El CNI se siente cabeza de turco
Los esp¨ªas dan por sentando que su directora, Paz Esteban, pagar¨¢ por un fallo de seguridad que no pod¨ªan evitar debido a la falta de protocolos obligatorios
Todo estaba listo para que el viernes Felipe VI presidiera, en la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a las afueras de Madrid, el 20? aniversario de su creaci¨®n. El 6 de mayo de 2002, Juan Carlos I firm¨® la ley que mudaba de piel al viejo Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (Cesid), nacido de la fusi¨®n de los servicios secretos del franquismo, para dar a luz un organismo renovado y homologable a los m¨¢s avanzados del mundo. El esc¨¢ndalo de unas escuchas indiscriminadas que alcanzaron al propio Rey hab¨ªa minado su credibilidad y desencadenado la dimisi¨®n de un vicepresidente (Narc¨ªs Serra), un ministro de Defensa (Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas) y del incombustible director del servicio secreto, el general Emilio Alonso Manglano.
La semana pasada, cuando estall¨® el esc¨¢ndalo Pegasus ¡ªla interceptaci¨®n de los m¨®viles de m¨¢s de 60 dirigentes independentistas, incluidos los cuatro ¨²ltimos presidentes de la Generalitat catalana¡ª se suspendieron abruptamente todos los fastos. El CNI no estaba para celebraciones y su directora, Paz Esteban, ya no hablar¨ªa ante sus m¨¢s de 3.000 agentes, sino ante los diputados de la comisi¨®n de secretos oficiales del Congreso, un auditorio mucho menos favorable.
Los esp¨ªas espa?oles, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al CNI, est¨¢n convencidos de que su jefa ¨Dque en enero de 2020 se convirti¨® en la primera mujer y funcionaria del servicio secreto nombrada directora del mismo¡ª ser¨¢ la cabeza de turco del esc¨¢ndalo. Pero no porque crean que esta madrile?a de 64 a?os ha hecho algo ilegal.
Fuentes gubernamentales aseguran que la directora del CNI acudir¨¢ ma?ana al Congreso con las autorizaciones judiciales de sus intervenciones telef¨®nicas, todas individualizadas, debidamente motivadas y firmadas por el magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar las actividades del centro. No son todos los nombres que est¨¢n en la lista difundida por Citizen Lab (el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que ha acreditado la intrusi¨®n en los m¨®viles de m¨¢s de 60 personas vinculadas al proc¨¦s), pero s¨ª parte de ellos. Lo m¨¢s complicado para Paz Esteban ser¨¢ explicar por qu¨¦ se ha espiado a cargos p¨²blicos o letrados. Alegar¨¢, seg¨²n las fuentes consultadas, que no se han investigado sus actividades institucionales o profesionales (es decir, no se han vulnerado los derechos pol¨ªticos de unos ni el derecho a la defensa de otros), sino sus relaciones con grupos violentos o agentes extranjeros.
Sin embargo, la cabeza pol¨ªtica de la directora del CNI, con rango de secretaria de Estado, no peligra por haber realizado escuchas (aunque su cese pueda satisfacer o no la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas de ERC), sino por no haberlas evitado. Es decir, no por el caso denunciado por Citizen Lab, sino por el de la intrusi¨®n con Pegasus en los m¨®viles del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El reconocimiento de que el m¨®vil de S¨¢nchez fue atacado en mayo y junio de 2021 con el programa israel¨ª, y el de Robles en esta ¨²ltima fecha ¡ªy que los piratas inform¨¢ticos les robaron m¨¢s de 2,6 gigas de datos¡ª, supone una brecha de seguridad de proporciones colosales. Sobre todo, porque pas¨® casi un a?o sin que nadie se percatara de lo ocurrido.
La ley del CNI le atribuye, entre otras misiones, la de ¡°garantizar la seguridad de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n¡± en la Administraci¨®n del Estado y ¡°velar por el cumplimiento de la normativa de protecci¨®n de la informaci¨®n clasificada¡±. Esta funci¨®n la desarrolla el Centro Criptol¨®gico Nacional (CCN), dependiente del CNI, cuya directora es la propia Paz Esteban. En teor¨ªa, pues, ser¨ªa la responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones del jefe del Gobierno y sus ministros.
En la pr¨¢ctica, sin embargo, no existe ning¨²n protocolo de cumplimiento obligatorio para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo, seg¨²n las fuentes consultadas. La normativa vigente solo se refiere al manejo de la informaci¨®n clasificada secreta. Los altos cargos reciben al tomar posesi¨®n un m¨®vil, suministrado por la Secretar¨ªa General de la Presidencia del Gobierno, que incorpora las ¨²ltimas tecnolog¨ªas en materia de encriptado y protecci¨®n frente a ciberataques con un software desarrollado por una empresa espa?ola. Peri¨®dicamente, se incorporan parches, aplicaciones y actualizaciones de cortafuegos a los terminales.
Sin embargo, las alertas de seguridad que peri¨®dicamente remite el CCN a los organismos de la Administraci¨®n tienen el valor de recomendaciones, no son instrucciones de obligado cumplimiento. En julio de 2021, el centro difundi¨® un documento que advert¨ªa de los riesgos del programa esp¨ªa Pegasus y explicaba, paso a paso, el procedimiento para comprobar si un m¨®vil hab¨ªa sido infectado. Realizar o no el an¨¢lisis quedaba en manos del usuario y el CCN se limitaba a pedir que se le remitiera el resultado.
No est¨¢ previsto que los ministros entreguen peri¨®dicamente sus m¨®viles al CNI para que este compruebe si han sido atacados por alg¨²n virus. Quienes lo entregan lo hacen voluntariamente cuando tienen alguna sospecha de haber sido infectados. El an¨¢lisis exhaustivo que se est¨¢ realizando durante estos d¨ªas por orden del presidente del Gobierno tiene car¨¢cter excepcional. ¡°?Se imagina c¨®mo habr¨ªa reaccionado Pablo Iglesias si cada mes se presentaran dos esp¨ªas en su despacho de vicepresidente pidi¨¦ndole el m¨®vil?¡±, se?ala un antiguo agente del centro.
M¨¢s all¨¢ del cese de la directora, lo que preocupa en el servicio secreto es la p¨¦rdida de confianza y prestigio entre sus hom¨®logos extranjeros. Eso tambi¨¦n es un agujero de seguridad.
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