La Fiscal¨ªa deja a Esperanza Aguirre fuera del caso de la caja b del PP de Madrid y responsabiliza a Granados y Beltr¨¢n Guti¨¦rrez
Anticorrupci¨®n renuncia a pedir el procesamiento de la expresidenta madrile?a y su sucesor, Ignacio Gonz¨¢lez, con fuertes discrepancias entre los fiscales
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha movido ficha tres a?os despu¨¦s de la imputaci¨®n de Esperanza Aguirre en el caso P¨²nica. El ministerio p¨²blico ha solicitado este martes el archivo de la causa abierta contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que permanec¨ªa en la diana desde 2019 por la presunta caja b del PP regional y por la corrupci¨®n que anid¨® en sus gobiernos. Seg¨²n ha informado a trav¨¦s de un comunicado, el organismo dirigido por Alejandro Luz¨®n ha tomado esta decisi¨®n tras no recabar pruebas suficientes para proponer sentarla en el banquillo de la Audiencia Nacional. Pese a ello, seg¨²n consta en la petici¨®n de procesamiento remitida al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, se plantea juzgar a 10 personas, entre ellas, a Francisco Granados y Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, dos hombres de la m¨¢xima confianza de Aguirre, que ocuparon respectivamente los cargos de secretario general y gerente de los populares madrile?os.
La decisi¨®n final depende ahora del magistrado Garc¨ªa-Castell¨®n, que instruye esta causa de corrupci¨®n donde se ha investigado a m¨¢s de 150 personas. Tambi¨¦n queda por ver c¨®mo act¨²an las acusaciones populares personadas en el sumario, entre las que se encuentran el PSOE e Izquierda Unida. Los socialistas est¨¢n dispuestos a recurrir para pedir el procesamiento de Aguirre. Sin embargo, fuentes jur¨ªdicas detallaron que, sin la solicitud de la Fiscal¨ªa, resulta muy complicado enviarla al banquillo.
En este informe final, de m¨¢s de 800 p¨¢ginas y firmado por el fiscal Alejandro Cabaleiro tras tensiones con las otras dos fiscales del caso, el ministerio p¨²blico concluye que existen ¡°claros indicios de falsedad electoral¡± durante las campa?as de 2007 y 2008, pero ¡°se encontrar¨ªan prescritos¡±. Sin embargo, sobre los comicios de 2011, el ministerio p¨²blico s¨ª considera que se puede enviar a juicio el caso y, por ello, pide sentar en el banquillo a Beltr¨¢n Guti¨¦rrez y Francisco Granados, ¡°por un delito electoral (ambos), tr¨¢fico de influencias y cohecho (solo el segundo)¡±.
El caso P¨²nica estall¨® en 2014. Las pesquisas se centraron en un primer momento en los tejemanejes de Granados, consejero de Aguirre y secretario general del PP de Madrid. Pero, en 2016, la Audiencia abri¨® una nueva l¨ªnea de investigaci¨®n sobre la presunta financiaci¨®n irregular del partido. La Guardia Civil encontr¨® en casa del pol¨ªtico una libreta Moleskine de color negro, con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en ingl¨¦s ¡°in¡± [dentro] y ¡°out¡± [fuera]¡±.
Tras analizar el cuaderno, los agentes concluyeron que era un registro detallado de Granados, jefe de campa?a para los comicios de 2011, sobre las entregas de dinero de constructoras para el partido y las salidas de efectivo. A los donantes los identificaba por sus iniciales. Y al presunto receptor de una parte de ellas, tambi¨¦n: ¡°BG¡±, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, el gerente.
Sobre ellos dos centra ahora la acusaci¨®n Anticorrupci¨®n, que pide tambi¨¦n archivar la causa contra Ignacio Gonz¨¢lez, vicepresidente de Aguirre y su sucesor en el cargo cuando ella abandon¨® el Gobierno auton¨®mico. ?l era patrono de Fundescam (Fundaci¨®n para el Desarrollo Econ¨®mico y Social de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid) y ten¨ªa el mando de la Agencia de Inform¨¢tica y Comunicaci¨®n (ICM) y el Canal de Isabel II, organismos presuntamente usados por la trama, seg¨²n el sumario. Cristina Cifuentes, que relev¨® a Gonz¨¢lez al frente de la presidencia, ya fue desimputada el pasado a?o al no quedar ¡°acreditada¡± su participaci¨®n en la financiaci¨®n irregular.
El ministerio p¨²blico ha defendido que exist¨ªan suficientes indicios para imputar a los tres, pero estos han resultado insuficientes para dar un paso m¨¢s y proponer juzgarlos. Entre otras cuestiones, fuentes fiscales explicaron a EL PA?S que ninguno de los subordinados directos de Aguirre la ha se?alado de forma contundente: Beltr¨¢n Guti¨¦rrez neg¨®, por ejemplo, la presunta caja b durante tres horas de declaraci¨®n en 2017. Entre los pocos testimonios que la salpicaban se encuentran el del empresario Horacio Mercado, que la situ¨® en reuniones donde se dieron presuntamente directrices para beneficiarlo; y el de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid), que afirm¨® que la pol¨ªtica lo coloc¨® al frente de la empresa p¨²blica Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvi¨® un mill¨®n de euros para pagar gastos de campa?as electorales.
La gran beneficiaria
Cuando se decidi¨® imputar a Aguirre, el juez y la Fiscal¨ªa la se?alaron como la gran beneficiaria de la trama. Ella encabezaba los tres ¨®rganos donde anid¨® la corrupci¨®n ¡ªGobierno regional, PP de Madrid y Fundescam¡ª y el dinero presuntamente desviado se us¨® para financiar sus actos electorales e, incluso, pagar una campa?a de reputaci¨®n online a su favor. ¡°[Aguirre] ide¨® la b¨²squeda de recursos que financiaran las campa?as que ella misma seleccionaba¡±, dirigidas ¡°fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol¨ªtica y consolidarla como presidenta¡±, plasmaron en varios escritos, donde a?adieron: ¡°Una situaci¨®n como la descrita explica que el impulso y la supervisi¨®n de todo el entramado pivotara en la presidenta [...]. [Era] la supervisora ¨²ltima de las sinergias entre sus consejeros de confianza¡±.
Aguirre siempre ha negado estas acusaciones. En un escrito enviado al juez a principios de este julio, la expresidenta insist¨ªa en que ¡°no concurren indicios de criminalidad¡± contra ella y denunciaba que este sumario se ha ¡°dilatado durante a?os mediante artima?as procesales, como las que sistem¨¢ticamente pone en marcha el PSOE¡±. Su defensa calificaba como ¡°garrulo sambenito¡± el atribuirle que ¡°lo sab¨ªa todo, lo decid¨ªa todo¡±: ¡°Excesivo, hasta para el ojo de Sauron¡±, remach¨® su abogado, en referencia a un personaje de la trilog¨ªa El Se?or de los anillos, del novelista J. R. R. Tolkien.
En su escrito de conclusiones finales, la Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha pedido procesar a ocho personas por los trabajos de reputaci¨®n digital para diferentes pol¨ªticos, a los que imputa delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Entre ellos, Salvador Victoria y Borja Sarasola, exconsejeros auton¨®micos; Isabel Gallego, ex jefa de prensa de Aguirre; y el empresario Alejandro De Pedro. La lista la completan Jos¨¦ Mart¨ªnez Nicol¨¢s, Diego Mora, Mar¨ªa Luisa de Madariaga y Francisco Lobo.
Discrepancias entre fiscales
El informe final de la Fiscalía Anticorrupción, donde se renuncia a pedir el procesamiento de Esperanza Aguirre, cuenta con la firma de Alejandro Cabaleiro, uno de los tres fiscales del caso. Según ha informado el ministerio público en una nota, él se ha encargado de confeccionar este escrito. Un documento que, según explican fuentes jurídicas, ha generado importantes tensiones con las otras dos fiscales encargadas del sumario, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que llevaban la causa desde mucho antes. Cabaleiro se sumó hace dos años a la investigación.
Según explican fuentes jurídicas, las grandes desavenencias se han producido por pedir el archivo de la causa para la mayor parte de los imputados. Anticorrupción ha llegado a investigar o identificar en esta parte del caso Púnica a 152 personas y solo ha pedido el procesamiento para 10. Es decir, para apenas un 6,5%.
Según estas fuentes, las dos fiscalas han decidido no firmar el escrito: una por no estar conforme con el criterio principal de Cabaleiro, apoyado por el fical jefe Alejandro Luzón, de que la mayor parte de los delitos estarían prescritos —tesis que deja fuera de su acusación a decenas de imputados—. Su compañera, en cambio, no compartía la parte de las conclusiones relativas a no pedir el procesamiento de Ignacio González.
Anticorrupción solo ha informado a través de una escueta nota de prensa —de cinco párrafos— del contenido de su informe. La Fiscalía no siempre facilita estos documentos a los medios de comunicación, pero sí lo hace en los temas de mayor trascendencia pública. Así actuó cuando archivó las causas contra el rey emérito Juan Carlos I, donde proporcionó los escritos en los que detallaba las numerosas irregularidades detectadas, pese a que concluía que no podía actuar contra él.
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