La controversia de los nombramientos del Ejecutivo para el Constitucional puede llevar al choque de trenes entre instituciones

El nombramiento de los cuatro magistrados que deben ser designados en este turno de renovaci¨®n del Constitucional viene siendo objeto de fuerte controversia desde hace meses. Sobre todo desde junio, cuando termin¨® el mandato del tribunal con su actual composici¨®n. Dos de esos magistrados han de ser designados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Pero el sector conservador del CGPJ se ha negado con todo tipo de excusas a proponer siquiera un candidato, bloqueando la renovaci¨®n, que debi¨® producirse antes del 13 de septiembre. Ahora, con el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde efectuar al Ejecutivo, la pregunta es si podr¨¢n incorporarse al tribunal de garant¨ªas, o si cabe la posibilidad de que el propio tribunal vete su ingreso, y c¨®mo deber¨ªa resolverse un conflicto planteado en estos t¨¦rminos.

En el Constitucional se tem¨ªa que llegara este momento, por la divisi¨®n que puede originarse. En principio, el sector conservador del ¨®rgano de garant¨ªas era partidario de bloquear la llegada de los magistrados que nombrara el Gobierno, si no ven¨ªan acompa?ados de los dos del Poder Judicial. El Ejecutivo ha sido consciente de este estado de cosas, y por eso ha esperado casi tres meses a que los vocales conservadores propusieran a su candidato. Se quer¨ªa evitar el choque de trenes.

Pero el Gobierno ha puesto fin a la espera, mientras en el Constitucional tambi¨¦n ha habido una evoluci¨®n interna. No han cambiado las opiniones, pero s¨ª el estado de ¨¢nimo. El sector conservador sigue pensando que la Constituci¨®n es rotunda cuando prev¨¦ que el tribunal se renovar¨¢ por tercios cada tres a?os. La lectura que hace este bloque pasa por constatar que un tercio de 12 ¡ªn¨²mero total de magistrados¡ª es cuatro, y que han de llegar todos a la vez o no entra ninguno, porque permitirlo ser¨ªa inconstitucional. Pero los magistrados conservadores ¡ªque ahora tienen una mayor¨ªa de seis votos, frente a los cinco del grupo progresista¡ª no desean pasar a la historia del tribunal como quienes cerraron la puerta a los dos nombrados por el Gobierno.

El sector progresista, a su vez, defiende que las designaciones del Ejecutivo no deben frenarse, porque una instituci¨®n ¡ªel Consejo del Poder Judicial¡ª no puede impedir el correcto funcionamiento de otra, el Gobierno. Su tesis es que ambos deben tener la capacidad de actuar de forma aut¨®noma y que hay antecedentes que avalan la posibilidad de que no coincidan en el tiempo las incorporaciones de los dos magistrados que ha de nombrar el Poder Judicial y los dos que ha de designar el Ejecutivo. Entre estos precedentes, la formaci¨®n del primer Constitucional, al que se incorporaron primero los dos magistrados nombrados por el Gobierno, a la espera de que el Consejo del Poder Judicial echara a andar.

Otro antecedente importante es la sentencia 191/2016 del Constitucional. Se resolvi¨® en ese fallo que Congreso y Senado pudieran ir desacompasados en la renovaci¨®n del tribunal si una de las dos C¨¢maras se retrasaba en los nombramientos de los dos magistrados que le corresponde designar. ¡°Cada C¨¢mara ¡ªexpuso el Constitucional¡ª es ¨®rgano a se; esto es, cada una ostenta la potestad, y la responsabilidad consiguiente, de designar, en el tiempo legalmente prescrito, los vocales de su elecci¨®n. (¡­) Una potestad, sin duda, pero tambi¨¦n, al tiempo, un deber¡±. La paradoja, si ahora el Constitucional rechaza a los magistrados nombrados por el Gobierno, es que se plantear¨ªa un conflicto entre instituciones del Estado que deber¨ªa resolver el propio tribunal de garant¨ªas, con la ¨²nica alternativa de un pacto pol¨ªtico in extremis para salir del laberinto.