La Casa del Rey tendr¨¢ un canal interno para denunciar pr¨¢cticas corruptas

La Casa del Rey tendr¨¢ que poner a disposici¨®n de sus trabajadores un sistema interno de denuncias de pr¨¢cticas corruptas. El Gobierno ha incluido a La Zarzuela en la ley para proteger a los denunciantes de corrupci¨®n, cuyo anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PA?S, aprob¨® este viernes el Consejo de Ministros. La norma deriva de una directiva europea que obliga a la Administraci¨®n p¨²blica y a las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias. El anteproyecto aprobado en primera vuelta contempla sanciones de hasta un mill¨®n de euros para las compa?¨ªas que no protejan a los denunciantes o se venguen de su filtraci¨®n.

La decisi¨®n de incluir a la Casa del Rey en la ley para proteger a los denunciantes de corrupci¨®n llega 48 horas despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa hiciera p¨²blicas las conclusiones de las tres investigaciones que manten¨ªa abiertas contra el rey em¨¦rito, que constatan que el anterior jefe de Estado cometi¨® numerosas irregularidades fiscales por las que no se le puede perseguir penalmente. El Ejecutivo descarta por ahora revisar la inviolabilidad de la que goza el jefe de Estado, pero s¨ª ha incorporado a la Casa del Rey en la ley que pretende sacar a la luz infracciones y pr¨¢cticas corruptas.

La conocida como directiva whistleblower (en referencia al t¨¦rmino anglosaj¨®n que alude ¡°al que hace sonar el silbato¡±, o denunciante), aprobada en 2019, protege a quienes denuncian irregularidades en su ¨¢mbito laboral. El objetivo es impulsar iniciativas de denuncias como las de Edward Snowden, el consultor que revel¨® el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de Jos¨¦ Luis Pe?as, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso G¨¹rtel con sus informaciones. La norma pretende proteger al informante para evitar que tenga que abandonar su vida anterior o perder el trabajo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, defini¨® este viernes la ley como ¡°un ant¨ªdoto contras las pr¨¢cticas corruptas¡±.

La directiva comunitaria ten¨ªa que haber estado traspuesta antes del pasado 17 de diciembre, pero la ley espa?ola (como la de otros 23 Estados miembros) se ha retrasado, lo que ha llevado a Bruselas a expedientar a los incumplidores aunque el Gobierno de Pedro S¨¢nchez conf¨ªa en tener lista la ley a tiempo de evitar una sanci¨®n. La norma europea obliga a las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores y las Administraciones p¨²blicas a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias, pero deja en manos de cada pa¨ªs algunas decisiones, como si afecta a todas las instituciones p¨²blicas o solo a las m¨¢s grandes. En Espa?a, tendr¨¢n que tenerlo todas las administraciones (estatales, auton¨®micas, provinciales, locales...), las universidades, las sociedades y fundaciones, las corporaciones p¨²blicas y todos los ¨®rganos constitucionales, entre otros.

Tambi¨¦n estar¨¢n obligados a contar con un canal interno de informaci¨®n los partidos pol¨ªticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones que gestionen fondos p¨²blicos. ¡°La generalizaci¨®n de un sistema interno de comunicaciones facilitar¨¢ la erradicaci¨®n de cualquier sospecha de nepotismo, clientelismo, derroche de fondos p¨²blicos, financiaci¨®n irregular u otras pr¨¢cticas corruptas¡±, explica el anteproyecto en la Exposici¨®n de Motivos. Los receptores de la denuncia estar¨¢n obligados a remitirla a la Fiscal¨ªa si hay indicios de delito, y esas vulneraciones se dirimir¨¢n en los tribunales.

La regulaci¨®n referida a la Casa del Rey se ha incluido en una disposici¨®n adicional que costa de dos apartados: 1. ¡°La Casa de Su Majestad el Rey establecer¨¢ y gestionar¨¢ un sistema interno de comunicaciones siguiendo las previsiones de esta ley y que ser¨¢ accesible desde su p¨¢gina web¡±. 2. ¡°La Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante actuar¨¢ como canal externo de comunicaciones respecto de las infracciones previstas en esta ley cometidas en el ¨¢mbito de la Casa de Su Majestad el Rey y como autoridad independiente de protecci¨®n de informantes en dicho ¨¢mbito¡±.

Autoridad independiente

La autoridad independiente es uno de los ejes centrales de la futura ley. Al margen de los canales internos de denuncias con los que deber¨¢n contar las administraciones, habr¨¢ tambi¨¦n un canal externo al que cualquier ciudadano podr¨¢ dirigirse directamente o tras la denuncia la interna para informar de una infracci¨®n en cualquier administraci¨®n o entidad del sector p¨²blico. Este sistema lo gestionar¨¢ la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante, un organismo de nueva creaci¨®n que tendr¨¢ potestad normativa (podr¨¢, por ejemplo, emitir circulares con normas reglamentarias) y sancionadora. Su presidente, que tendr¨¢ rango de subsecretario de Estado, ser¨¢ nombrado por real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Justicia por un per¨ªodo de cinco a?os no renovable. El anteproyecto recoge que debe ser una persona ¡°de reconocido prestigio y competencia profesional en el ¨¢mbito del cumplimiento normativo¡±. ¡°El Congreso, a trav¨¦s de la Comisi¨®n correspondiente y por acuerdo adoptado por mayor¨ªa absoluta, deber¨¢ ratificar el nombramiento en el plazo de un mes desde la recepci¨®n de la correspondiente comunicaci¨®n. En ning¨²n caso podr¨¢ ser objeto de pr¨®rroga su mandato¡±. Habr¨¢ tambi¨¦n una comisi¨®n consultiva que asesorar¨¢ al presidente y que estar¨¢ integrada por 11 miembros de diversos organismos y ministerios.

Las sanciones que imponga este organismo ser¨¢n el final de la instrucci¨®n administrativa de la denuncia. Lo que se castiga no es la infracci¨®n denunciada sino ¡°la represalia o tentativa de represalia¡± contra el informante. El anteproyecto considera ¡°represalia¡± acciones como el despido, la imposici¨®n de medidas disciplinarias, ¡°coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo¡± o la inclusi¨®n en ¡°listas negras o difusi¨®n de informaci¨®n¡± en un determinado sector. Las sanciones ser¨¢n de entre 5.000 y 300.000 euros para las personas responsables de estos actos y de entre 100.000 y un mill¨®n para las empresas.

La futura ley reconocer¨¢ el derecho del denunciante a preservar su identidad, por lo que tanto los canales de informaci¨®n internos como los externos deber¨¢n contar con ¡°medidas t¨¦cnicas y organizativas¡± que garanticen la confidencialidad. La identidad s¨®lo podr¨¢ ser comunicada a la justicia, a la Fiscal¨ªa o a la autoridad administrativa en el marco de la investigaci¨®n.