El Gobierno y el PP acercan el pacto con un nuevo Poder Judicial obligado al consenso en todas sus decisiones

Las negociaciones discretas entre el Gobierno y el PP para salvar in extremis la ¨²ltima oportunidad de un pacto que renueve el bloqueado Consejo General del Poder Judicial avanzan m¨¢s de lo que sus protagonistas admiten en p¨²blico. El acuerdo final pasa ahora por imponer un amplio consenso para todas las decisiones que tome el ¨®rgano de Gobierno de los jueces, fundamentalmente para que solo puedan aprobar todos los nombramientos por mayor¨ªa cualificada de tres quintos ¡ªahora se aprueban por mayor¨ªa simple la elecci¨®n de presidentes de Audiencias Provinciales y de letrados del propio Consejo¡ª. La misma mayor¨ªa cualificada se extender¨ªa a la aprobaci¨®n de informes y dict¨¢menes.

Esa posici¨®n, sobre la que PP y PSOE han ido modificando sus posturas y planteando reformas de la ley en los ¨²ltimos a?os, pretende evitar que las decisiones m¨¢s relevantes se tomen por mayor¨ªa absoluta en una organizaci¨®n dominada hist¨®ricamente por jueces conservadores. Durante el primer mandato de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (2004-2008), la mayor¨ªa absoluta de vocales conservadores ¡ªdebido en parte al bloqueo de dos a?os del PP para la renovaci¨®n¡ª inform¨® en contra de leyes principales del Ejecutivo socialista, como la del matrimonio homosexual, finalmente validada por el Congreso, e incluso inform¨® de leyes que no le correspond¨ªan.

Uno de los aspectos que m¨¢s destaca en el PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o es que ¡°ahora el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez s¨ª est¨¢ dispuesto a estudiar c¨®mo reforzar, a trav¨¦s de los consensos necesarios, las competencias del Consejo General del Poder Judicial¡±, seg¨²n fuentes de su direcci¨®n. Y se apuntan esa posibilidad como un ¨¦xito propio. Tambi¨¦n han considerado una baza a su favor haber logrado que el Ejecutivo se comprometa a suscribir ese acuerdo por escrito, donde se incluye evitar que cargos de uno y otro partido puedan formar parte del nuevo CGPJ.

El propio Feij¨®o subray¨® este viernes desde la Comunidad Valenciana que los acuerdos deben ser por escrito porque los orales ¡°son meras conversaciones¡±. El ministro de Presidencia, F¨¦lix Bola?os, asumi¨® esa petici¨®n sin problemas y ratific¨® que habr¨¢ un pacto por escrito.

Feij¨®o lleva varios d¨ªas de esta semana insistiendo en la idea de que el futuro nuevo Consejo tendr¨¢ que validar la mayor¨ªa de los nombramientos y sus documentos de trabajo por una mayor¨ªa de 3/5 de sus 20 vocales, lo que supondr¨¢ que siempre ser¨¢ necesario superar los bloques que se configurar¨¢n a trav¨¦s de las cuotas preestablecidas en el pacto, que contempla que 10 componentes ser¨¢n impulsados por los miembros progresistas y otros 10 por los conservadores.

Esta pretensi¨®n supondr¨¢ variar el art¨ªculo 630 de la vigente Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, modificada por una propuesta del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2005 que establece medidas para favorecer los consensos: ¡°Los acuerdos de los ¨®rganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial ser¨¢n adoptados por mayor¨ªa absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Org¨¢nica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en cuyo caso se requerir¨¢ una mayor¨ªa de tres quintos de los miembros presentes. Quien preside tendr¨¢ voto de calidad en caso de empate¡±. Es c¨®mo se han llevado a cabo esos nombramientos en estos a?os con una dominante presencia de magistrados conservadores para esos puestos.

Nada m¨¢s llegar al Gobierno, el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero emprendi¨® la reforma legal del Poder Judicial, aprobada en 2005, que impon¨ªa para elegir a magistrados del Supremo una mayor¨ªa cualificada de tres quintos. Hasta ese momento bastaba con la mayor¨ªa absoluta del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de los jueces hab¨ªa funcionado con mayor¨ªas conservadoras durante los dos mandatos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (1996-2004) que hab¨ªan impuesto un cambio radical en la composici¨®n de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando Aznar lleg¨® al Gobierno hab¨ªa un equilibrio en esa sala de siete magistrados progresistas por seis conservadores, pero cuando abandon¨® el poder el PP, en 2004, el desequilibrio a favor de jueces conservadores era aplastante. El cambio legal oblig¨® a una negociaci¨®n permanente entre el grupo conservador y el progresista que se mantiene hasta hoy.

El PP de Pablo Casado ya present¨® un proyecto para reformar ese planteamiento en octubre de 2020 con la intenci¨®n de ampliar el sistema de mayor¨ªas reforzadas de tres quintos ¡°a todas las decisiones del Consejo¡±. Pero hab¨ªan sido los anteriores gobiernos del PP quienes hab¨ªan huido de esas mayor¨ªas cualificadas que complicaban la toma de decisiones dentro del ¨®rgano de Gobierno de los jueces.

El PP recurri¨® en 2005 ante el Tribunal Constitucional el cambio auspiciado por el Gobierno de Zapatero y aleg¨® entonces que aquella variaci¨®n introduc¨ªa ¡°una minori?a de bloqueo¡± en las decisiones sobre nombramientos del CGPJ, ¡°lo que supone que el reparto de los nombramientos judiciales responda a equilibrios o cuotas poli?ticas¡±. Aquel recurso del PP entend¨ªa incluso que esa modificaci¨®n vulneraba ¡°en primer te?rmino el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (art. 117 CE), porque pretende que una minori?a pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayori?a en el seno del CGPJ si no se produce un reparto que la satisfaga¡±. La sentencia dictada en 2012 por el Constitucional desestim¨® el recurso de los populares.

El PP de Feij¨®o sostiene ahora que hay que ampliar las mayor¨ªas reforzadas para otras decisiones del Consejo lo que garantizar¨¢ que todos los nombramientos, incluyendo los de presidentes de Audiencias Provinciales que ahora se resuelven por mayor¨ªa absoluta, salgan adelante con un nivel importante de consenso. La asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia se queja habitualmente de que estos puestos suelen estar tomados por magistrados conservadores, que son mayor¨ªa abrumadora en la carrera judicial.