El bloqueo del Poder Judicial deja ya un tercio de puestos vacantes en la c¨²pula judicial

El retraso de m¨¢s de tres a?os y medio en renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¨Dpor la resistencia del PP en este tiempo a pactar con el PSOE¨D y la prohibici¨®n legal ¨Dimpuesta por el Gobierno hace un a?o¨D de que, en esas condiciones de interinidad, este organismo realice nombramientos discrecionales ha dejado ya 65 plazas vacantes en la c¨²pula judicial: casi un tercio (un 32% ) de los alrededor de 200 puestos. Si los partidos no logran alcanzar un acuerdo antes de final de a?o, la cifra se elevar¨¢ a 70, y si no hay pacto en lo que queda de legislatura, a final de 2023 ser¨¢n ya 83 los puestos vacantes (41% del total), seg¨²n las previsiones que maneja el propio Consejo. El Tribunal Supremo es el ¨®rgano m¨¢s afectado, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja una silla vac¨ªa. Ya lo est¨¢n 14 de sus 79 puestos y de aqu¨ª a final de a?o est¨¢ prevista la salida, por jubilaci¨®n, de otros tres jueces. En el resto de ¨®rganos, los puestos vacantes no se traducen en sillas vac¨ªas sino en altos cargos que siguen ejerciendo con el mandato caducado o presidencias de altos tribunales que son ocupadas de forma interina por otros magistrados.

El Poder Judicial ha llegado al verano bajo las previsiones m¨¢s pesimistas: sin acuerdo para su renovaci¨®n ni visos de que esta pueda estar cerca. Entre los miembros del propio Consejo y los magistrados del Supremo, se daba hace unas semanas casi por hecho que el nuevo PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o propiciar¨ªa la renovaci¨®n m¨¢s pronto que tarde y el pacto estar¨ªa cerrado antes del verano. En cualquier caso, advert¨ªan en ambos organismos, la renovaci¨®n ten¨ªa que estar consumada, o al menos encarrilada, antes de la apertura del a?o judicial, que a¨²n no tiene fechavpero suele celebrarse en los primeros d¨ªas de septiembre. Pero la constataci¨®n esta semana de que las opciones de negociaci¨®n entre PSOE y PP han vuelto a saltar por los aires han dejado al Consejo y al Supremo entre la desolaci¨®n y el hartazgo.

El alto tribunal es el ¨®rgano m¨¢s afectado por la prohibici¨®n de nombrar cargos discrecionales mientras el Consejo est¨¦, como ahora, en situaci¨®n de interinidad. Las designaciones vetadas son las correspondientes a presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Pero aunque ninguna de estas plazas pueden ser reasignada, no todas las vacantes tienen las mismas consecuencias. Las que m¨¢s preocupan son las del Supremo porque cada magistrado que pierde el tribunal (por jubilaci¨®n, fallecimiento o por una marcha voluntaria), deja un hueco que no puede ser cubierto mientras el CGPJ siga en funciones, lo que ya afecta al d¨ªa a d¨ªa del tribunal, que hace unas semanas acord¨® dirigirse al Congreso y el Senado (encargados de impulsar la renovaci¨®n del Consejo) para darle cuenta de su situaci¨®n. En un escrito firmado por toda la Sala de Gobierno, el Supremo advert¨ªa del riesgo de ¡°colapso¡±.

¡°El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la funci¨®n que la Constituci¨®n y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondr¨¢ dificultades extraordinarias para su funcionamiento¡±, lament¨® el tribunal, que cifra en alrededor de 1.000 las sentencias que dejar¨¢ de dictar cada a?o (alrededor de un 25% del total) si no recupera magistrados de aqu¨ª a final de a?o. Actualmente, tiene ya 14 vacantes (de una plantilla de 79), a final de a?o ser¨¢n 17; y si no hay acuerdo antes de diciembre de 2023, 22.

La situaci¨®n, si se alarga, ser¨¢ ¡°insostenible¡±, seg¨²n denunci¨® el propio tribunal, donde la reciente decisi¨®n del Gobierno de levantar el veto a los nombramientos del Consejo pero solo para salvar las cuatro vacantes que tiene el Tribunal Constitucional ha sido interpretada entre algunos magistrados como un agravio. La idea que se transmite esa ¨²ltima reforma legal, advierten miembros del tribunal, es que el Supremo puede trabajar diezmado por tiempo indefinido, mientras se buscan soluciones expr¨¦s para renovar el tribunal de garant¨ªas, cuyos magistrados siguen ejerciendo en funciones aunque haya expirado su mandato.

Las vacantes tambi¨¦n afectan a otros tribunales, desde la Audiencia Nacional (que tiene sin cubrir la presidencia de la Sala Penal que dej¨® Concepci¨®n Espejel al ser nombrada para el Constitucional) a las presidencias de Audiencias Provinciales. Tambi¨¦n a los tribunales superiores de justicia, donde hay pendiente de nombramiento siete presidencias (Andaluc¨ªa, Castilla la Mancha, Castilla y Le¨®n, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja). En total, son 49 las plazas sin cubrir entre la Audiencia Nacional y los tribunales auton¨®micos y provinciales. No obstante, en el caso de las presidencias de tribunales o salas que terminan el mandato, el presidente actual continua en funciones hasta que el Consejo se renueve y se pueda designar uno nuevo o reelegir al actual. Solo en el caso de que el se marche (por jubilaci¨®n, fallecimiento o salida a otro cargo) hay que sustituirlo por otro, pero la normativa del Consejo establece un mecanismo para que lo supla el magistrado m¨¢s antiguo de la sala mientras se designa a un sustituto definitivo, por lo que el puesto queda cubierto aunque sea de forma interina.