La Fiscal¨ªa Europea recrimina a Espa?a falta de colaboraci¨®n y recursos
El ministerio p¨²blico rechaza con dureza las acusaciones de la rumana Laura K?vesi, que dirige el organismo de reciente creaci¨®n
La Fiscal¨ªa Europea est¨¢ muy enfadada por la escasa colaboraci¨®n que ha encontrado en Espa?a en su primer a?o de funcionamiento. No ha sido solo el choque con el ministerio p¨²blico por qui¨¦n se hac¨ªa cargo del caso mascarillas (la venta de cubrebocas a la Comunidad de Madrid de la que cobr¨® el hermano de la presidenta regional, archivada por la Fiscal¨ªa espa?ola y todav¨ªa investig¨¢ndose por la europea), tambi¨¦n est¨¢ descontenta con la falta de acceso a recursos clave. Se refiere la Fiscal¨ªa europea a disponer de datos importantes para sus pesquisas o el apoyo de la polic¨ªa judicial adem¨¢s de las dificultades legales que, afirma, est¨¢ teniendo para sus investigaciones. Estas quejas aparecen en un intercambio de cartas al que ha tenido acceso EL PA?S y ha provocado varios encuentros que, por ahora, no han solucionado la situaci¨®n, seg¨²n apuntan varias fuentes comunitarias y espa?olas.
Los reproches del organismo que dirige la rumana Laura K?vesi est¨¢n recogidas en una carta enviada el 30 de marzo al comisario de Justicia de la Comisi¨®n Europea, Didier Reynders, y a la ministra de Justicia espa?ola, Pilar Llop, con copia a la ya ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esta ¨²ltima respondi¨® el 8 de abril. Las dos misivas tienen un tono duro. M¨¢s comedido es el lenguaje del departamento de Justicia de la Comisi¨®n en una ¨²ltima carta, remitida el 3 de junio.
La primera exigencia de K?vesi es que se le garantice a los fiscales europeos ¡°el acceso a todas las bases de datos relevantes igual que los tienen los fiscales nacionales¡±. Tambi¨¦n reclama tener a su disposici¨®n ¡°investigadores especializados dedicados¡± al organismo comunitario, es decir, contar con polic¨ªa judicial. Y en el cap¨ªtulo de falta de recursos materiales, solicita ¡°incluso un soporte administrativo b¨¢sico y eficiente¡±.
Estas reclamaciones del organismo comunitario se dirigen m¨¢s al Gobierno que a la Fiscal¨ªa General, pues ser¨ªan ministerios como los de Interior y Justicia los que tendr¨ªan que resolverlas. Tambi¨¦n apunta al ejecutivo e, incluso, al legislativo la queja sobre c¨®mo Espa?a adapt¨® a su legislaci¨®n nacional el reglamento de la Fiscal¨ªa Europea, especialmente en lo referente a qu¨¦ ¨®rgano dirime los conflictos de competencias cuando hay discrepancias sobre qui¨¦n debe llevar una investigaci¨®n. La norma espa?ola reserva ese papel al fiscal general, que, denuncia K?vesi, ¡°no es una autoridad imparcial y, adem¨¢s, hay que tener en cuenta su posici¨®n de superioridad jer¨¢rquica sobre los dem¨¢s fiscales espa?oles¡±.
Todo esto se traduce en un ¡°bajo nivel de casos iniciados¡±, seg¨²n explica K?vesi en su escrito. Los datos publicados por el organismo que ella dirige sobre los primeros siete meses de funcionamiento recogen que en Espa?a se est¨¢n investigando siete casos donde se han apreciado indicios de delitos que afectan a un gasto p¨²blico algo superior a 40 millones de euros. En cambio, en Portugal (con 10,3 millones de habitantes frente a los 47,35 de Espa?a) hay abiertas nueve investigaciones por indicios de delito con valor de 158 millones de euros. Otro pa¨ªs comparable puede ser Italia, con 102 casos y 1.700 millones. Estos n¨²meros en la actualidad ser¨¢n, probablemente, m¨¢s altos, tambi¨¦n en el caso espa?ol, pues forman parte de la memoria anual cerrada con los expedientes abiertos a 31 de diciembre pasado.
Fuentes de la Fiscal¨ªa espa?ola rechazan las trabas que denuncia el ¨®rgano comunitario. Cuando esta empez¨® a funcionar, en junio de 2021, desde la Fiscal¨ªa General se envi¨® una instrucci¨®n a todas las fiscal¨ªas de Espa?a para que remitieran a la nueva oficina los casos que tuvieran abiertos y que pudieran ser competencia de los fiscales de la UE. No eran muchos, aseguran fuentes fiscales, pero se mandaron todos. Respecto a las cr¨ªticas por la falta de medios, estas fuentes advierten de que la Fiscal¨ªa espa?ola no tiene recursos propios, como bases de datos o polic¨ªa judicial que poner a disposici¨®n de los investigadores de la UE. ¡°Tienen que hacer un oficio para que se les facilite polic¨ªa judicial, como tienen que hacer los fiscales espa?oles salvo excepciones como Anticorrupci¨®n, que tras 25 a?os de funcionamiento ha ido consiguiendo una infraestructura, pero no es suya, no puede ponerla a disposici¨®n de otros¡±, explican. Lo mismo ocurre con el acceso a registros de titulares de cuentas corrientes, penados o el Sepblac (el servicio antiblanqueo, dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital).
En el origen del problema, el ministerio p¨²blico espa?ol sit¨²a la gran diferencia entre la Fiscal¨ªa espa?ola y la del resto de los pa¨ªses de la UE, incluida la europea: Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs en el que la instrucci¨®n de los procedimientos penales no la dirigen los fiscales, sino los jueces, un modelo que el Gobierno prev¨¦ cambiar para asimilarlo al del resto de Europa, aunque el proyecto est¨¢ pendiente del informe del Consejo del Poder Judicial. Mientras que el cambio no se produzca, advierten fuentes de la Fiscal¨ªa General, equiparar ambos modelos es dif¨ªcil. A esta peculiaridad se refiere tambi¨¦n Delgado en la carta que envi¨® como respuesta a K?vesi, en la que tacha de ¡°aventurada y parcial¡± alguna afirmaci¨®n de la Fiscal¨ªa europea y le reprocha ¡°lo sesgado de algunos datos¡±.
La carta de Delgado tambi¨¦n reprocha las declaraciones de la fiscal espa?ola destinada al organismo europeo, Concepci¨®n Sabadell, en una entrevista en EL PA?S: ¡°Las declaraciones p¨²blicas cuestionando la gesti¨®n de los responsables o administradores y realizadas de manera aprior¨ªstica pueden enviar un mensaje perturbador a la opini¨®n p¨²blica¡±. Concretamente se refer¨ªa al momento en que Sabadell declaraba: ¡°Prevemos un aumento elevado del fraude y vamos a estar muy atentos. En Espa?a, los mayores problemas son con los fondos comunitarios, no solo los fondos covid¡±. Estas palabras cobran especial trascendencia en un pa¨ªs como Espa?a, gran receptor de dinero procedente de la UE, el mayor en el caso del fondo de recuperaci¨®n.
¡°Roces normales¡±
Aunque la tensi¨®n es evidente y la Fiscal¨ªa General no lo niega, fuentes de este organismo son partidarias de sentarse a hablar para buscar soluciones y mejorar la coordinaci¨®n. ¡°Los roces son normales al inicio¡±, se?alan estas fuentes, que lamentan que la Fiscal¨ªa Europea haya optado por airear el conflicto p¨²blicamente, incluso enviando comunicados de prensa censurando decisiones del ministerio p¨²blico espa?ol.
El choque no ha pasado inadvertido en Bruselas. La Comisi¨®n, por ahora, mantiene un perfil muy bajo, aunque s¨ª ha respondido a la carta que le envi¨® Delgado. Acerca de este ¨²ltimo punto, se limita a decir que estudiar¨¢ la norma espa?ola como la de los otros pa¨ªses para ver si se adaptan al reglamento europeo.
La Comisi¨®n recuerda, de forma gen¨¦rica y no sobre un caso concreto, que uno de los objetivos de la Fiscal¨ªa Europea es combatir los cr¨ªmenes que afectan al presupuesto europeo de una forma m¨¢s eficaz en un nivel comunitario. Y que ¡°los Estados miembro han confiado a la Fiscal¨ªa tareas de investigaci¨®n, persecuci¨®n y llevar a juicio a los delincuentes de estas acciones que est¨¢n inextricablemente conectados entre ellas¡±. Precisamente este fue uno de los argumentos de K?vesi a la hora de reclamar la competencia para investigar todo el caso Ayuso y no solo una parte de ¨¦l.
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