La elecci¨®n de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional, una vida entre el juzgado y la pol¨ªtica

La designaci¨®n de Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 61 a?os) como magistrado del Tribunal Constitucional levantar¨¢ a buen seguro polvareda en un proceso ya de por s¨ª controvertido, por lo que supone nombrar a los dos miembros que corresponde elegir al Gobierno sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya elegido a los suyos. Campo llega al tribunal de garant¨ªas desde la Audiencia Nacional, a la que se incorpor¨® en septiembre de 2021 tras ser cesado como ministro de Justicia dos meses antes. Un viaje de ida y vuelta de la pol¨ªtica a los tribunales que ha marcado la carrera de este juez que ahora desemboca en el tribunal de garant¨ªas por designaci¨®n del Gobierno del que form¨® parte.

Campo accedi¨® a la judicatura hace 35 a?os y ha ejercido en diversas plazas de la provincia de C¨¢diz hasta que, en 2019, consigui¨® la que ahora ocupa en la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Pero su trayectoria jur¨ªdica ha estado m¨¢s que salpicada por puestos pol¨ªticos, siempre de la mano del PSOE, donde lo ha sido casi todo en el ¨¢mbito de la justicia. Director general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia de la Junta de Andaluc¨ªa (1997-2001), secretario de Estado de Justicia (2009-2011), secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andaluc¨ªa (2014-2015), diputado por C¨¢diz (2015 a 2020) y ministro de Justicia (2020-2021). En medio, entre 2001 y 2008, ocup¨® otro de esos puestos a mitad de camino entre lo jur¨ªdico y lo pol¨ªtico: vocal del CGPJ.

Campo ya estuvo a punto de acceder al Constitucional en 2010, cuando fue designado candidato por Andaluc¨ªa en el cupo correspondiente a los Parlamentos aut¨®nomos. Pero ese ir y venir entre lo pol¨ªtico y lo jur¨ªdico le acab¨® pasando factura. La Mesa del Senado lo vet¨® porque no cumpl¨ªa el requisito de atesorar 15 a?os de ejercicio profesional como juez, al decidir que no pod¨ªan computarse los siete a?os que hab¨ªa pasado como vocal del Consejo. Junto a ¨¦l, se qued¨® fuera por la misma raz¨®n Enrique L¨®pez, actual consejero de Isabel D¨ªaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Campo y L¨®pez son una especie de ¨¢lter ego uno del otro en el PSOE y el PP, respectivamente. Jueces de la misma generaci¨®n (L¨®pez es dos a?os menor que Campo) con intensa vocaci¨®n pol¨ªtica, fueron compa?eros en el CGPJ y conservan una buena relaci¨®n personal que ayud¨® a dar cierta fluidez a las relaciones entre los dos partidos durante el tiempo en el que el primero estuvo al frente de Justicia.

El salto que ahora da Campo ya lo dio L¨®pez en 2013, cuando fue designado magistrado del tribunal de garant¨ªas por el Gobierno del PP, igual que ahora Campo lo dar¨¢ por el del PSOE y Unidas Podemos. El cupo de cuatro magistrados en el que accedi¨® L¨®pez hace nueve a?os es precisamente el que ahora cesa para ser sustituido por los que nombre el Gobierno y los pendientes de elegir por el CGPJ, pero el actual consejero de Ayuso apenas estuvo un a?o en el cargo porque dimiti¨® tras ser pillado conduciendo su moto sin casco y ebrio.

Las trayectorias paralelas entre L¨®pez y Campo, o los precedentes de otros magistrados del tribunal de garant¨ªas como Andr¨¦s Ollero (diputado por el PP durante 16 a?os), no servir¨¢n para amortiguar, previsiblemente, las cr¨ªticas que arrecien desde la oposici¨®n al Gobierno por la designaci¨®n de nuevo magistrado del Constitucional. Una situaci¨®n a la que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez ya se enfrent¨® tras nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, antecesora de Campo en el Ministerio de Justicia. Hasta que dimiti¨® en julio pasado por motivos de salud, el mandato de Delgado al frente de la Fiscal¨ªa General del Estado estuvo siempre bajo la lupa de la oposici¨®n, que sembr¨® de sospechas de parcialidad cada una de sus decisiones al frente del ministerio p¨²blico.

Junto a Campo, el Ejecutivo va a proponer a Laura D¨ªez Bueso (Barcelona, 52 a?os) catedr¨¢tica de Derecho Penal y jurista con amplia trayectoria acad¨¦mica, pero que tampoco es ajena a la pol¨ªtica. Desde mayo es vicepresidenta del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de Catalu?a, para el que fue elegida miembro a propuesta del Parlamento catal¨¢n. Antes, hab¨ªa sido asesora del Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Catalu?a (2002-2004), adjunta al S¨ªndic de Greuges de Catalu?a (2004-2010), directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), y directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinaci¨®n Jur¨ªdica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr¨¢tica (2020-2022).