Lesmes advierte de que el bloqueo del Poder Judicial supone ¡°debilitar la independencia¡± de los jueces
El presidente del Tribunal Supremo denunciar¨¢ la situaci¨®n de obstrucci¨®n en el acto de apertura del a?o judicial
En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el criterio extendido es que se han rebasado ya todos los l¨ªmites razonables para su renovaci¨®n ¡ªpendiente desde hace m¨¢s de dos a?os y medio¡ª, y con el inicio del nuevo curso intentar¨¢ redoblar esfuerzos para que se alcance un acuerdo entre el Gobierno y el PP, actores principales de un acuerdo que no llega a materializarse. La semana pasada se abrieron ciertas expectativas ante la aparente aproximaci¨®n entre el Ejecutivo y los populares en algunas materias, como la crisis de la repatriaci¨®n de menores marroqu¨ªes en Ceuta y la del Mar Menor en Murcia, pero la relaci¨®n entre ambas partes sigue sometida a una continua din¨¢mica de dientes de sierra. El PP mantiene la posici¨®n de bloqueo institucional, como reiter¨® este lunes el secretario general de los populares, Teodoro Garc¨ªa Egea.
En medio de la c¨²pula judicial, en todo caso, hay consenso para que el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, trate de aprovechar cualquier par¨¦ntesis de distensi¨®n entre el Gobierno y el PP con el fin de impulsar la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Lesmes tiene preparado desde hace varias semanas el discurso del acto de apertura del a?o judicial, que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo lunes, d¨ªa 6, presidido por el Rey. Y su intervenci¨®n se centrar¨¢, seg¨²n estas fuentes, en el valor de la independencia judicial en una sociedad democr¨¢tica. En este sentido, subrayar¨¢ que la falta de renovaci¨®n del Consejo implica ¡°debilitar la independencia judicial¡±.
En su discurso de hace un a?o para el anterior acto de apertura de tribunales, Lesmes calific¨® ante el Rey como ¡°seria anomal¨ªa¡± este bloqueo. En todo este periodo del Consejo del Poder Judicial en funciones no se ha contemplado la posibilidad de disolver el ¨®rgano mediante la dimisi¨®n de sus miembros ni se ha efectuado ninguna declaraci¨®n p¨²blica de su presidente hacia el l¨ªder del PP, partido que mantiene la posici¨®n de bloqueo. Lesmes ha preferido actuar con discreci¨®n y ha hablado varias veces con Pablo Casado para intentar desbloquear la situaci¨®n.
En la c¨²pula judicial se tiene conocimiento de que Lesmes contact¨® de nuevo con el l¨ªder del PP hace pocas semanas, como avanz¨® EL PA?S, para solicitarle la m¨¢xima colaboraci¨®n posible en la b¨²squeda del acuerdo. El Consejo evita establecer cuotas de responsabilidad sobre la falta de renovaci¨®n, pero es consciente de que la flexibilizaci¨®n de las exigencias por parte del PP ayudar¨ªa a alcanzar el pacto. En este sentido, entre los vocales predomina el criterio de que la petici¨®n de Casado de que sean los propios jueces ¡ªy no las Cortes¡ª quienes elijan a sus representantes en el CGPJ es asumible, siempre que los populares acepten que la reforma se lleve a cabo sin urgencias; es decir, no necesariamente para esta renovaci¨®n sino para la pr¨®xima.
El presidente del Supremo destacar¨¢ que es precisamente el ¨®rgano de gobierno de los jueces el que debe velar por la garant¨ªa de independencia. El discurso ¡ªconocido en sus l¨ªneas fundamentales por vocales del Consejo¡ª sostiene la tesis de que debilitar este ¨®rgano constitucional da?a al sistema en su conjunto. Para Lesmes, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a dichos vocales, el Consejo del Poder Judicial debe renovarse y recuperar lo antes posible ¡°la plenitud de sus competencias¡±, en particular para efectuar los nombramientos pendientes en puestos clave de la organizaci¨®n judicial. La conclusi¨®n del discurso es que mantener la situaci¨®n actual, y seguir debilitando al Consejo, no es el mejor modo de garantizar la independencia de la justicia.
La principal atribuci¨®n que ha perdido el Consejo por el pulso que ha supuesto su permanencia en funciones es la de efectuar nombramientos, un l¨ªmite introducido en la ley a iniciativa del Gobierno y que en los pr¨®ximos meses puede generar graves problemas para garantizar un funcionamiento id¨®neo de algunos ¨®rganos judiciales, empezando por el Supremo. Si no se renueva, el CGPJ cerrar¨¢ este a?o con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo¡ªproducidas por jubilaci¨®n o fallecimiento¡ª y seis presidencias de Tribunales Superiores de Justicia.
Fuentes del Consejo explican que en su discurso de apertura del a?o judicial Lesmes evitar¨¢ emplear un enfoque catastrofista, pero destacar¨¢ las incertidumbres y distorsiones derivadas de la absoluta excepcionalidad que supone un per¨ªodo tan prolongado de interinidad en la marcha de la instituci¨®n. En dichos medios existen ciertas expectativas de que esta vez el mensaje pueda abrirse camino, y se alienta la esperanza en un acuerdo cada vez que se abre un per¨ªodo de tregua en la tensi¨®n entre el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n. La ministra de Justicia, Pilar Llop, inst¨® este lunes al PP a negociar ¡°sin chantajes¡± y con ¡°sentido de Estado¡± la remodelaci¨®n de los ¨®rganos. Justo ayer se cumplieron 1.000 d¨ªas desde que caduc¨® el mandato del ¨®rgano de gobierno de los jueces, en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. El secretario general de los populares, Teodoro Garc¨ªa Egea, insisti¨® en que si no se acepta la propuesta de cambiar el m¨¦todo de elecci¨®n de los vocales del Poder Judicial ¡ªpor el que el PP y el PSOE se hab¨ªan puesto de acuerdo hasta ahora¡ª, ¡°es muy dif¨ªcil que el Consejo pueda renovarse¡±.
Quienes tanto dentro como fuera del Consejo siguen pensando que el PP mantendr¨¢ su decisi¨®n de no favorecer la renovaci¨®n de la c¨²pula judicial subrayan que la direcci¨®n popular sigue considerando conveniente mantener la mayor¨ªa conservadora existente tanto en el ¨®rgano de gobierno de los jueces como en otras instituciones del ¨¢mbito jur¨ªdico. Se cita, as¨ª, que dicha mayor¨ªa impera, por ejemplo, en el Constitucional o en el Tribunal de Cuentas, con mandatos asimismo caducados y pendientes de que la piedra clave de ese arco del que forman parte, la del Poder Judicial, se desbloquee para dar paso a un acuerdo global o en cadena.
Para los m¨¢s pesimistas sobre las perspectivas del acuerdo, la tentaci¨®n del PP puede ser ahora prolongar el bloqueo, con el fin de alcanzar el mes de julio de 2022 en la misma situaci¨®n e impedir que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponder¨ªa designar entonces en el Constitucional. Para los populares, ese nombramiento ser¨ªa inconstitucional, en la medida en que la Constituci¨®n prev¨¦ que el tribunal de garant¨ªas se renueve cada cuatro a?os por tercios. La tesis es que si el Consejo del Poder Judicial sigue entonces en funciones ¡ªcon lo que no podr¨ªa nombrar a los dos magistrados que tambi¨¦n le corresponden en este turno¡ª, tampoco podr¨ªa hacerlo el Gobierno, porque no se cumplir¨ªa el mandato de los relevos de magistrados por tercios.
Mil d¨ªas de erosi¨®n institucional
El bloqueo de la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial alcanz¨® este lunes uno de esos hitos redondos ¡ªmil d¨ªas¡ª sin visos de solucionarse a corto plazo. El PP, con pretextos variados, se niega a facilitar el reemplazo de los 20 vocales del ¨®rgano con mayor¨ªa conservadora ¡ªreflejo de la mayor¨ªa absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en 2011¡ª tras expirar en diciembre de 2018 el mandato de cinco a?os. Este enrocamiento del partido de Pablo Casado, que aplica su capacidad de bloqueo ¡ªel Congreso y el Senado designan a los vocales a partes iguales por mayor¨ªa de tres quintos¡ª no solo impide que el Consejo tenga una composici¨®n m¨¢s acorde con la realidad parlamentaria actual. La falta de renovaci¨®n, adem¨¢s, est¨¢ erosionando la imagen del Poder Judicial y deteriorando las relaciones entre este poder y las instituciones pol¨ªticas.
El Consejo, que preside Carlos Lesmes desde 2013, se encuentra actualmente con sus funciones limitadas. En marzo pasado, el Gobierno sac¨® adelante una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que impide que el ¨®rgano pueda hacer nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo, ni tampoco presidentes de tribunal o de sala, esto es de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo. Tampoco permite renovar a los dos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Consejo General del Poder Judicial. Desde que se agot¨® su mandato de cinco a?os hasta que entr¨® en vigor la reforma que limita sus funciones, el Consejo hab¨ªa aprobado m¨¢s de 80 nombramientos de este tipo. La incapacidad legal para hacer nombramientos mantiene paralizada la c¨²pula judicial e impide, por ejemplo, cubrir las plazas discrecionales de magistrados que se van jubilando, al tiempo que frustra las posibilidades de otros de progresar en la carrera judicial. Fuentes del Consejo calculan que a final de a?o, si no se logra la renovaci¨®n del ¨®rgano, se habr¨¢n acumulado alrededor de 70 vacantes.
En los ¨²ltimos meses, la relaci¨®n entre el Consejo y el poder pol¨ªtico, sin llegar a quebrarse, se ha ido enrareciendo. El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, siempre dentro de los l¨ªmites institucionales, ha ido endureciendo los mensajes a los partidos para que pacten la renovaci¨®n del ¨®rgano. Incluso lleg¨® a protagonizar una mediaci¨®n entre Casado y La Moncloa para que el PP retirara los vetos y permitiera el reemplazo de los vocales.
El bloqueo de la renovaci¨®n del Consejo, para disgusto de las asociaciones judiciales y de los propios magistrados, est¨¢ espesando la habitual sombra de sospecha de la politizaci¨®n de la Justicia. El PP, que ha llegado a exigir al PSOE que excluya a Unidas Podemos para llegar a un acuerdo y ha vetado el nombramiento de Jos¨¦ Ricardo de Prada, el juez de la sentencia del caso G¨¹rtel, evita la renovaci¨®n desde hace meses escud¨¢ndose en un cambio en la elecci¨®n de los componentes del Consejo del Poder Judicial.
Uno de los momentos m¨¢s tensos de este proceso lleg¨® el pasado oto?o, cuando el Gobierno lleg¨® a impulsar una ley para rebajar de tres quintos a mayor¨ªa absoluta el requisito de apoyo parlamentario para elegir a los vocales del Consejo. El Ejecutivo guard¨® esta reforma en un caj¨®n tras las cr¨ªticas desatadas en la Comisi¨®n Europea. / FERNANDO J. P?REZ
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