ERC propone una pena m¨¢xima de tres a?os de c¨¢rcel en los casos de malversaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro

ERC ya ha registrado este viernes en el Congreso la enmienda que busca que la reforma del C¨®digo Penal tambi¨¦n alcance al delito de malversaci¨®n. El texto, que ahora podr¨¢ ser objeto de transacciones con otros grupos, y que analizar¨¢ el lunes la Comisi¨®n de Justicia, revierte la reforma hecha por el PP en 2015 y vuelve a poner como centro de gravedad la existencia o no del ¨¢nimo de lucro. Diferenciando este hecho (a la manera de pa¨ªses como Italia o Francia), los republicanos proponen una horquilla de penas. Si no se acredita el beneficio personal o a un tercero, el tiempo en prisi¨®n establecido va de seis meses a tres a?os. En su variante m¨¢s grave, se mantiene hasta los 12 a?os. Ese esquema beneficiar¨ªa, por ejemplo, a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat con causas en los tribunales (12 de ellos de ERC), a algunos de los condenados por el proc¨¦s y a Carles Puigdemont y los otros huidos de la justicia en B¨¦lgica.

Tras d¨ªas de negociaciones intensas y cr¨ªticas dentro y fuera de los partidos de gobierno, el debate ahora se centrar¨¢ en la letra peque?a. Ni PSOE ni Podemos han incluido en sus enmiendas una propuesta para la malversaci¨®n, informan Javier Casqueiro y Paula Chouza, aunque s¨ª est¨¢ sobre la mesa negociar transacciones. Los socialistas y los republicanos niegan que el texto sea origen de un pacto entre ambos, mostrando as¨ª los dif¨ªciles equilibrios internos que ha implicado esta parte del cambio en el C¨®digo Penal. La tramitaci¨®n de la reforma, que tambi¨¦n incluye derogar la sedici¨®n y tocar otras figuras, continuar¨¢ el lunes con la apertura de su ponencia y el an¨¢lisis en comisi¨®n. De hecho, no se descarta que pueda llegar a la sesi¨®n del Pleno y se vote esta misma semana.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, condenado por malversaci¨®n por el Tribunal Supremo en el juicio del proc¨¦s, se ha felicitado en un tuit de la iniciativa de su partido: ¡°Con pasos como este, conseguimos concentrar toda nuestra fuerza pol¨ªtica para poner justicia all¨¢ donde hay injusticia. Solo as¨ª ser¨¢ posible limitar la capacidad represiva del Estado y, al mismo tiempo, avanzar en el camino de la construcci¨®n de una Rep¨²blica Catalana justa¡±.

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Patxi L¨®pez: "En caso de no justificar un incremento patrimonial se podr¨¢ aplicar penas de prisi¨®n de entre seis meses y tres a?os"

El principal reto de la modificaci¨®n de la malversaci¨®n era asegurarse de que al tocar el esquema de penas no se permitiera que se mejorara la situaci¨®n de corruptos que s¨ª se han lucrado mediante el desv¨ªo de dinero p¨²blico. De momento, la propuesta de los republicanos mantiene la pena m¨¢xima que fij¨® el PP: ocho a?os de prisi¨®n, con posibilidad de hasta cuatro m¨¢s en los casos donde el importe de lo malversado supere los 250.000 euros. Seg¨²n la justificaci¨®n que contiene la enmienda, el cambio ¡°vuelve a la estructura planteada en 1995, donde lo que se considera malversaci¨®n son las conductas de apropiaci¨®n del patrimonio p¨²blico con ¨¢nimo de lucro, as¨ª como el uso temporal del patrimonio p¨²blico para fines particulares¡±.

La verdadera novedad vendr¨ªa en la adici¨®n de un art¨ªculo, el 423 bis, que especifica el supuesto donde no hay un beneficio. Los servidores p¨²blicos que destinen ¡°el patrimonio p¨²blico puesto a su cargo¡± para un uso ¡°particular y ajeno a la funci¨®n p¨²blica¡±, pero ¡°sin ¨¢nimo de apropi¨¢rselo¡±, tendr¨¢n que responder por ello con entre seis meses y tres a?os de prisi¨®n. Aqu¨ª se fija una horquilla para la inhabilitaci¨®n de entre uno y cuatro a?os. En estos supuestos encajar¨ªa, por ejemplo, que se usara el coche oficial para hacer gestiones personales .

En su tipo b¨¢sico, donde s¨ª se aprecia la intenci¨®n de apropiarse de patrimonio p¨²blico o de permit¨ªrselo a otros, la propuesta de los republicanos fija una pena de prisi¨®n de dos a seis a?os. La inhabilitaci¨®n estar¨ªa entre los seis y los 10 a?os. Si se dan las agravantes de que lo desviado superase los 40.000 euros, tuviese un valor patrimonial o hist¨®rico o se tratase de fondos con los que se buscaba atender una calamidad p¨²blica, aumentar¨ªan las penas. La de prisi¨®n, de cuatro a ocho a?os y la de inhabilitaci¨®n, de 10 a 20 a?os. En el supuesto m¨¢s grave, si se comprobara que se han desviado m¨¢s de 250.000 euros, la pena deber¨ªa estar en ¡°la mitad superior¡±, es decir, se sumar¨ªan cuatro a?os m¨¢s, llegando a los 12.

Todo el andamiaje que sostiene el cambio, que el presidente Pedro S¨¢nchez se abri¨® a aprobar el martes, es una contrarreforma de lo que impuls¨® el PP en 2015. El Gobierno de Mariano Rajoy opt¨® por englobar la malversaci¨®n dentro de un concepto m¨¢s pr¨®ximo a la administraci¨®n desleal. El nuevo paradigma era no solo que se buscara el lucro, sino tambi¨¦n evitar el perjuicio en el patrimonio administrado. Ese cambio es transcendente si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo y las defensas de los exconsejeros chocaron en el juicio al proc¨¦s sobre si el mero hecho de comprometer una partida p¨²blica relacionada con la independencia ¨Dy que nunca se lleg¨® a ejecutar¨D implicar¨ªa que se consumara la malversaci¨®n. ERC vuelve al esquema del C¨®digo Penal de 1995, que pone el centro del ¨¢nimo de lucro, pero con una definici¨®n modificada: la enmienda habla de la prohibici¨®n de ¡°apropiarse¡±, mientras que en el de 1995 se emplea el verbo ¡°sustraer¡±.

Sigue la negociaci¨®n

Tras conocerse los detalles de la enmienda, los partidos en el Gobierno han encontrado este viernes dificultades para desmarcarse del texto presentado por los republicanos. El portavoz de los socialistas, Patxi L¨®pez, ha negado que su grupo haya negociado la reforma de la malversaci¨®n con los de Gabriel Rufi¨¢n y que la iniciativa sobre un nuevo delito de enriquecimiento il¨ªcito pretenda ¡°contrarrestarla¡±, socavarla o, al menos, hacerle sombra. ¡°?Para contrarrestar qu¨¦? Nada. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupci¨®n¡±, ha rechazado el socialista.

En la misma l¨ªnea, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha marcado distancias con Esquerra y ha pedido tiempo para ¡°poder estudiar las implicaciones¡± del articulado presentado, aunque ha reconocido que existen conversaciones entre los grupos. ¡°Sabemos cu¨¢les son sus intenciones¡±, ha matizado. Tanto Asens como el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, se han mostrado ¡°abiertos¡± a estudiar la iniciativa, porque la reforma del Partido Popular de 2015 no los satisface, y porque creen que es conveniente diferenciar entre supuestos en los que hay enriquecimiento il¨ªcito y supuestos en los que no lo hay. ¡°No puedo avanzar la posici¨®n del espacio, pero s¨ª nuestra predisposici¨®n a hacer cambios en esa ley reformada por el PP, siempre que eso no sirva para garantizar la impunidad de ning¨²n corrupto¡±, ha establecido Asens.

Posibles efectos

El planteamiento de ERC, de entrada, implica cambios en gran parte de los encausados y condenados por el proc¨¦s. Ni a los sentenciados por el Tribunal Supremo ni a los que est¨¢n siendo objeto de las investigaciones judiciales sobre los preparativos del refer¨¦ndum ilegal del 1-O o la financiaci¨®n de la acci¨®n exterior del independentismo se los se?ala por haber tenido a¨²n beneficio. Si a esto se suma el efecto que puede tener la derogaci¨®n del delito de sedici¨®n, el impacto puede ser considerable y es precisamente esa idea de desjudicializar la pol¨ªtica la que ha impulsado el acuerdo entre el Gobierno y ERC.

De manera retroactiva, afectar¨ªa a los republicanos Junqueras y Dolors Bassa, as¨ª como al actual secretario de Junts, Jordi Turull, que son los ¨²nicos que fueron condenados por malversaci¨®n. S¨ª tendr¨¢ m¨¢s impacto en el futuro procesal de los ex cargos de segunda fila, que ya han sido procesados en la causa sobre los preparativos del proc¨¦s, o la que investiga la financiaci¨®n de la acci¨®n exterior independentista. Carles Puigdemont, Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª, huidos de la justicia en B¨¦lgica y a la espera de que los tribunales europeos tomen decisiones sobre su situaci¨®n, tambi¨¦n se enfrentan a un escenario m¨¢s favorable.

La gran inc¨®gnita tambi¨¦n es qu¨¦ pasar¨¢ con el expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, condenado a seis a?os de prisi¨®n y 15 de inhabilitaci¨®n por el caso de los ERE. En su caso, no se ha probado el beneficio personal, aunque si el ¡°uso indebido¡± de los fondos p¨²blicos. Los republicanos recuerdan que el exl¨ªder socialista fue juzgado gracias a la ley de 1995 y no a la vigente, que es de 2015. Dependiendo de c¨®mo se concrete el texto final y de qu¨¦ forma se termine aclarando el beneficio a terceros, se establecer¨¢ c¨®mo queda la situaci¨®n de Gri?¨¢n. El inter¨¦s por el lucro personal o de los partidos no siempre protagoniza los mayores casos de malversaci¨®n: en el de Kitchen, por ejemplo, la c¨²pula del PP desvi¨® dinero p¨²blico para espiar ilegalmente al extesorero del PP, Luis Barcenas, y a su familia.

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