El Tribunal de Cuentas aparca el caso de los avales para despu¨¦s de las elecciones del 13-F
Pasado el plazo de nueve d¨ªas para personarse en el caso, la Abogac¨ªa del Estado no ha respondido al tribunal y por tanto queda retirada del procedimiento
El Tribunal de Cuentas va decidir sobre si da validez o no a los avales de la Generalitat en el caso Diplocat cuando se hayan celebrado las elecciones del 13-F en Castilla y Le¨®n. En este expediente se investiga la responsabilidad de 34 ex altos cargos y funcionarios de la administraci¨®n catalana por los gastos empleados en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O y en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s, por lo que en conjunto se les reclaman 9,5 millones de euros.
En la ¨²ltima semana de febrero se discutir¨¢ sobre las fianzas que quiere pagar la Generalitat mediante los avales del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF). No se resolver¨¢ antes para permitir alejar esta decisi¨®n del actual contexto electoral. En paralelo, se dar¨¢ un plazo de 20 d¨ªas a las acusaciones para que formulen demanda.
El nuevo Tribunal de Cuentas tom¨® posesi¨®n el pasado 18 de noviembre. La Secci¨®n de Enjuiciamiento mantuvo una primera reuni¨®n durante el mes de diciembre, sin fijar fecha alguna para resolver sobre los recursos presentados por la defensa de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, as¨ª como por la del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell (Econom¨ªa) y Ra¨¹l Romeva (Relaciones Exteriores), entre otros investigados en este expediente.
El asunto hab¨ªa quedado sobre la mesa tras la salida de los consejeros relevados por el acuerdo de renovaci¨®n que alcanzaron el Gobierno y el PP. En la fase final del mandato precedente hubo varios intentos de resolver estos recursos, pero la inminencia de los cambios hizo que la Secci¨®n de Enjuiciamiento saliente desistiera. Predomin¨® entonces el criterio de que se trataba de un asunto relevante que ser¨ªa mejor que resolviera un tribunal con el mandato por delante, y no uno que lo tuviera caducado.
El nuevo tribunal, a su vez, tampoco tiene especial prisa en resolver este asunto. El expediente supone cientos de folios y la materia tiene sus complejidades. La Abogac¨ªa del Estado acaba de abstenerse de continuar en el caso, pero antes de hacerlo dej¨® un mensaje claro sobre la mesa.
La Abogac¨ªa, dependiente del Ministerio de Justicia, respondi¨® a una consulta que le dirigi¨® el Tribunal de Cuentas que, sin pronunciarse sobre la legalidad de los avales de la Generalitat, para resolver los recursos presentados hab¨ªa que tener en cuenta que este mecanismo de pago estaba en vigor, porque fue regulado legalmente por el Govern catal¨¢n y no fue recurrido por el Gobierno, que por tanto nunca ha pedido su suspensi¨®n.
La Secci¨®n de Enjuiciamiento sabe ya, por tanto, que el Gobierno no ha puesto obst¨¢culos a los avales, y que en paralelo ha propiciado la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas, cuyo anterior perfil conservador ha cambiado por otro, de signo progresista. La inc¨®gnita es ahora si en este contexto de inicio de una nueva etapa y de intento de pactos internos, similar al que se da en el Constitucional, ser¨¢ posible alg¨²n grado de consenso en torno a expedientes concretos. Por ejemplo, en el que afecta a dirigentes de partidos independentistas que ya no son cargos p¨²blicos, pero que siguen teniendo peso pol¨ªtico en fuerzas cuyo voto en el Congreso es de inter¨¦s para el Gobierno.
En estas circunstancias, se entiende la importancia de que el Tribunal de Cuentas haya dejado para finales de febrero su decisi¨®n sobre la validez o no de los avales de la Generalitat. De momento, huye de la quema del debate preelectoral. En el tribunal se recuerdan, en este sentido, las palabras del presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, quien en una conferencia pronunciada la semana pasada, abog¨® por ¡°alejarse de la refriega pol¨ªtica¡±. El reto, en el Tribunal de Cuentas, es intentarlo, y c¨®mo hacerlo. Todo ello a sabiendas de que si se aceptan los avales, ERC recuperar¨¢ los dos millones de euros que entreg¨® para las fianzas, y los investigados que han presentado bienes para hacer frente a su presunta responsabilidad contable, podr¨¢n levantar los embargos acordados.
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