, mientras en la ¨²ltima etapa del Tribunal de Cuentas saliente se mantuvo la tesis de que los avales deb¨ªan rechazarse, y que la responsabilidad contable estaba bien calculada en 5,4 millones de euros, ahora se abren nuevas expectativas. En parte, porque la Abogac¨ªa del Estado ya no va a estar en este proceso, dado que va a renunciar a presentar demanda, y tambi¨¦n porque al frente de la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas tambi¨¦n se producir¨¢ en breve un cambio de titular.

Por otro lado, si la primera ponente de la resoluci¨®n sobre los avales, la mencionada magistrada Rebeca Laliga, propusiera rechazar este sistema de pago y quedara en minor¨ªa, ser¨ªa sustituida en esta funci¨®n por la tambi¨¦n magistrada Rosario Garc¨ªa ?lvarez, de la mayor¨ªa progresista. El punto de partida en la Sala de Enjuiciamiento es tratar de buscar f¨®rmulas de consenso, pero quiz¨¢ no resulte f¨¢cil. Ello se debe a que la decisi¨®n de admitir o no el sistema de pago propuesto por la Generalitat admite pocos matices, porque el n¨²cleo de la resoluci¨®n consiste en confirmar el rechazo inicial de esta v¨ªa de pago, como hizo la delegada instructora, o corregir lo que ella dispuso.

En este punto es donde cobra especial relevancia la nueva postura de la Abogac¨ªa del Estado en este asunto. El cambio se produjo en septiembre pasado, cuando present¨® un escrito dando pie a que prosperen los recursos de los investigados y de la propia Generalitat. Tales impugnaciones persiguen que puedan devolverse a ERC los 2,1 millones de euros que deposit¨® en el tribunal como fianza en octubre ¨²ltimo, y tambi¨¦n que puedan levantarse los embargos de bienes de los investigados, seg¨²n ¨®rdenes dadas a los correspondientes registros, hasta cubrir el total de los 5,4 millones de euros reclamados.

La Abogac¨ªa ¡ªque inicialmente hab¨ªa impulsado la causa contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la administraci¨®n catalana¡ª, se apart¨® de su anterior estrategia como acusaci¨®n y no quiso responder al Tribunal de Cuentas si cre¨ªa procedente admitir los avales, por entender que no era legalmente procedente contestar a esa consulta. Pero al mismo tiempo subray¨® en su escrito de forma contundente ¡ªcuando no se le hab¨ªa preguntado sobre este extremo¡ª que el mecanismo de pago de los avales a trav¨¦s de una entidad financiera p¨²blica est¨¢ contemplado en un decreto-ley de la Generalitat avalado por el Parlamento catal¨¢n. La Abogac¨ªa subray¨® que esta normativa no hab¨ªa sido recurrida por el Gobierno ante el Constitucional, y que, por tanto, no se hab¨ªa pedido su suspensi¨®n y estaba en vigor.

En el propio Tribunal de Cuentas se interpret¨® que la Abogac¨ªa hab¨ªa se?alado claramente con su informe cu¨¢l era el camino que deb¨ªa tomar el expediente contra los ex altos cargos de la Generalitat, empezando por liberarlos de los embargos, al admitir los avales. De hecho, existi¨® la posibilidad de que as¨ª se acordara con el tribunal saliente. Pero finalmente se pospuso la decisi¨®n, para dejarla en manos de los nuevos magistrados, que ahora han empezado a estudiar el asunto, con el prop¨®sito de resolverlo en pocas semanas.