Pedro S¨¢nchez renueva el Tribunal Constitucional con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo

El Gobierno se ha cansado de esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco meses sufriendo el veto a la renovaci¨®n de dos magistrados del Tribunal Constitucional por parte de ocho vocales cercanos al PP, y ha decidido elegir a los dos que le tocan. El Ejecutivo nombrar¨¢ en el Consejo de Ministros de este martes a Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia de Pedro S¨¢nchez, y a Laura D¨ªez, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional y ex alto cargo en La Moncloa ¡ªfue directora general de Asuntos Constitucionales hasta hace seis meses¡ª, como nuevos magistrados del tribunal de garant¨ªas.

Cada nueve a?os, el Gobierno de turno tiene la potestad de renovar 2 de los 12 miembros del Constitucional. Y eso suele hacer que cambien las mayor¨ªas, como ocurrir¨¢ tambi¨¦n esta vez, al pasar de un 6-5 a favor de los conservadores a un 7-4 para los progresistas. Hay un magistrado conservador que dimiti¨® y no ha sido sustituido por el Senado. Si se logra un acuerdo para hacerlo, quedar¨ªa un 7-5 a favor de los progresistas.

En la ¨²ltima renovaci¨®n, la de 2013, el PP eligi¨® dos nombres muy pol¨ªticos: Enrique L¨®pez, actual consejero de Justicia de Madrid y hombre fuerte hist¨®rico del PP en el mundo de la justicia, y Francisco Jos¨¦ Hernando, ya fallecido, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y un referente conservador y de oposici¨®n al Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Los populares tambi¨¦n eligieron a magistrados que hab¨ªan sido diputados ¡ªAndr¨¦s Ollero¡ª, y tuvo un presidente del Constitucional que era militante del partido ¡ªFrancisco P¨¦rez de los Cobos¡ª. En la ¨²ltima renovaci¨®n, en 2021, el PP opt¨® por dos personas muy cercanas a esta formaci¨®n, como Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel. Pedro S¨¢nchez y su equipo han elegido esta vez tambi¨¦n nombres con mucha trayectoria pol¨ªtica.

Campo fue ministro de Justicia de S¨¢nchez hasta julio de 2021, y fue el encargado de redactar los indultos a los l¨ªderes independentistas, una de las decisiones clave de esta legislatura, que en su momento fue muy pol¨¦mica, pero ahora reivindica el presidente como una medida fundamental para rebajar la tensi¨®n en Catalu?a y buscar una salida al conflicto pol¨ªtico que se vive desde el proc¨¦s. Campo (Osuna, Sevilla, 61 a?os) tiene una larga carrera judicial que empez¨® en 1987 ¡ªactualmente est¨¢ ejerciendo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional¡ª, pero tambi¨¦n pol¨ªtica. Ha sido director general en la Junta de Andaluc¨ªa, vocal del CGPJ, diputado del PSOE, secretario de Estado y despu¨¦s titular de Justicia.

Laura D¨ªez (Barcelona, 52 a?os) es mucho menos conocida en el ambiente pol¨ªtico. Hasta hace seis meses trabajaba en La Moncloa, en el equipo de F¨¦lix Bola?os y antes en el de Carmen Calvo en Presidencia, como directora de Asuntos Constitucionales. Dej¨® el puesto al ser nombrada en abril por el Parlamento catal¨¢n, de forma consensuada, integrante del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias. Entre 2002 y 2004, fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut y es catedr¨¢tica de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

En el PP se extendi¨® la idea de que el Gobierno iba a nombrar en el Constitucional a alguien cercano a ERC, pero no es el caso de D¨ªez. M¨¢s vinculada al PSC aunque sin filiaci¨®n de partido, en ning¨²n caso es una persona cercana al independentismo, sino m¨¢s bien especializada en estudiar los modelos federales. Ambos cumplen los requisitos que se?ala el art¨ªculo 159 de la Constituci¨®n: ¡°Los miembros del Tribunal Constitucional deber¨¢n ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios p¨²blicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional¡±.

En la anterior renovaci¨®n de los dos magistrados que corresponden al Gobierno con el PSOE en el poder, en 2004, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero eligi¨® a Manuel Arag¨®n Reyes y a Pablo P¨¦rez Tremps. Y ah¨ª cambi¨® la mayor¨ªa a favor de los progresistas. En 2013 gir¨® de nuevo a favor de los conservadores. Pero Arag¨®n Reyes despu¨¦s cambi¨® y en un asunto decisivo como el del Estatut se uni¨® al bloque conservador para aprobar una pol¨¦mica sentencia que tumb¨® una parte importante de ese texto. El Ejecutivo de S¨¢nchez opta esta vez por dos perfiles m¨¢s cercanos al mundo pol¨ªtico, aunque tambi¨¦n con largo recorrido profesional.

Campo, que sin duda ser¨¢ el centro de la cr¨ªtica de la oposici¨®n por su trayectoria pol¨ªtica, es para el Gobierno un candidato ideal porque conoce los tres poderes del Estado y es muy respetado en el mundo jur¨ªdico, tambi¨¦n por los conservadores. Fuentes del Ejecutivo argumentan que ser ministro durante a?o y medio no te puede contaminar el resto de la carrera.

Se trata, por tanto, de dos nombramientos de perfil netamente progresista, con los que el Gobierno lanza un gesto de autoridad muy evidente, sobre todo porque ha decidido no esperar m¨¢s al CGPJ ante la evidencia de que un grupo de unos ocho vocales m¨¢s cercanos al PP est¨¢n dispuestos a todo tipo de maniobras dilatorias para no nombrar a los suyos.

El Gobierno ha llegado a la conclusi¨®n de que el PP, despu¨¦s de la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial, estaba dispuesto a bloquear sine die esta renovaci¨®n para evitar que cambie la mayor¨ªa, algo que ha sucedido siempre con total normalidad cada nueve a?os. El Gobierno se queja de que la oposici¨®n no reconoce su victoria electoral de 2019 y le niega la legitimidad de nombrar a sus dos magistrados, como han hecho todos los presidentes.

Ahora empezar¨¢ la discusi¨®n jur¨ªdica. El Gobierno ha esperado durante cinco meses al CGPJ porque sab¨ªa que esta opci¨®n, la de nombrar por su cuenta, podr¨ªa suponer un conflicto jur¨ªdico, ya que la Constituci¨®n habla de renovar el ¨®rgano por tercios, esto es de cuatro en cuatro, en este caso dos el CGPJ y dos el Gobierno. Pero una vez constatado el bloqueo en el CGPJ, el Ejecutivo entiende que no cumplir con su obligaci¨®n de renovar s¨ª ser¨ªa inconstitucional y supondr¨ªa que el que incumple ¡ªel CGPJ¡ª tiene capacidad de arrastrar a otra instituci¨®n a incumplir. Adem¨¢s, una vez que este martes el Gobierno renueve a los suyos, nada impide que el CGPJ se re¨²na y haga lo propio. En teor¨ªa tiene una cita para hacerlo el 22 de diciembre, pero el Ejecutivo no conf¨ªa, dadas las maniobras dilatorias de los vocales cercanos al PP hasta ahora.

El riesgo es que el Constitucional bloquee esta renovaci¨®n. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo creen que la decisi¨®n es incuestionable jur¨ªdicamente cuando el CGPJ lleva desde el 13 de septiembre, d¨ªa l¨ªmite fijado por la nueva ley, sin cumplir con su obligaci¨®n de renovar a dos magistrados. En el Gobierno apelan a una sentencia del tribunal de garant¨ªas, la 191 de 2016, en la que permiti¨® que el CGPJ funcionara con una renovaci¨®n parcial del Congreso, pero no del Senado, porque hab¨ªa un problema para ponerse de acuerdo. La sentencia aval¨® la constitucionalidad de una ley que permit¨ªa una renovaci¨®n parcial del CGPJ. Esto abre la puerta a que se acepte tambi¨¦n esta renovaci¨®n por separado del Gobierno y el CGPJ, seg¨²n el Ejecutivo.

En cualquier caso, aunque el Constitucional bloqueara temporalmente la renovaci¨®n, en alg¨²n momento se producir¨ªa y estos dos candidatos, una vez elegidos por el Consejo de Ministros, son inamovibles, con lo que la mayor¨ªa cambiar¨¢ a favor de los progresistas en alg¨²n momento. Es una cuesti¨®n decisiva porque el tribunal de garant¨ªas tendr¨ªa as¨ª una mayor¨ªa progresista durante nueve a?os, un periodo en el que tiene que resolver cuestiones decisivas como la ley del aborto, la de la eutanasia o la reforma laboral.