El Gobierno crea el delito de enriquecimiento il¨ªcito de cargos p¨²blicos con penas de hasta tres a?os de c¨¢rcel
PSOE y Unidas Podemos quieren que las autoridades tengan que dar explicaciones hasta cinco a?os despu¨¦s de abandonar el cargo p¨²blico
Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo p¨²blico en m¨¢s de 250.000 euros sin justificaci¨®n podr¨¢n ser castigadas con hasta tres a?os de c¨¢rcel, inhabilitaci¨®n de dos a siete a?os y una sustanciosa multa. As¨ª figura en la enmienda que van a presentar hoy en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos, aliados del Gobierno, para la modificaci¨®n del C¨®digo Penal, que supone incluir un nuevo art¨ªculo que impone al cargo p¨²blico la obligaci¨®n de dar explicaciones del origen del enriquecimiento il¨ªcito, al menos hasta cinco a?os despu¨¦s de haber abandonado su funci¨®n, lo que supone un reforzamiento de la mera sospecha, pues los proponentes optan por ¡°un delito de desobediencia ante los requerimientos de los organismos competentes¡±. La propuesta supone crear un nuevo delito de enriquecimiento il¨ªcito, en paralelo a la reforma de la malversaci¨®n, para reforzar la lucha contra la corrupci¨®n. El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ya ha anunciado su rechazo a todas las reformas y su compromiso de derogar si gobierna las nuevas normas, al tiempo que se ha mostrado asustado por los ¡°ataques a las instituciones¡± y la ¡°deriva autoritaria¡±.
El plazo para la presentaci¨®n de enmiendas en la modificaci¨®n expr¨¦s de la sedici¨®n acaba esta tarde, pero a medida que avanzan las horas las modificaciones se van extendiendo a otros aspectos del C¨®digo Penal. PSOE y Unidas Podemos registran este viernes una bater¨ªa de enmiendas que ¡ªadem¨¢s de suprimir ese delito y desbloquear la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional¡ª buscan endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, garantizar la protesta pac¨ªfica y castigar el desv¨ªo de fondos presupuestarios.
La enmienda para el nuevo delito de enriquecimiento sospechoso supone incluir un art¨ªculo (438 bis) con la siguiente redacci¨®n: ¡°La autoridad que durante el desempe?o de su funci¨®n o cargo y hasta cinco a?os despu¨¦s de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelaci¨®n de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los ¨®rganos competentes destinados a comprobar su justificaci¨®n, ser¨¢ castigado con las penas de prisi¨®n de seis meses a tres a?os, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete a?os¡±.
Patxi L¨®pez, portavoz del PSOE, ha explicado esta ma?ana que se introduce ¡°por primera vez en Espa?a este delito de enriquecimiento il¨ªcito¡±, porque, hasta ahora, los cargos p¨²blicos solo ten¨ªan que presentar sus declaraciones de renta y patrimonio, ¡°pero nada m¨¢s. Hac¨ªa falta que se dejase claro si hemos tenido un incremento patrimonial desproporcionado o injustificado, suceda algo, y este delito de enriquecimiento il¨ªcito es la respuesta¡±, ha subrayado tras la presentaci¨®n de la bater¨ªa de enmiendas.
En el texto que se presenta este viernes se justifica que la nueva figura del enriquecimiento il¨ªcito supone homologar el C¨®digo Penal a los de pa¨ªses como Francia, Luxemburgo, Portugal o Lituania, y subraya: ¡°El delito se articula velando por la m¨¢xima compatibilidad con los principios constitucionales, particularmente con el derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia, por lo que se opta por establecer un delito de desobediencia ante los requerimientos de los organismos competentes en lugar de un delito de sospecha que se sustente tan solo en un incremento patrimonial¡±.
De esta manera, la que iba a ser una reforma de la sedici¨®n se va ampliando. As¨ª, los socios de Gobierno, a propuesta de Unidas Podemos, tambi¨¦n han acordado reformar el art¨ªculo 311 del C¨®digo Penal para poder actuar contra las empresas que incumplan reiteradamente la legislaci¨®n laboral. El nuevo texto contempla que ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de ¡°seis meses a seis a?os¡± a quienes ¡°impongan condiciones ilegales bajo f¨®rmulas ajenas a su contrato de trabajo¡±. El cambio tendr¨¢ efecto sobre empresas como Glovo, la compa?¨ªa de reparto a domicilio, que hasta ahora al seguir operando con aut¨®nomos e incumplir la legislaci¨®n en vigor desde hace un a?o (la llamada ley rider), incurr¨ªa en delitos administrativos, pero no penales.
Sedici¨®n, malversaci¨®n, asalto al TC¡ El Gobierno recrudece contrarreloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de derecho. Asusta pensar hasta d¨®nde puede llegar S¨¢nchez en un final de a?o en el que todo vale. No nos quedaremos callados ante esta deriva autoritaria:
— Alberto N¨²?ez Feij¨®o (@NunezFeijoo) December 9, 2022
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