El juez imputa a Luis Medina un delito de alzamiento de bienes por ocultar el dinero de la comisi¨®n cuando ya era investigado

El juez Adolfo Carretero, que instruye la causa por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia con comisiones desorbitadas, ha acordado este mi¨¦rcoles imputar un nuevo delito, el de alzamiento de bienes, a uno de los implicados, Luis Medina, por desprenderse de una parte de su patrimonio cuando ya sab¨ªa que era investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La maniobra, que consisti¨® en desprenderse de un producto financiero en el que hab¨ªa invertido 400.000 euros de la comisi¨®n, buscaba presuntamente que no le fuera embargado ese dinero. Hasta ahora, los dos empresarios estaban acusados de estafa agravada, blanqueo y falsificaci¨®n. Ambos deben declarar ante el juez el 25 de abril.

La decisi¨®n del juez constata la dificultad que est¨¢ encontrando la justicia en este caso para bloquear bienes a Medina y su socio, el tambi¨¦n empresario Alberto Luce?o, para garantizar las fianzas de responsabilidad civil que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide que se les imponga. De los 6,7 millones que reclama, hasta ahora solo se han podido asegurar bienes por un total de 1,5 millones, menos de una cuarta parte del total.

Anticorrupci¨®n fij¨® las cuant¨ªas de la responsabilidad civil a partir de la cantidad que se embolsaron Luce?o y Medina con su contrato con el Ayuntamiento de la capital, a la que suma un tercio de la misma, como fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, ambas fianzas representan 6.784.714 euros. De esta cantidad, reclama 1.216.989 euros a Medina y los 5.567.725 restantes a Luce?o, que es quien se llev¨® el mayor porcentaje de las comisiones presuntamente abusivas. No obstante, la Fiscal¨ªa recuerda que lo que no se le pueda embargar a uno se le puede reclamar al otro, ¡°dado el car¨¢cter solidario de la responsabilidad civil¡±, seg¨²n recoge en un escrito remitido al juez.

Hasta ahora la justicia solo ha podido embargar a Medina bienes por un total de 325.762 euros (un yate valorado en 325.515 euros y los 247 euros del saldo de una cuenta), despu¨¦s de que Deutsche Bank, la entidad financiera en la que ingres¨® la comisi¨®n, informase de que, de las tres cuentas que ten¨ªa abiertas (una en d¨®lares), dos ten¨ªan saldos negativos y en la tercera solo una peque?a cantidad. En su informe, el banco tambi¨¦n detallaba que el investigado mantiene una deuda de 5.719 euros con la entidad por no atender los cargos de una tarjeta de cr¨¦dito y que se hab¨ªa desprendido poco antes de ser interrogado por Anticorrupci¨®n de bonos por un valor de 400.000 euros. La Fiscal¨ªa cifr¨® entonces en 891.221 euros la cantidad que a¨²n queda por asegurar en su caso, que es la cantidad que ha fijado ahora el juez Carretero en el auto en el que imputa el nuevo delito a Medina.

En el caso de Luce?o, las gestiones judiciales tambi¨¦n est¨¢n lejos de conseguir bloquear bienes por una cuant¨ªa suficiente para cubrir la fianza que pide Anticorrupci¨®n para ¨¦l, y que es de 5.567.725 euros. En su caso, la justicia ya ha dado ¨®rdenes al Registro de la Propiedad para que bloquee la vivienda que adquiri¨® tras embolsarse la comisi¨®n en Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), y por la que pag¨® 1.107.400 euros. Adem¨¢s, tambi¨¦n ha retenido los fondos que ten¨ªa en tres cuentas en Caixabank a su nombre o al de su empresa Takamaka Invest S.L. En total, 129.139 euros.

La justicia tambi¨¦n ha intentado bloquear los veh¨ªculos de lujo que el empresario adquiri¨® tras cerrar el negocio con el consistorio, pero ha descubierto que, al menos, tres de ellos los vendi¨® entre enero y abril pasado, cuando ya era investigado por Anticorrupci¨®n. Entre ellos se encuentra un Range Rover y un Lamborghini. El juez ha pedido este martes a las partes que planteen qu¨¦ medidas cautelares econ¨®micas adopta con el empresario para lograr asegurar el resto de la fianza.

Embargo de derechos hereditarios

En el caso de Medina, la Fiscal¨ªa solicit¨® al juez que reclame al comisionista garant¨ªas para cubrir el dinero restante y, en caso de que no lo haga, que ordene el embargo de otros bienes que pudieran estar a su nombre, sin especificar cu¨¢les. En la misma l¨ªnea ha apuntado Podemos, que es una de las acusaciones populares personadas en la causa. En su caso, plantea al magistrado que requiera a Medina que entregue en el plazo de tres d¨ªas un listado con sus bienes y, si no lo hace, que se averig¨¹e cu¨¢l es su patrimonio para proceder a su embargo. Tambi¨¦n ha planteado que solicite a la Agencia Tributaria informaci¨®n sobre los bienes que Medina pudiera disponer en el extranjero.

Por su parte, el PSOE, tambi¨¦n personado como acusaci¨®n popular, ha recordado al juez que existe un proceso en un juzgado de Sevilla para dirimir el reparto de la herencia de la abuela de Medina, Victoria Eugenia Fern¨¢ndez de C¨®rdoba, entre cuyos beneficiarios estar¨ªa el comisionista, con vistas a embargar sus derechos hereditarios. Sobre Luce?o, la Fiscal¨ªa y el resto de las partes a¨²n no han planteado medidas, aunque todo apunta que ser¨¢n similares que las pedidas a su socio.

Mientras, la justicia de Malasia ha echado un jarro de agua fr¨ªa a la investigaci¨®n, tras informar que el empresario San Chin Choon, responsable de la empresa Leno que vendi¨® el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, se niega a colaborar en la investigaci¨®n. Anticorrupci¨®n hab¨ªa enviado en mayo de 2021 una comisi¨®n rogatoria (solicitud de auxilio judicial) a las autoridades del pa¨ªs asi¨¢tico para interrogar como testigo a San Chin Choon. El escrito inclu¨ªa las 19 preguntas que se le quer¨ªan plantear a este.

En un primer momento, Malasia plante¨® como condici¨®n para ejecutar que Espa?a se comprometiera a cumplimentar peticiones de ayuda similares que pudieran enviarles el pa¨ªs asi¨¢tico. Tras hacerlo Espa?a, sus autoridades localizaron al empresario, que finalmente se neg¨® a responder las preguntas, seg¨²n se recoge en la respuesta que lleg¨® al Ministerio de Justicia espa?ol el pasado lunes. En la misma tambi¨¦n se destaca que la ley malasia no permite forzar a hacerlo.