El Tribunal Superior de Baleares ordena juzgar al juez y fiscal del ¡®caso Cursach¡¯ por amenazar a investigados

A una semana de que arranque el juicio por el caso Cursach, una de las mayores tramas de corrupci¨®n policial de Baleares, el Tribunal Superior de la comunidad (TSJB) ha ordenado sentar en el banquillo a los antiguos investigadores de la causa por presuntos delitos e irregularidades cometidas durante los a?os que dur¨® la instrucci¨®n. El que fuera juez instructor, Manuel Penalva, el fiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n, y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Polic¨ªa Nacional de Baleares ser¨¢n juzgados por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, amenazas y coacciones a testigos, obstrucci¨®n a la justicia y revelaci¨®n de secretos.

La sala de lo penal del TSJB ha emitido un extenso documento en el que estima parcialmente los recursos que la Fiscal¨ªa y las acusaciones presentaron contra un auto dictado por el instructor del caso, Carlos G¨®mez, que en abril del a?o pasado finaliz¨® la instrucci¨®n de la investigaci¨®n apreciando ¨²nicamente delitos de revelaci¨®n de secretos y omisi¨®n del deber de perseguir delitos en la conducta de los antiguos investigadores. Esta decisi¨®n fue contestada en forma de una avalancha de recursos que plantearon la Fiscal¨ªa y las acusaciones y que han sido resueltos ahora, casi un a?o despu¨¦s y cuando apenas queda una semana para que se juzgue el caso matriz por el que sus antiguos investigadores son objeto de escrutinio.

La Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal ha dictado este lunes un auto en el que confirma el sobreseimiento libre de los acusados con respecto a un listado de hechos y episodios concretos, pero revoca y pide seguir el proceso con respecto a otros, como presuntos delitos de prevaricaci¨®n cometidos en la docena de detenciones ordenadas en una pieza separada del caso Cursach que investig¨® el cobro de una mordida por parte de un concejal del Ayuntamiento y que termin¨® siendo archivada. Los jueces consideran que las detenciones no estaban suficientemente motivadas y justificadas y estiman que el magistrado tambi¨¦n podr¨ªa haber cometido un presunto delito de prevaricaci¨®n al ordenar el ingreso en prisi¨®n provisional de uno de los implicados en esta pieza, un empresario que termin¨® siendo absuelto.

El auto de la sala tambi¨¦n acuerda que se siga el procedimiento contra el juez y el fiscal por presuntos delitos de amenazas y coacciones contra un total de nueve personas, todos ellos investigados o testigos en las diferentes ramas del caso Cursach. Sobre el fiscal Subir¨¢n, los jueces de la sala tambi¨¦n aprecian indicios de un presunto delito de inducci¨®n al falso testimonio sobre un testigo protegido de la causa. ¡°No puede descartarse ahora que los destinatarios de tan claras presiones se hubieran podido sentir amenazados o en su caso coaccionados¡± dicen los magistrados, sobre algunas de los episodios en los que algunos investigados denunciaron que hab¨ªan sido advertidos de que pod¨ªan cambiar a peor su condici¨®n procesal o incluso ser enviados a prisi¨®n si no declaraban lo que los investigadores pretend¨ªan. La sala abre la puerta juzgar a los seis acusados por m¨²ltiples delitos de revelaci¨®n de secretos y omisi¨®n del deber de perseguir delitos por las numerosas filtraciones que en ocasiones terminaron siendo p¨²blicas y que las acusaciones atribuyen a un intento de los antiguos investigadores de crear ¡°un clima medi¨¢tico de contaminaci¨®n hostil¡± con respecto a los investigados.

El juez Penalva fue jubilado por incapacidad permanente por el Consejo General del Poder Judicial en julio del a?o pasado y el fiscal Subir¨¢n fue jubilado de forma anticipada en 2020. Ambos fueron apartados de la investigaci¨®n del caso Cursach en marzo de 2018 despu¨¦s de que un juzgado comenzara a indagar las filtraciones de parte del sumario a petici¨®n de las defensas de varios de los encausados en el caso. Estas pesquisas revelaron la existencia de un chat de WhatsApp en el que los polic¨ªas del grupo de Blanqueo de la Polic¨ªa Nacional encargados del asunto comentaban su d¨ªa a d¨ªa con el juez y el fiscal, intercambiando opiniones y en ocasiones insultos sobre detenidos e investigados. El asunto pas¨® a manos del TSJB porque Penalva era aforado y este es el organismo competente para investigar a los jueces.

El caso Cursach comenz¨® hace nueve a?os con la investigaci¨®n sobre un supuesto ama?o en las oposiciones de ascenso dentro del cuerpo de la Polic¨ªa Local de Palma. Una operaci¨®n paralela contra la banda motera de Los ?ngeles del Infierno destap¨® una red de connivencia entre empresarios de las zonas de ocio nocturno playero, sus trabajadores y los agentes de la polic¨ªa que hac¨ªan las patrullas para controlar ruidos, aforo y venta de drogas. Tras comenzar la jueza de instrucci¨®n Carmen Gonz¨¢lez a tirar de la madeja, un cambio de destino de la magistrada dej¨® el asunto en manos del juez Penalva y del entonces fiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n, que con la ayuda de un n¨²cleo muy cercano de cuatro polic¨ªas nacionales del grupo de blanqueo pisaron el acelerador de las investigaciones.

El goteo de testigos y detenidos fue constante durante dos a?os. El abanico de investigaciones se iba abriendo cada vez m¨¢s y desfilaron por el despacho del juez desde mandos de la polic¨ªa, altos funcionarios municipales y pol¨ªticos a camareros de discoteca, empresarios de la noche y una madame. Las comparecencias judiciales se intercalaban con denuncias de los testigos de la Fiscal¨ªa que acusaban de amenazas al entorno de Cursach y las quejas de los abogados personados por las formas y las resoluciones de los investigadores, que fueron autorizados a portar armas cortas tras denunciar episodios de seguimiento. La investigaci¨®n alcanz¨® su cenit con la detenci¨®n e ingreso en prisi¨®n provisional del empresario Cursach, acusado de m¨¢s de una decena de delitos, y de su mano derecha, Bartolom¨¦ Sbert, en febrero de 2017.

Poco despu¨¦s de la detenci¨®n del empresario, dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subir¨¢n, que comenzaron a ser investigados. Las conversaciones de WhatsApp incluidas en el sumario recogen insultos del magistrado a algunos de los investigados y terminaron con el juez Penalva apartado del caso tras una recusaci¨®n y con el fiscal Subir¨¢n de baja. El caso Cursach pas¨® entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidi¨® indagar las continuas filtraciones de parte del sumario y provoc¨® la incautaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de WhatsApp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio p¨²blico y les llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El caso Cursach ha seguido su curso hasta el comienzo, el lunes, del juicio.