Las represalias contra los denunciantes de corrupci¨®n se sancionar¨¢n con hasta un mill¨®n de euros

Espa?a sancionar¨¢ con hasta un mill¨®n de euros a las administraciones o las empresas que tomen represalias contra los denunciantes de corrupci¨®n. Esta es una de las novedades que incluye el anteproyecto de la ley para proteger a los filtradores que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, seg¨²n ha avanzado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior a la reuni¨®n del Gobierno. La norma deriva de la directiva europea de filtradores (whistleblowers, en ingl¨¦s), por la que se obliga a toda la Administraci¨®n p¨²blica y a las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.

La conocida como directiva whistleblower (en referencia al t¨¦rmino anglosaj¨®n que alude ¡°al que hace sonar el silbato¡±) alude a quienes denuncian irregularidades en su ¨¢mbito laboral. El objetivo de la norma europea es impulsar iniciativas de denuncias como las de Edward Snowden, el consultor que revel¨® el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de Jos¨¦ Luis Pe?as, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso G¨¹rtel con sus informaciones. El informante ser¨¢ protegido en todo momento, para evitar que, como a menudo ocurre en estos casos, tenga que abandonar su vida anterior o perder el trabajo.

La directiva comunitaria ten¨ªa que haber estado traspuesta antes del pasado 17 de diciembre, pero la ley espa?ola (como la de otros 23 Estados miembros) se ha retrasado, lo que ha llevado a Bruselas a expedientar a los incumplidores aunque el Gobierno de Pedro S¨¢nchez conf¨ªa en tener lista la ley a tiempo de evitar una sanci¨®n. La norma europea obliga a las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores y las Administraciones p¨²blicas a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias, pero deja en manos de cada pa¨ªs decisiones como si las denuncias solo se podr¨¢n presentar por canales internos o si existen tambi¨¦n v¨ªas externas. Finalmente, el Gobierno ha optado por que exista una autoridad independiente que gestionar¨¢ un canal externo de denuncias, aunque los canales internos, en las organizaciones en las que existan, ser¨¢n ¡°la v¨ªa preferente¡±, ha se?alado Llop.

El objetivo principal de la directiva es proteger a quienes denuncien pr¨¢cticas corruptas, fraudes o cualquier vulneraci¨®n de leyes nacionales o europeas mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibici¨®n de cualquier represalia contra ellos, pero no pretende ¡°sustituir¡± las v¨ªas de denuncia habituales, ha asegurado Llop. Los receptores de la denuncia estar¨¢n obligados a remitirla a la Fiscal¨ªa si hay indicios de pr¨¢cticas delictivas y esas vulneraciones se dirimir¨¢n en los tribunales. La nueva norma no sanciona las infracciones, sino las posibles represalias contra el denunciante, para lo que se prev¨¦n multas de hasta un mill¨®n de euros.

La ley contemplar¨¢ tambi¨¦n la posibilidad de presentar denuncias an¨®nimas, pero se habilitar¨¢ un sistema para poder confirmar la identidad del denunciante. En el sector p¨²blico, la directiva europea daba margen a cada Estado para que decidiera si la obligaci¨®n de disponer de un canal interno se limita a las instituciones m¨¢s grandes. En Espa?a, tendr¨¢n que tenerlo las administraciones p¨²blicas (estatales, auton¨®micas, provinciales, locales...), las universidades, las sociedades y fundaciones, las corporaciones p¨²blicas y todos los ¨®rganos constitucionales, entre otros.

Los municipios menores de 10.000 habitantes podr¨¢n compartir medios para recibir informaciones con otros ayuntamientos que no superen esos 10.000 habitantes o con entidades supramunicipales de la misma comunidad aut¨®noma, aunque cada corporaci¨®n local tenga su propio responsable del sistema interno de informaci¨®n, seg¨²n ha informado el Ministerio de Justicia.

Tambi¨¦n estar¨¢n obligados a contar con un sistema interno de informaci¨®n todos los partidos pol¨ªticos, sindicatos, organizaciones empresariales, as¨ª como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos p¨²blicos.