El Tribunal de Cuentas se reorganiza para cerrar la ¡°guerra de los avales¡±

La organizaci¨®n interna del renovado Tribunal de Cuentas se est¨¢ ultimando estos d¨ªas con modificaciones de su estructura, dominada hasta ahora por el sector conservador. De entrada, un tribunal con mayor¨ªa progresista va a resolver sobre los avales de la Generalitat a favor de sus 34 ex altos cargos y funcionarios a los que se han exigido 5,4 millones de euros por gastos indebidos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. Los mismos tres magistrados, todos ellos nuevos en la instituci¨®n, tendr¨¢n la ¨²ltima palabra con respecto a la sentencia con que culmine este proceso: Rosario Garc¨ªa ?lvarez y Diego ??iguez, propuestos por el PSOE, y Rebeca Laliga, nombrada por iniciativa del PP.

La resoluci¨®n sobre la propuesta de la Generalitat de ofrecer la fianza de los investigados ha quedado sobre la mesa con la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas, pero el nuevo equipo de la instituci¨®n quiere cerrar lo antes posible esta ¡°guerra de los avales¡±. Un equipo que en su c¨²pula, la comisi¨®n de gobierno, va a estar formado por tres mujeres, la presidenta, Enriqueta Chicano; la jefe de la Secci¨®n de Enjuiciamiento, Rebeca Laliga, y la de la Secci¨®n de Fiscalizaci¨®n, Dolores Genaro.

En paralelo, la magistrada Margarita Mariscal de Gante, una de las consejeras conservadoras que este jueves terminaron mandato, ha dictado una providencia por la que se da inicio a la fase jurisdiccional del caso. Hasta ahora, lo instruido con el fin de averiguar si hubo un mal uso de fondos de la Generalitat para dedicarlos a promocionar los planes independentistas en el extranjero conforma un expediente administrativo, que termin¨® con el acta de liquidaci¨®n provisional. Ese documento es el que exige los citados 5,4 millones de euros a los investigados, y da paso al comienzo de una segunda fase, de car¨¢cter judicial, que es la abierta por la providencia de Mariscal de Gante dos d¨ªas antes de la toma de posesi¨®n de los nuevos consejeros. Lo que ha hecho la magistrada siguiente ser¨ªa, en definitiva, enviar a juicio a los citados ex altos cargos de la Generalitat. La vista, en todo caso, ser¨¢ el final de una serie de actuaciones y diligencias que pueden durar meses, si no a?os.

El comienzo de esta nueva fase, en la que las defensas ya tendr¨¢n muchas m¨¢s posibilidades de intervenir, no es incompatible con el hecho de que este proceso a¨²n siga pendiente de una resoluci¨®n definitiva sobre la validez o no de los avales de la Generalitat. Los investigados ya han hecho efectiva, mediante aportaciones econ¨®micas o embargo de bienes, la cantidad que se les reclama de forma conjunta y solidaria.

No obstante, si se acepta que la propia administraci¨®n catalana haga valer su garant¨ªa de pago ¡ªcomo medida cautelar, por si en su d¨ªa se dicta una sentencia condenatoria¡ª, las aportaciones ya formalizadas como fianza ante el Tribunal de Cuentas podr¨¢n ser recuperadas por los interesados. Ello implicar¨ªa la devoluci¨®n del dinero ingresado y el levantamiento de los embargos acordados. Para los l¨ªderes independentistas investigados ¡ªentre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Ra¨¹l Romeva¡ª esta decisi¨®n supondr¨ªa liberarse de las fianzas y la posibilidad de despreocuparse de la suma que se les reclama, como m¨ªnimo hasta que se dicte definitiva sentencia.

La reestructuraci¨®n del Tribunal de Cuentas va a implicar tambi¨¦n que el hasta ahora fiscal jefe en esta instituci¨®n, Miguel ?ngel Torres, que cambia ese cargo por el de consejero, vaya finalmente a ocuparse de las tareas de fiscalizaci¨®n de los ayuntamientos. En un principio, Torres, nombrado a propuesta del PP, iba a suceder a Margarita Mariscal de Gante en la Secci¨®n de Enjuiciamiento. Pero se ha acabado por descartar esta opci¨®n, porque el nuevo consejero habr¨ªa tenido que empezar su mandato absteni¨¦ndose de participar en el procedimiento contra los l¨ªderes independentistas.

El motivo de esa abstenci¨®n ¡ªque ¨¦l mismo ya hab¨ªa anunciado¡ª es que Torres particip¨® como acusaci¨®n durante la investigaci¨®n de los hechos, junto al abogado del Estado, Rafael Garc¨ªa Monteys, quien ahora se retirar¨¢ del caso. La causa de esta decisi¨®n tiene que ver con el hecho de que la misi¨®n de la Abogac¨ªa del Estado consiste en defender los intereses de la administraci¨®n perjudicada, que en este caso no es la central, sino la auton¨®mica, cuya representaci¨®n corresponde a la Generalitat.