El dilema de que la reforma de la malversaci¨®n de ERC pueda beneficiar a encausados por corrupci¨®n
Los republicanos rechazan esta posibilidad, mientras el PSOE y Unidas Podemos env¨ªan la propuesta a sus equipos jur¨ªdicos para que la estudien en profundidad. Abogados de ¡®Kitchen¡¯ o el ¡®caso de los ERE¡¯ tambi¨¦n siguen la iniciativa con atenci¨®n
El Gobierno y sus socios vuelven a poner sobre la mesa cambios en el complejo puzle del C¨®digo Penal. Entre las propuestas que se concretaron el viernes se incluye una reforma del delito de malversaci¨®n impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el objetivo de beneficiar a los dirigentes independentistas encausados y condenados por el proc¨¦s y el refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. As¨ª lo expres¨® de forma clara la portavoz del partido secesionista, Marta Vilalta, que descart¨® que su iniciativa pueda suponer la rebaja de ¡°penas cuando hay casos de corrupci¨®n¡±. Pero el temor a que otros corruptos se beneficien ya sobrevuela el nuevo texto, y el PSOE y Unidas Podemos se lo han enviado a sus respectivos equipos jur¨ªdicos para que lo estudien en profundidad.
La enmienda de ERC, de apenas dos folios, cambia por completo el delito de malversaci¨®n. El C¨®digo Penal vigente prev¨¦ penas de hasta 12 a?os de c¨¢rcel ¡ªadem¨¢s de hasta 20 a?os de inhabilitaci¨®n¡ª para las autoridades o funcionarios que administren de forma desleal o se apropien de patrimonio p¨²blico, o favorezcan que terceras personas lo hagan. El texto de los republicanos modifica este modelo al introducir la idea del ¡°¨¢nimo de lucro¡±. As¨ª, el partido catal¨¢n propone castigar, al igual que ahora, con hasta 12 a?os de c¨¢rcel a quienes, ¡°con ¨¢nimo de lucro, se apropien o consintieren que un tercero, con igual ¨¢nimo, se apropie del patrimonio p¨²blico¡±. Pero, ?qu¨¦ ocurre con aquellas actuaciones donde los encausados no hayan intervenido con el objetivo de beneficiarse econ¨®micamente?
Para ello, ERC plantea un nuevo art¨ªculo (el 432 bis) que establece que aquellas autoridades o funcionarios que, sin ¨¢nimo de apropi¨¢rselo, usen el patrimonio p¨²blico para ¡°usos particulares y ajenos a la funci¨®n p¨²blica¡± puedan ser castigados con penas de seis meses a tres a?os de prisi¨®n siempre y cuando devuelvan el dinero malversado ¡°dentro de los 10 d¨ªas siguientes al de la incoaci¨®n del proceso¡±. Seg¨²n Vilalta, este tipo de redacci¨®n evita que haya corruptos que consigan rebajas de penas; pero a la vez garantiza que los encausados del 1-O, a los que no considera corruptos, se beneficien: ¡°Ni se apropiaron de fondos p¨²blicos ni se enriquecieron personalmente ni utilizaron fondos p¨²blicos para usos privados, que creemos que son los delitos que s¨ª deben estar penados y perseguidos¡±, dijo la portavoz de Esquerra el viernes en una entrevista al referirse a los dirigentes del proc¨¦s.
Sin embargo, la redacci¨®n genera dudas dentro del PSOE y Unidas Podemos, seg¨²n reconocen fuentes de las dos fuerzas pol¨ªticas. Como siempre, seg¨²n detallan otras fuentes jur¨ªdicas consultadas por este peri¨®dico, ante la enorme casu¨ªstica, la interpretaci¨®n que hicieran los tribunales del texto resultar¨ªa clave. Y el Gobierno tiene muy reciente la pol¨¦mica generada con la ley del solo s¨ª es s¨ª, que ha provocado rebajas de condenas a agresores sexuales, pese a que el Ministerio de Igualdad defendi¨® que no iban a producirse ¡ªprecisamente, seg¨²n Podemos, los jueces no est¨¢n interpretando correctamente la nueva Ley de Libertad Sexual tras su entrada en vigor¡ª.
¡°Garantizaremos que nadie condenado por el delito de malversaci¨®n se vea beneficiado de ninguna reforma¡±, dijo el viernes el socialista Alfonso Rodr¨ªguez G¨®mez de Celis, vicepresidente primero del Congreso. Ni el PSOE ni Podemos hab¨ªan incluido en sus enmiendas una reforma de la malversaci¨®n, aunque s¨ª se abren a negociar transaccionales para cambiar la redacci¨®n planteada por ERC, seg¨²n fuentes de ambas fuerzas. Pero el portavoz de los socialistas, Patxi L¨®pez, insiste en que no apoyar¨¢n ¡°nada que beneficie a condenados por corrupci¨®n¡±, y que ¡°cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos p¨²blicos tiene que ser sancionado¡±.
Los casos ¡®ERE¡¯ y ¡®Kitchen¡¯
Una de las dudas que se ha puesto sobre la mesa es qu¨¦ ocurre con aquellos condenados o procesados por malversar dinero p¨²blico sin la idea de apropi¨¢rselo. Ah¨ª se encuentra, por ejemplo, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, el expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa sentenciado a seis a?os de c¨¢rcel por el caso de los ERE. Sobre ello, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, afirm¨® el viernes que su formaci¨®n opina que, por lo que saben de la enmienda de ERC, esta no beneficiar¨ªa al antiguo jefe del Gobierno auton¨®mico, pues en ese caso hubo un ¡°enriquecimiento de terceras personas¡± y, por tanto, se seguir¨ªan previendo las mismas penas que actualmente. Otra fuente jur¨ªdica consultada por este peri¨®dico apunta que, adem¨¢s, este delito de malversaci¨®n iba acompa?ado del de prevaricaci¨®n ¡ªpor el que tambi¨¦n se lo castig¨®¡ª, y esto supondr¨ªa que se podr¨ªa interpretar que actu¨® de forma ¡°ajena a la funci¨®n p¨²blica¡±.
Varias partes personadas en el caso Kitchen, la investigaci¨®n judicial sobre el espionaje irregular del Ministerio del Interior al extesorero popular Luis B¨¢rcenas, tambi¨¦n siguen con atenci¨®n la reforma que ha planteado ERC. Aunque los delitos que se imputan en este sumario son muchos, algunos abogados tienen dudas sobre si la reforma de los republicanos podr¨ªa generar problemas al cambiar el encaje sobre el que se sustenta el delito de malversaci¨®n atribuido a algunos procesados, entre los que se encuentran el exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz; Francisco Mart¨ªnez, ex secretario de Estado de Seguridad; o el comisario Eugenio Pino, jefe de la Polic¨ªa con el Gobierno de Mariano Rajoy. En la causa no hay indicios de que ninguno de ellos se lucrara econ¨®micamente ¡ªaunque s¨ª Sergio R¨ªos, el ch¨®fer de B¨¢rcenas, al que se pag¨® con fondos reservados¡ª, pero se usaron recursos p¨²blicos (como agentes de polic¨ªa) para espiar al extesorero.
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