El Congreso aprueba por unanimidad que el Supremo investigue a Alberto Casero por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad que el Tribunal Supremo investigue al diputado del PP Alberto Casero por indicios prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos cuando era alcalde de Trujillo (C¨¢ceres). En una votaci¨®n secreta, el suplicatorio ha salido adelante por unanimidad, con 340 votos a favor.

Casero, estrecho colaborador del exsecretario general del PP Teodoro Garc¨ªa Egea, y que adquiri¨® fama por votar presuntamente de manera err¨®nea al usar el voto telem¨¢tico y salvar as¨ª la reforma laboral rechazada por su partido, ha tenido la oportunidad de acudir y presentar alegaciones. No lo ha hecho,, y el suplicatorio se ha tramitado con rapidez. En junio admiti¨® ante el instructor del Supremo que, durante su etapa como alcalde, firm¨® algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero defendi¨® que, en todo caso, solo hubo ¡°irregularidades administrativas¡±, nunca un delito como sostuvo una juez del municipio extreme?o.

El magistrado Andr¨¦s Palomo, que instruye la causa abierta contra Casero, pidi¨® en septiembre a la Sala de lo Penal que solicitara permiso al Congreso para actuar contra el parlamentario por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. En un escrito remitido a la sala, Palomo propuso dirigir un suplicatorio a la C¨¢mara baja para proceder penalmente contra Casero al constatar ¡°indicios racionales¡± de ambos delitos en varios contratos menores que el ahora diputado firm¨® como regidor entre los a?os 2017 y 2018. El suplicatorio a la C¨¢mara Baja es un tr¨¢mite necesario para continuar con la investigaci¨®n a Casero, que al implicar un procesamiento penal contra un miembro del poder legislativo requiere la autorizaci¨®n del Congreso.

La exposici¨®n elevada al Supremo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Trujillo se?ala que Casero, en su condici¨®n de alcalde, concert¨® ¡°con diferentes personas y entidades¡±, contratos de servicio, patrocinio o convenios, ¡°incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso¡±, seg¨²n explica el escrito.

Casero podr¨ªa haber cometido un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa al no haber seguido ¡°los procedimientos administrativos legalmente establecidos¡± en la contrataci¨®n de un psic¨®logo, la firma de un acuerdo con la C¨¢mara de Comercio de Per¨² o la celebraci¨®n de al menos dos actos culturales, seg¨²n la exposici¨®n. La fiscal¨ªa aprecia tambi¨¦n indicios de un delito de malversaci¨®n.

La Comisi¨®n del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, celebr¨® hace una semana una primera votaci¨®n a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesi¨®n.

Tras la votaci¨®n de este jueves, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de ocho d¨ªas para trasladar el resultado de la votaci¨®n a la autoridad judicial, en este caso la aceptaci¨®n del suplicatorio, y debe tambi¨¦n advertir de la obligaci¨®n de comunicar a la C¨¢mara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

Hasta ahora el Congreso hab¨ªa aprobado 32 suplicatorios y rechazado 14. El ¨²ltimo que sali¨® adelante fue el de la presidenta de Junts, Laura Borr¨¤s, en junio de 2020, que dio luz verde al Tribunal Supremo para investigarla por delitos de fraude a la Administraci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituci¨® de les Lletres Catalanes (ILC). Finalmente, qued¨® suspendida como diputada y como presidenta del Parlamento catal¨¢n.