El coste de luchar contra el ladrillo en Baleares: 225 millones en indemnizaciones por parar obras

Resorts a pie de playa, beach clubs y viviendas de lujo conviven con la vegetaci¨®n y las aguas cristalinas en las costas del archipi¨¦lago mediterr¨¢neo. Frenar su proliferaci¨®n ha tenido un coste millonario para las arcas p¨²blicas de las Islas Baleares: el Govern ya ha tenido que pagar 225 millones de euros en indemnizaciones a promotores y constructoras tras largos pleitos judiciales originados por una ley de 2008 que paraliz¨® sus proyectos de construcci¨®n, seg¨²n datos de la consejer¨ªa de Presidencia. Una factura que superar¨¢ los 300 millones si el Ejecutivo pierde el recurso que acaba de presentar contra la sentencia de enero que le condena a pagar otros 63,5 millones por el mismo motivo, m¨¢s los intereses devengados desde 2009.

La ¨²ltima v¨ªa de agua abierta en los presupuestos regionales por este motivo se produjo en beneficio de Birdie Son Vida SL, propiedad del magnate alem¨¢n Matthias K¨¹hn. El promotor inmobiliario, actual propietario de la isla de Tagomago, cerca de Ibiza, pretend¨ªa construir 33 villas de lujo con vistas al mar en Muleta II, un terreno ubicado en el exclusivo Puerto de S¨®ller. Entonces, el gobierno de Francesc Antich (PSOE) aprob¨® la ley 4/2008, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Un cambio legislativo en la clasificaci¨®n del terreno que fren¨® en seco sus planes.

El litigio se remonta a 2010, cuando la promotora interpuso la demanda contra el Gobierno balear por la aprobaci¨®n de la ley de protecci¨®n. La norma regulaba la reclasificaci¨®n de 14 zonas urbanizables en Mallorca e Ibiza que pasaban a ser suelo r¨²stico de protecci¨®n especial, entre ellas las ¨¢reas naturales de la Sierra de Tramuntana. Ya no se podr¨ªa construir. Fin al sue?o del ladrillo. Inicio de los pleitos.

¡°En esta comunidad aut¨®noma tenemos dos modelos territoriales: el que han implantado los gobiernos de izquierdas con el objetivo de proteger el territorio de las islas y el representado por los gobiernos populares, que han hecho urbanismo a la carta¡±, declar¨® la consejera de Presidencia, Mercedes Garrido, tras hacerse p¨²blica en enero la resoluci¨®n que condena al Govern a pagar 63,5 millones al promotor, lo que unido a los intereses devengados desde 2009 elevar¨¢ la factura de ese caso concreto por encima de los 90 millones. ¡°Si somos una de las principales industrias tur¨ªsticas y uno de los grandes motores econ¨®micos de Espa?a es por el paisaje que tenemos. Este el precio que tenemos a pagar por la protecci¨®n del territorio¡±, manifest¨®.

Las consecuencias judiciales de las ley de 2008 llevan a?os llamando la atenci¨®n de la Sindicatura de Cuentas balear, que advierte cada ejercicio en sus informes de que el montante total de las indemnizaciones ser¨¢ multimillonario. ¡°Son multitud de procedimientos judiciales de diferentes promotores en varios territorios¡±, reconoce un portavoz de la Consejer¨ªa de Presidencia, que declina precisar el n¨²mero de indemnizaciones pagadas, o la localizaci¨®n de los proyectos por los que se han pagado.

Y son muchos. Los propietarios iniciaron una cascada de demandas judiciales contra el Govern por la aprobaci¨®n de la ley de protecci¨®n que les imped¨ªa construir en ellos. En 2017, se contabilizaron ocho procesos judiciales abiertos, seg¨²n la documentaci¨®n producida por la Sindicatura de Comptes. Cuatro de ellos, que sumaban 89,6 millones de euros en indemnizaciones, alcanzaron sentencia firme durante los a?os posteriores tras no admitirse a tr¨¢mite los recursos interpuestos por la administraci¨®n. En Mallorca, el Tribunal Superior conden¨® a pagar 5,6 millones de euros a los propietarios de las parcelas de Cala Carb¨®, en Pollen?a. En la otra punta de la isla, en Biniorella (Andratx), el importe fue mucho mayor: 39,8 millones.

En 2018, la resoluci¨®n de los litigios judiciales llegaba tambi¨¦n a Ibiza. El Gobierno balear pag¨® 17 millones de euros para indemnizar a los propietarios de la urbanizaci¨®n de Roca Llisa, en el pueblo de Santa Eul¨¤lia des Riu. A este importe se le sumaban 87 millones a las empresas constructoras de Punta Pedrera, en el municipio de Sant Josep, por la anulaci¨®n de licencias urban¨ªsticas para construir 244 viviendas.

Para hacer frente a los gastos de esas condenas, la Administraci¨®n solicit¨® hace cuatro a?os un pr¨¦stamo de 147 millones de euros, de los que 36,5 millones estaban destinados a pagar intereses. El Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, aprob¨® en 2020 una reforma de la ley para evitar m¨¢s reclamaciones judiciales e indemnizaciones. Los juicios por la modificaci¨®n normativa de 2008, no obstante, han continuado su curso.