La fiscalizaci¨®n de las cuentas de la Casa Real no se remitir¨¢ a las Cortes sino al propio Felipe VI

La fiscalizaci¨®n de las cuentas de la Casa del Rey por parte del Tribunal de Cuentas es la principal novedad del decreto que reforma la estructura y funcionamiento de la Casa del Rey, aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Los presupuestos de La Zarzuela ya eran auditados por la Intervenci¨®n General del Estado, pero ahora se ha decidido que esta fiscalizaci¨®n recaiga en el Tribunal de Cuentas, como sucede con los dem¨¢s organismos del Estado, mientras que el interventor se encargar¨¢ del control previo de los gastos de Felipe VI.

La Casa del Rey no est¨¢ obligada legalmente a someter sus gastos a un control externo ¡ªel art¨ªculo 65 de la Constituci¨®n dice que el Rey ¡°distribuye libremente¡± el presupuesto de su casa¡ª, por lo que tendr¨¢ que firmar un convenio de prestaci¨®n de servicios con el Tribunal de Cuentas. No es la primera vez que el organismo fiscalizador del Estado suscribe este tipo de acuerdos; entre otras instituciones, lo ha hecho con su hom¨®logo portugu¨¦s y con los m¨¢s altos ¨®rganos del Poder Judicial.

Al contrario de lo que se hace con las dem¨¢s auditor¨ªas, la fiscalizaci¨®n sobre la Casa Real no se remitir¨¢ a las Cortes ni se debatir¨¢ en la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas. El Gobierno aduce que el Parlamento carece de competencias para controlar las cuentas del jefe del Estado. El informe de auditor¨ªa se limitar¨¢ a reflejar ¡°si las cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situaci¨®n financiera del organismo, as¨ª como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidaci¨®n del presupuesto¡±, seg¨²n el real decreto, y se publicar¨¢ en la web de la Casa del Rey.

El informe del Tribunal de Cuentas afectar¨¢ al ejercicio siguiente al de aquel en que se firme el convenio; es decir, como muy pronto ser¨¢ el correspondiente a 2023. El objetivo de la reforma, que modifica un decreto vigente desde 1988, es ¡°reforzar la transparencia, la rendici¨®n de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real¡±, seg¨²n La Moncloa.

En realidad, la nueva fiscalizaci¨®n solo afectar¨¢ a una parte del presupuesto de la Jefatura del Estado (los 8,4 millones que le asignan los Presupuestos Generales del Estado para 2022), ya que la mayor parte de su gasto se sufraga con las partidas de los ministerios del Interior (seguridad), Defensa (Guardia Real) y Hacienda (parque m¨®vil y Patrimonio del Estado), que ya son auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El convenio con el ¨®rgano fiscalizador no ser¨¢ el ¨²nico que suscriba la Casa del Rey: firmar¨¢ otro con la Abogac¨ªa General del Estado, que le prestar¨¢ asesoramiento jur¨ªdico, as¨ª como con otras entidades p¨²blicas cuya colaboraci¨®n requiera, como la Secretar¨ªa de Estado de Comercio. Para homologar el funcionamiento de La Zarzuela al de la Administraci¨®n General del Estado, el decreto establece que el director de la Oficina de Intervenci¨®n sea un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el consejero diplom¨¢tico sea un diplom¨¢tico de carrera.

El decreto da rango normativo a las disposiciones que ha ido adoptando Felipe VI desde su coronaci¨®n para dar mayor transparencia a la Jefatura del Estado. En concreto, establece la publicaci¨®n en la p¨¢gina web de La Zarzuela de su presupuesto y los estados de ejecuci¨®n trimestral, los contratos suscritos, las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales recibidos (que se incorporar¨¢n al Patrimonio Nacional o ser¨¢n donados a entidades sin ¨¢nimo de lucro) y la memoria anual de actividades realizadas.

El personal de la Casa del Rey deber¨¢ adecuar su comportamiento al C¨®digo de Conducta ¡ªbasado en los principios de honradez, ejemplaridad y austeridad¡ª, mientras que los altos cargos y personal directivo de La Zarzuela deber¨¢n cumplimentar una declaraci¨®n de bienes cuando sean nombrados y cuando dejen el puesto.

El decreto establece una nueva regulaci¨®n de los contratos de la Casa del Rey, que estar¨¢n sujetos al principio de publicidad, ordena la aprobaci¨®n de unas nuevas instrucciones de contrataci¨®n y establece la obligaci¨®n de publicar la regulaci¨®n del procedimiento presupuestario y de contabilidad.

Finalmente, reconoce que la asistencia sanitaria de la familia real en su residencia corresponde a la Unidad Sanitaria de la Guardia Real, en virtud de un acuerdo firmado en 1999 con el Ministerio de Defensa.

La reforma de la Casa del Rey se ha aprobado un d¨ªa despu¨¦s de que esta hiciera p¨²blico, por vez primera, el patrimonio personal de Felipe VI: 2.573.392,80 euros, que se desglosan en 2.267.942,80 euros en valores y dep¨®sitos bancarios; y otros 305.450 en obras de arte, antig¨¹edades y joyas. La decisi¨®n de hacer p¨²blico su patrimonio la ha tomado voluntariamente el Monarca. El decreto aprobado por el Gobierno no le obliga a ello ni prev¨¦ la posibilidad de que vuelva a hacerlo en el futuro.

La inviolabilidad, sin cambios

La reforma aprobada el martes es producto de a?os de conversaciones entre La Moncloa (especialmente el ministro de Presidencia, F¨¦lix Bola?os) y La Zarzuela. En diciembre de 2020, el presidente Pedro S¨¢nchez dio a entender que la decisi¨®n era inminente. ¡°El Rey quiere una Monarqu¨ªa constitucional adaptada a la Espa?a del siglo XXI. Renovaci¨®n, rendici¨®n de cuentas, ah¨ª est¨¢ trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya ver¨¢n c¨®mo se materializa la hoja de ruta de renovaci¨®n de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad¡±, sentenci¨®.

Pero, tras esa afirmaci¨®n, la reforma qued¨® aparcada. Una vez que la Fiscal¨ªa ha decidido cerrar las diligencias sobre la fortuna en el extranjero del rey Juan Carlos, La Moncloa y La Zarzuela han recuperado los trabajos que estaban muy avanzados y se ha aprobado el decreto.

De momento, la Casa del Rey no tiene planes para abordar nuevas reformas, aunque las medidas acordadas con el Gobierno y el PP, como principal grupo de la oposici¨®n, orillan el punto m¨¢s espinoso: la limitaci¨®n de la inviolabilidad del jefe del Estado prevista en la Constituci¨®n, para que cubra solo las actividades vinculadas al ejercicio de su cargo y no las de car¨¢cter privado, como ha sucedido con el presunto enriquecimiento il¨ªcito de Juan Carlos I mientras ejerc¨ªa la Jefatura del Estado.

Consulte el texto del BOE con el que entra en vigor la reestructuraci¨®n de la Casa del Rey. Si no puede leerlo pinche aqu¨ª.