El Gobierno pretende destinar 13,9 millones para la memoria hist¨®rica en una batalla contrarreloj

El Gobierno prev¨¦ destinar 13,95 millones de euros de los Presupuestos de 2023 a la aplicaci¨®n de la nueva ley de memoria democr¨¢tica, aprobada este mi¨¦rcoles en el Senado sin cambios respecto al texto que sali¨® el pasado julio del Congreso. La norma tardar¨¢ todav¨ªa entre una semana y semana y media en entrar en vigor al publicarse en el BOE, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, y algunos de sus art¨ªculos necesitar¨¢n de un desarrollo legislativo extra. La de la memoria hist¨®rica sigue siendo una batalla contra el reloj, no solo por la avanzada edad de las v¨ªctimas, sino porque el l¨ªder de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, a la cabeza en las encuestas a algo m¨¢s de un a?o de las elecciones, ha dicho que la derogar¨¢ si gana. El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, asegura que eso ser¨ªa ¡°un ataque injustificado a las v¨ªctimas¡±. ¡°Son unas palabras que le perseguir¨¢n¡±, a?ade, dirigi¨¦ndose al l¨ªder del PP.

Estas son las principales novedades de la norma y lo que requerir¨¢n para su aplicaci¨®n.

1. Valle de los Ca¨ªdos. Salida de los benedictinos, resignificaci¨®n y nueva web. El monumento ideado por Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil pasar¨¢ a llamarse Valle de Cuelgamuros y, como ya propuso en 2011 el comit¨¦ de expertos del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, los restos de Primo de Rivera ser¨¢n trasladados del lugar actual en el que se encuentran, junto al altar de la bas¨ªlica, a una de las criptas del mausoleo o a otro sitio que proponga su familia al Gobierno. La nueva ley establece que ning¨²n personaje relacionado con el golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura podr¨¢ ocupar un lugar preminente. Esto afecta tambi¨¦n a los restos de Queipo de Llano en La Macarena de Sevilla. Adem¨¢s, la norma declara extinguida la Fundaci¨®n de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos por ¡°resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales¡±. Esto, que en la pr¨¢ctica supone la salida de la comunidad benedictina que ha manejado el recinto durante a?os, se desarrollar¨¢ en un real decreto para establecer ¡°el nuevo marco jur¨ªdico aplicable al Valle¡±. Tambi¨¦n necesitar¨¢ un desarrollo el plan de resignificaci¨®n del monunento iniciado con el traslado de los restos de Franco. El Gobierno presentar¨¢ un portal web con toda la documentaci¨®n recabada sobre el Valle de los Ca¨ªdos: desde c¨®mo se construy¨® con mano de obra presa hasta c¨®mo se trasladaron los restos hasta el mausoleo y con qu¨¦ intenci¨®n. Adem¨¢s, el Ejecutivo contempla convocar un concurso internacional de ideas para convertir el espacio en un lugar de memoria en el que, al contrario de lo que sucede ahora, se explique su historia y se homenajee a las v¨ªctimas.

2. Apolog¨ªa del franquismo. La disposici¨®n adicional quinta establece que, al amparo del art¨ªculo 31 de la ley de fundaciones (2002) se considerar¨¢ causa de extinci¨®n el realizar actividades contrarias al inter¨¦s general como ¡°la apolog¨ªa del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes con menosprecio y humillaci¨®n de las v¨ªctimas¡±. Es lo que hace hoy la Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco. Pero la extinci¨®n no ser¨¢ autom¨¢tica. Corresponder¨¢ al protectorado instar judicialmente la extinci¨®n de una fundaci¨®n cuando concurra esa causa, y ese ¨®rgano judicial, de oficio o a petici¨®n de parte, podr¨¢ acordar la suspensi¨®n provisional de sus actividades hasta que se dicte sentencia. En el plazo de un a?o a partir de la entrada en vigor de la ley de memoria, se promover¨¢ la modificaci¨®n de la norma de 2002 que regula el derecho de asociaci¨®n para incluir como causa de disoluci¨®n la apolog¨ªa del franquismo en p¨²blico humillando a los represaliados. Adem¨¢s, los archivos y documentaci¨®n de la dictadura y ¡°en particular del jefe del Estado que se encuentren en poder de entidades privadas o personas f¨ªsicas¡± se incorporar¨¢n, ¡°una vez superados los tr¨¢mites legales¡±, al Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica o al organismo p¨²blico que se determine.

3. B¨²squeda de desaparecidos y banco de ADN. La nueva ley establece que corresponder¨¢ a la Administraci¨®n General del Estado, en colaboraci¨®n con comunidades y ayuntamientos, la b¨²squeda de personas desaparecidas, es decir, los fusilados que a¨²n yacen en fosas y cunetas. Es una vieja reivindicaci¨®n de las asociaciones de v¨ªctimas desde la ley anterior (2007), que subvencionaba el proceso, pero no lo asum¨ªa directamente, y fue la principal cr¨ªtica que el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff hizo en su informe sobre Espa?a en 2014, al considerar ese sistema de ayudas una especie de subcontrataci¨®n de las exhumaciones. El departamento competente en materia de memoria democr¨¢tica elaborar¨¢ planes plurianuales de b¨²squeda y si una fosa se encontrara en terrenos privados, la Administraci¨®n podr¨ªa acordar una expropiaci¨®n temporal. Se comunicar¨¢ al Ministerio Fiscal y a las autoridades administrativas y judiciales competentes el hallazgo de restos humanos ante los indicios de comisi¨®n de delitos y se crear¨¢ un banco estatal y gratuito de ADN de v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que necesitar¨¢ del desarrollo de un reglamento espec¨ªfico. Ese banco gen¨¦tico tambi¨¦n recoger¨¢ muestras de ¡°personas afectadas por la sustracci¨®n de reci¨¦n nacidos¡± siempre que su denuncia haya sido admitida por los hechos objeto de la ley. La b¨²squeda de desaparecidos en fosas y cunetas supone el 60% del presupuesto que el Gobierno quiere destinar al cap¨ªtulo de memoria democr¨¢tica. Eso incluye la compra de un software para el banco de ADN, para lo cual est¨¢n en conversaciones con una universidad holandesa.

4. Educaci¨®n. El pasado 25 de septiembre, EL PA?S difundi¨® un informe, presentado este jueves por el secretario de Estado de Memoria Democr¨¢tica, Fernando Mart¨ªnez, que revela profundas lagunas de conocimiento entre los j¨®venes sobre la Guerra Civil, el exilio y la dictadura. La ley establece que el sistema educativo ¡°incluir¨¢ entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democr¨¢tica espa?ola y la lucha por los valores y libertades democr¨¢ticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represi¨®n que se produjo¡±. Un acuerdo entre la secretar¨ªa de Estado de Memoria Democr¨¢tica y la de Educaci¨®n ha permitido incluir ya esos contenidos en los decretos de ense?anzas b¨¢sicas de ESO y Bachillerato para que aparezcan en los libros de texto del pr¨®ximo curso. Adem¨¢s, las administraciones educativas deber¨¢n adoptar a partir de la entrada en vigor de la ley las medidas necesarias para formar tambi¨¦n al profesorado en ¡°el tratamiento escolar de la memoria democr¨¢tica¡±. Este es uno de los apartados m¨¢s complejos, al estar transferidas las competencias en Educaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas. Dirigentes del PP y Vox ya se han referido a ese tipo de contenidos como ¡°adoctrinamiento¡±.

5. Estudio de vulneraci¨®n de derechos humanos hasta 1983. El punto que m¨¢s pol¨¦mica ha provocado de la ley es la disposici¨®n adicional decimosexta, que establece la creaci¨®n de una comisi¨®n t¨¦cnica para el estudio de vulneraci¨®n de derechos humanos hasta 1983, ya en democracia. Refiri¨¦ndose a ella, Alberto N¨²?ez Feij¨®o dijo: ¡°Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de Espa?a¡±. Pero como ya aclar¨® el secretario de Estado de Memoria Democr¨¢tica el pasado julio en este peri¨®dico, esa disposici¨®n no se hace a petici¨®n del grupo vasco, sino por una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos y secundada por otros partidos, como Bildu o M¨¢s Pa¨ªs. Y est¨¢ pensada ¡°para reconocer a v¨ªctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidaci¨®n de la democracia y la defensa de los valores democr¨¢ticos a partir de 1978, como Yolanda Gonz¨¢lez, del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinada por la extrema derecha en 1980, o el l¨ªder vecinal Arturo Pajuelo, que fue asesinado a pu?aladas ese mismo a?o. Este es otro de los aspectos que tambi¨¦n requiere un desarrollo extra pues el Gobierno deber¨¢ designar en un plazo de 12 meses a los integrantes (expertos, no pol¨ªticos) de la comisi¨®n que estudiar¨¢ cada caso.

6. Anulaci¨®n de sentencias. Este art¨ªculo tiene car¨¢cter inmediato y declara nulas todas las sentencias impartidas por tribunales franquistas. La anterior ley se hab¨ªa quedado en un paso anterior, al declarar ileg¨ªtimos esos tribunales.

7. Sanciones. La ley de memoria de 2007 no inclu¨ªa sanciones, lo que desincentiv¨® su cumplimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, la secretar¨ªa de Estado de Memoria Democr¨¢tica o la direcci¨®n general podr¨¢n imponer, seg¨²n la gravedad de la infracci¨®n, multas de entre 200 y 150.000 euros. Un ejemplo de infracci¨®n leve es deteriorar las placas identificativas de los lugares de memoria democr¨¢tica. Uno de infracci¨®n muy grave, destruir fosas de la Guerra Civil y la dictadura.

8. Incautaciones. La nueva ley reconoce ¡°el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones econ¨®micas producidas por razones pol¨ªticas, ideol¨®gicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura¡±. Tampoco ser¨¢ inmediato. La auditor¨ªa de bienes incautados que contempla la nueva norma deber¨¢ realizarse ¡°en el plazo de un a?o¡± desde su entrada en vigor y a partir de ah¨ª se implementar¨¢n ¡°las posibles v¨ªas de reconocimiento a los afectados¡±.

9. Fiscal especializado. Se establece por primera vez el derecho de las v¨ªctimas a ¡°la investigaci¨®n de las violaciones a los derechos humanos¡± cometidas desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constituci¨®n espa?ola de 1978. Para ello ha de crearse la figura de un fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica.

10. Eliminaci¨®n de t¨ªtulos nobiliarios, pensiones y medallas. S¨ª ser¨¢ inmediata, una vez entre en vigor la nueva ley, la eliminaci¨®n de 33 t¨ªtulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos, el de Duque de Primo de Rivera, de Calvo Sotelo, de Mola, de Carrero Blanco, de Franco o el Se?or¨ªo de Meir¨¢s. Adem¨¢s, se revisar¨¢n, caso a caso, las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley a personas que formaron parte del aparato de represi¨®n franquista. Su revocaci¨®n, incluyendo las pensiones que conlleven, exigir¨¢ un procedimiento espec¨ªfico, caso por caso.