Interior endurece el control sobre la venta de sustancias utilizadas por los terroristas para fabricar explosivos

El Ministerio del Interior ha elaborado un proyecto de ley que endurece los requisitos para la compra por parte de particulares de los llamados precursores de explosivos, sustancias qu¨ªmicas de uso com¨²n como la acetona, el ¨¢cido sulf¨²rico o algunos nitratos que pueden ser empleadas para elaborar artefactos explosivos. La norma, que el Gobierno ha acordado este viernes remitir al Congreso para su aprobaci¨®n, sustituye a una de noviembre de 2017, con la que entonces se pretendi¨® poner fin al descontrol en la comercializaci¨®n de estos productos que hab¨ªan destapado en agosto de aquel a?o los atentados de Barcelona y Cambrils. La c¨¦lula yihadista que los cometi¨® hab¨ªa elaborado en un chal¨¦ de Alcanar (Tarragona) cientos de kilos de triper¨®xido de triacetona (un potente explosivo conocido como madre de Sat¨¢n) tras adquirir grandes cantidades de estas sustancias qu¨ªmicas sin ser detectada por las Fuerzas de Seguridad.

En septiembre de 2018, Interior ya aprob¨® una instrucci¨®n interna para mejorar aquella ley en la que fij¨®, entre otras medidas, pautas que buscaban aumentar la colaboraci¨®n de las empresas comercializadoras de estos productos ¨Ddesde farmacias y ferreter¨ªas a grandes centros comerciales, establecimientos de jardiner¨ªa y empresas de mantenimiento de piscinas¡ª en la detecci¨®n e identificaci¨®n de compradores sospechosos. Ahora, con el nuevo proyecto de ley, Interior va una paso m¨¢s all¨¢ con un endurecimiento de estas medidas de control, sobre todo en el cibercomercio, y, adem¨¢s, con la incorporaci¨®n de un reglamento de la Uni¨®n Europea (UE) de junio de 2019 que, si bien era de obligada aplicaci¨®n desde febrero de 2021, no hab¨ªa sido incorporado a la legislaci¨®n espa?ola.

El texto que se remite al Congreso sigue distinguiendo entre dos clases de precursores. Por un lado, los restringidos, que para ser adquiridos cuando tienen determinados niveles de concentraci¨®n obliga a los particulares, tanto personas f¨ªsicas como empresas, a obtener una licencia. Y los llamados ¡°notificables¡±, que pueden ser comprados sin esa autorizaci¨®n previa, pero cuya comercializaci¨®n se somete a controles para identificar a qui¨¦nes los adquieran. Seg¨²n ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estos deber¨¢n hacer una declaraci¨®n de cliente.

Para ello, adem¨¢s de las empresas cuya actividad ya se fiscalizaba, introduce dos sujetos econ¨®micos ausentes en la norma anterior. Por un lado, los que denomina ¡°usuarios profesionales¡±, en referencia a los que adquieren estos productos para el desempe?o de su actividad. Por otro, los ¡°mercados en l¨ªnea¡±, referidos estos ¨²ltimos a los cibercomercios, sobre todo de car¨¢cter minorista. A los primeros se les exigir¨¢ que, a partir de ahora, demuestren su condici¨®n profesional para poder adquirir esos productos. Los segundos deber¨¢n someter su actividad a nuevas medidas de control, entre ellas cerciorarse de que los particulares que acudan a ellos para adquirir estos productos cumplen los requisitos legales para ello.

Estas empresas que operan en internet tambi¨¦n deber¨¢n comunicar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de Interior y encargado de centralizar toda la informaci¨®n sobre el comercio de los precursores, cada operaci¨®n que realicen. Asimismo, tendr¨¢n que adoptar mecanismos internos para detectar transacciones sospechosas e implantar medidas de seguridad sobre los precursores en su poder y que incluye su almacenamiento en un lugar cerrado y de acceso restringido, y la formaci¨®n de sus empleados para que cumplan las normas.

La norma mantiene los cinco indicadores, ya recogidos en la ley de 2017, sobre los que empresas deber¨¢n prestar especial atenci¨®n para poder catalogar una venta como sospechosa y, por tanto, alertar sobre ella al CITCO. As¨ª, el texto recoge de nuevo que ser¨¢n clientes sospechosos aquellos que no indiquen con claridad la utilizaci¨®n que quiere dar al producto; que se muestren poco familiarizados con la utilizaci¨®n que alegan pretender dar al mismo; que pretendan comprar cantidades, combinaciones de productos o con concentraciones no habituales para el uso habitual; que sean reacios a facilitar su identidad, domicilio o condici¨®n profesional; y que insistan en efectuar el pago con m¨¦todos poco habituales, como dinero en efectivo cuando el importe sea elevado.

Lo que s¨ª cambia es el plazo de tiempo que tienen para comunicar tanto estas sospechas como el robo o desaparici¨®n de estos productos. Hasta ahora, ten¨ªan un margen de 48 horas para comunicarlo a la Polic¨ªa. A partir de la aprobaci¨®n de la ley, este plazo se reduce a 24 horas.