El Gobierno llevar¨¢ la ley de vivienda al Consejo de Ministros del martes pese al informe contrario del Poder Judicial

El Gobierno ya hab¨ªa advertido que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrario a la ley de vivienda no iba a implicar ning¨²n cambio en el anteproyecto de la norma que obligara a retrasar su aprobaci¨®n. Y este jueves, solo unas horas despu¨¦s de que el ¨®rgano de gobierno de los jueces aprobara el texto, el Ejecutivo ha anunciado que llevar¨¢ a votaci¨®n del Consejo de Ministros el pr¨®ximo martes el borrador actual de la norma, el paso decisivo que permitir¨¢ iniciar la tramitaci¨®n parlamentaria. ¡°Una vez disponemos del informe del Consejo General del Poder Judicial y de un primer an¨¢lisis, no hay cuestiones que pongan en duda la validez de los tres art¨ªculos sobre los que ten¨ªa que pronunciarse¡±, ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel S¨¢nchez. En su departamento siempre han sostenido que lo que hac¨ªa preceptivo el informe jur¨ªdico era la reforma de algunos art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procedimientos de desahucio y defienden que la norma ha sido ¡°mirada y revisada por muchos juristas¡± durante el proceso de elaboraci¨®n.

El informe del CGPJ, que se opone a la ley de vivienda por considerarla una ¡°clara limitaci¨®n¡± de las competencias auton¨®micas en esta materia, ha salido adelante con los votos a favor de los mismos 15 miembros del Consejo que hace dos semanas tumbaron el texto elaborado por el progresista ?lvaro Cuesta, que avalaba la norma del Ejecutivo (el presidente Carlos Lesmes y los vocales Jos¨¦ Antonio Ballestero, Enrique LucasRoser Bach, A?ngeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Di?az, Juan Manuel Ferna?ndez, Rafael Ferna?ndez Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Jose? Mari?a Maci?as, Juan Marti?nez Moya, Gerardo Marti?nez Trista?n y Wenceslao Olea). Tampoco ha habido sorpresas en el otro extremo: los seis vocales que la vez anterior respaldaron el informe de Cuesta, todos propuestos por el PSOE o IU, han votado en contra del nuevo texto. Cinco de estos vocales (Clara Marti?nez de Careaga, A?lvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepcio?n Sa?ez y Pilar Sepu?lveda) han anunciado que firmar¨¢n votos particulares para mostrar su rechazo a la postura mayoritaria.

Por m¨¢s que el resultado de la sesi¨®n de este jueves haya sido el que se esperaba, la postura asumida por la mayor¨ªa del pleno hace oficial un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Por m¨¢s que el resultado del pleno del Consejo fuera el que se esperaba, la postura asumida por la mayor¨ªa hace oficial un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, cuyo ¨®rgano de gobierno tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018. Aunque la ministra expres¨® su respeto al dictamen del CGPJ, fuentes de Transportes alegan que est¨¢ plagado de condicionales y consideran que las afirmaciones que hace est¨¢n m¨¢s cerca de emitir opiniones pol¨ªticas que de cuestiones jur¨ªdicas.

En el mismo sentido se expresaron algunos de los vocales progresistas que ayer intervinieron en el pleno del Consejo. La m¨¢s dura, seg¨²n el relato de fuentes conocedoras del encuentro, fue la magistrada del Tribunal Supremo Clara Mart¨ªnez de Careaga, que subray¨® que el texto redactado por Jos¨¦ Antonio Ballestero y Enrique Lucas era muy deficiente desde el punto de vista t¨¦cnico e incluso gramatical. El informe, se?al¨® Mart¨ªnez de Careaga, resulta confuso, desordenado y contiene ¡°incoherencias¡±, cr¨ªticas de las que los ponentes se defendieron alegando que apenas hab¨ªan tenido 10 d¨ªas para redactarlo desde que el pleno tumb¨® el 14 de enero la propuesta del progresista Cuesta.

Durante el pleno tambi¨¦n intervino la vocal Concha S¨¢ez, propuesta por IU, que, seg¨²n las fuentes, reproch¨® a la mayor¨ªa conservadora haber forzado la elaboraci¨®n de un nuevo informe cuando, en su opini¨®n, las objeciones que se han plasmado en el nuevo texto pod¨ªan haber sido incluidas en el de Cuesta. ¡°No entiendo qu¨¦ hacemos aqu¨ª¡±, lleg¨® a preguntar S¨¢ez, seg¨²n estas fuentes, dando a entender que la escenificaci¨®n de un nuevo pleno con un informe totalmente nuevo era innecesario. Cuesta, por su parte, intervino tambi¨¦n para defender su informe y subrayar que, con el nuevo texto, el CGPJ ¡°se extralimita en sus funciones¡±, seg¨²n fuentes conocedoras de la reuni¨®n.

El informe redactado por Cuesta y rechazado por la mayor¨ªa del pleno ser¨¢ la columna vertebral del voto particuar que van a suscrbir cinco de los seis vocales progresistas que ayer votaron en contra del texto de Ballestero y Lucas. Ese voto, seg¨²n las fuentes, incluir¨¢ tambi¨¦n una introducci¨®n que definr¨¢ el derecho a la vivienda y defender¨¢ la constitucionalidad del anteproyecto de ley. El texto cuestionar¨¢ tambi¨¦n algunos de los argumentos del informe elaborado por Ballestero y Lucas.

El informe del Consejo es preceptivo para que el Gobierno pueda avanzar en la tramitaci¨®n de la ley de vivienda, pero su contenido no es vinculante y el Ejecutivo ya ha anunciado que no va a modificar ning¨²n aspecto esencial de su texto. Y, tras conocer el texto del Consejo, el Gobierno no ve m¨¢s motivos para retrasar la tramitaci¨®n de parlamentaria de una norma a la que se hab¨ªa comprometido hace un a?o. Las tensas negociaciones entre los dos socios gubernamentales fueron retrasando ese plazo hasta lograr el pasado octubre un consenso en torno al borrador. La promesa fue entonces la de enviar la ley al parlamento antes de acabar 2021. Pero entonces se interpuso el informe del CGPJ, que se solicit¨® a principios de diciembre, por lo que no hubo tiempo de llevarlo al ¨²ltimo pleno antes de Navidad. Se convoc¨® una sesi¨®n extraordinaria el 14 de enero, pero la propuesta de informe redactada por el progresista Cuesta fue rechazada por la mayor¨ªa del ¨®rgano de gobierno de los jueces y se encarg¨® un nuevo texto a Ballestero y Lucas.

En los ¨²ltimos d¨ªas, la parte socialista del Ejecutivo se hab¨ªa mostrado m¨¢s abierta a considerar las apreciaciones del ¨®rgano de gobierno de los jueces. El ministro de presidencia, F¨¦lix Bola?os, acept¨® la posibilidad de introducir ¡°mejoras¡±, algo que puede hacerse durante la tramitaci¨®n parlamentaria. La postura es diferente en Unidas Podemos. El ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y coproponente de la ley, se reuni¨® este mi¨¦rcoles con asociaciones del movimiento por el derecho a la vivienda y exigi¨® que la norma se env¨ªe ¡°¨ªntegramente¡± al Congreso. A su vez, el socio minoritario del Gobierno ha venido defendiendo la posibilidad de introducir en la tramitaci¨®n parlamentaria algunas enmiendas en l¨ªnea con las exigencias de esas asociaciones, que consideran insuficientes las medidas de control de precios. Este jueves, Belarra solo se ha pronunciado a trav¨¦s de un mensaje en redes sociales. ¡°El CGPJ, con el mandato caducado desde hace tres a?os, se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulaci¨®n y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constituci¨®n. Ocurrir¨¢ como con el matrimonio igualitario, acabar¨¢n d¨¢ndonos la raz¨®n¡±, ha escrito la ministra en un mensaje en Twitter.

El principal problema del anteproyecto de ley del Gobierno, seg¨²n la mayor¨ªa del CGPJ, es que invade las competencias auton¨®micas en vivienda y pr¨¢cticamente vac¨ªa de contenido las regulaciones de las que se han ido dotando las comunidades en los ¨²ltimos a?os. El informe aprobado este jueves llega a acusar al Ejecutivo central de ¡°expropiar¡± esa normativa auton¨®mica y advierten de la inseguridad jur¨ªdica que, en su opini¨®n, esto puede generar. Como adelant¨® EL PA?S, la ley deja en manos de las autonom¨ªas la limitaci¨®n del precio del alquiler, la medida estrella del anteproyecto. El informe aprobado por el Consejo admite que el Gobierno no invade en este caso las competencias de las autonom¨ªas, pero considera que, como el Ejecutivo no tiene ah¨ª poder de decisi¨®n, la aplicaci¨®n de la norma estatal queda ¡°excesivamente¡± condicionada. Adem¨¢s, cree que el Gobierno condiciona ¡°en detalle las reglas b¨¢sicas a las que deben sujetarse¡± las comunidades, lo que supone ¡°una clara limitaci¨®n de las facultades de organizaci¨®n y gesti¨®n de estas¡±.

La ministra S¨¢nchez ha restado importancia en sus palabras a estas consideraciones. ¡°Quiero decir al respecto que las respetamos y las analizamos, pero que desde luego nos ratificamos en que el texto de la ley respeta la Constituci¨®n y no invade competencias de las comunidades aut¨®nomas¡±, ha afirmado. S¨¢nchez ha destacado que ¡°el Gobierno ha cumplido con la palabra dada¡± al elaborar la norma y que esta ¡°lo que hace es garantizar una vivienda digna, evita las subidas abusivas de los alquileres, evita la especulaci¨®n y por tanto da una respuesta a una situaci¨®n de emergencia que viven muchas familias¡±.

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