La Fiscal¨ªa exculp¨® a Esperanza Aguirre porque ¡°no conoci¨®¡± la corrupci¨®n de su Gobierno y de su partido

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n renuncia a pedir el procesamiento de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid imputada en la l¨ªnea de investigaci¨®n del caso P¨²nica centrada en la presunta caja b del PP de Madrid. Tras m¨¢s de un lustro de instrucci¨®n, el ministerio p¨²blico ha llegado a la conclusi¨®n de que no cuenta con los indicios suficientes para proponer al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que la siente en el banquillo. El fiscal Alejandro Cabaleiro deja clara su posici¨®n en un escrito de 860 p¨¢ginas, al que ha tenido acceso EL PA?S, del que dedica nueve folios a analizar las claves para solicitar el archivo de la causa contra la exdirigente popular: ¡°No se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los delitos¡±.

Aguirre fue imputada en 2019. Entonces, tanto la Fiscal¨ªa como el magistrado instructor la situaron en la c¨²spide de las pesquisas. No solo afirmaron que era la gran beneficiaria de la red corrupta, sino que todo el entramado ¡°pivotaba¡± sobre ella. Era quien presuntamente ¡°ide¨® la b¨²squeda de recursos para financiar¡± sus campa?as, dirigidas ¡°fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol¨ªtica y consolidarla como presidenta¡±. Sin embargo, tres a?os despu¨¦s, el ministerio p¨²blico ha concluido que no cuenta con pruebas suficientes que lo demuestren.

¡°Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participaci¨®n de Aguirre en los hechos delictivos¡±, incide el fiscal Cabaleiro en su informe, donde recalca que existen ¡°claros indicios¡± de que el PP de Madrid ¡°false¨®¡± sus cuentas para financiar ilegalmente las campa?as de 2007, 2008 y 2011. Pero las irregularidades de las dos primeras estar¨ªan prescritas. Y, sobre las terceras, limita la responsabilidad a Francisco Granados y Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, dos de los hombres de confianza de la dirigente del PP. El primero fue su consejero y secretario general de los populares madrile?os. El segundo, su gerente.

El informe del ministerio p¨²blico hace referencia, por ejemplo, a una llamada entre Aguirre y su vicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez, en la que ella afirma: ¡°Que nos hayamos saltado el l¨ªmite de dinero electoral para la campa?a, pues puede. Pero, desde luego, Fundescam [Fundaci¨®n para el Desarrollo Econ¨®mico y Social de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid] no ha pagado¡±. El fiscal reconoce que estas palabras revelan que la presidenta ¡°pudiese sospechar, o intuir, que se hab¨ªa sobrepasado el l¨ªmite del gasto electoral¡±; ¡°pero, igualmente, revela que no ten¨ªa conocimiento de c¨®mo hab¨ªa sucedi¨®, pues la aseveraci¨®n que realiza en torno a la utilizaci¨®n de Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio s¨®lido de tal extremo¡±, apunta en su largo escrito.

Es entonces cuando la acusaci¨®n p¨²blica plantea la tesis de si Aguirre se situ¨® en la ¡°denominada ignorancia deliberada¡±. Una opci¨®n que tambi¨¦n descarta el fiscal por falta de pruebas: ¡°Afirmar tal cuesti¨®n, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusaci¨®n¡±. ¡°El gen¨¦rico hecho de que, en tanto presidenta, ten¨ªan un control absoluto de todo lo que suced¨ªa, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos¡±, remacha.

¡°Se benefici¨® de trabajos¡± de la trama

Otras de las l¨ªneas de investigaci¨®n se centr¨® en las campa?as de reputaci¨®n online que se financiaron en favor de Aguirre. En este punto, el ministerio p¨²blico repite lo mismo: ¡°No ha podido acreditarse que tuviese conocimiento de la contrataci¨®n de los trabajos, de su desarrollo o de c¨®mo se abonaban los mismos¡±.

El fiscal Cabaleiro admite que el empresario Alejandro de Pedro, al que s¨ª pide procesar, cre¨® en 2010 un blog sobre la dirigente popular y elabor¨® un estudio sobre su ¡°situaci¨®n en las redes sociales¡±. M¨¢s tarde, desde abril de 2012 hasta su dimisi¨®n como presidenta de la Comunidad, la pol¨ªtica se ¡°benefici¨® de trabajos de reputaci¨®n y posicionamiento online¡± que pon¨ªan en marcha las compa?¨ªas de De Pedro. Pero, seg¨²n a?ade, no hay pruebas de que esta relaci¨®n la tejiese ella, sino que supuestamente lo hizo Borja Sarasola, uno de sus protegidos ¡ªjefe de su gabinete y posterior consejero de Ignacio Gonz¨¢lez¡ª. La supervisi¨®n de los trabajos durante su desarrollo corri¨® a cargo presuntamente de Isabel Gallego, su jefa de prensa. El fiscal s¨ª pide procesar a estos dos subordinados de la exdirigente del PP: Sarasola y Gallego.

¡°El contenido de los trabajos realzados era ¨²nicamente y exclusivamente en beneficio de Aguirre, pues se efectuaron campa?as para contrarrestar noticias negativas¡±, admite el fiscal, que prosigue: ¡°[Pero] no existe, m¨¢s all¨¢ de los propios trabajos, indicio alguno de que [Aguirre] se concertase para su ejecuci¨®n. Es m¨¢s, si consideramos la prueba documental existente en las actuaciones, se pone de manifiesto que Aguirre nunca se ocup¨® de forma directa o personal de sus redes sociales, as¨ª siempre hubo una persona encargada de tales fines, lo que ofrece el indicio de que la misma no era conocedora ni de sus contenidos ni de su forma de contrataci¨®n¡±.

Isabel D¨ªaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad, fue una de sus ¡°responsables de redes¡±, seg¨²n destaca el ministerio p¨²blico, que a?ade sobre ella: ¡°No solo conoc¨ªa a Alejandro De Pedro, sino que tambi¨¦n manten¨ªa relaci¨®n profesional con ¨¦l¡±. Ayuso nunca ha sido imputada en esta causa.