Dos de las tres asociaciones de fiscales auguran rebajas de penas a corruptos al reformar la malversaci¨®n
En el ministerio p¨²blico aumentan las voces cr¨ªticas con los cambios legales pactados por el PSOE y ERC
El pacto del PSOE y ERC para reformar el delito de malversaci¨®n acumula m¨¢s cr¨ªticas. Dos de las tres asociaciones de fiscales alertan de que el acuerdo hecho p¨²blico este lunes para modificar el C¨®digo Penal, que implica disminuciones de penas en algunos supuestos, podr¨ªa beneficiar a corruptos. Es m¨¢s, ambos colectivos pronostican un posible fen¨®meno similar al ocurrido con la ley del solo s¨ª es s¨ª, que ha permitido que m¨¢s de medio centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado ya de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendi¨® que estas no iban a producirse. ¡°Al menos, que no se diga que en esta ocasi¨®n no estaban avisados¡±, sentencia la Ejecutiva de la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n de Fiscales.
A trav¨¦s de un comunicado difundido este martes, la Asociaci¨®n de Fiscales muestra su preocupaci¨®n por la reforma de la malversaci¨®n pactada por ERC y PSOE. El colectivo cuestiona que exista una ¡°necesidad¡± jur¨ªdica para acometer este cambio, como argumentan sus impulsores, y lamenta que se apruebe ¡°omitiendo deliberadamente todo tipo de informe que hiciese reflexionar sobre sus terribles consecuencias¡±. En opini¨®n de este colectivo, estos cambios no asemejan la legislaci¨®n de Espa?a a la de los pa¨ªses de su entorno, ni supone una vuelta al C¨®digo Penal de 1995, como ha defendido Esquerra. ¡°El ¨²nico dato objetivo y constatable es que las penas propuestas podr¨ªan conllevar revisiones de condenas ya dictadas. Pues, como ya pas¨® con la controvertida ley del solo s¨ª es s¨ª, algunos tipos contemplan penas inferiores a las vigentes¡±, afirma la nota.
En una l¨ªnea similar se mueve Salvador Viada, fiscal de Tribunal Supremo y presidente de APIF (Asociaci¨®n Profesional Independiente de Fiscales). ¡°No nos gusta esta reforma. Por un lado, por el modo en c¨®mo se hace, ya que no obedece a una necesidad planteada por los penalistas porque el tipo est¨¦ mal, sino que responde a razones pol¨ªticas. Van a cambiar las reglas para solucionar un problema pol¨ªtico¡±, afirma el representante del ministerio p¨²blico. Pero adem¨¢s, a?ade Viada, porque estos cambios implican castigar con menos pena ¡°la corrupci¨®n m¨¢s grave¡±: aquella en la que el implicado dedica fondos p¨²blicos para el beneficio de los intereses de su partido sin que exista un lucro personal de ¨¦l. Adem¨¢s, seg¨²n apostilla el fiscal, la redacci¨®n actual permite la posibilidad de perseguir el despilfarro de las autoridades cuando es abusivo, una puerta que ahora se cerrar¨ªa.
El C¨®digo Penal vigente prev¨¦ penas de hasta 12 a?os de c¨¢rcel ¡ªadem¨¢s de hasta 20 a?os de inhabilitaci¨®n¡ª para las autoridades o funcionarios que administren de forma desleal o se apropien de patrimonio p¨²blico, o favorezcan que terceras personas lo hagan. Sin embargo, el texto pactado ahora por PSOE y ERC modifica esta concepci¨®n del delito y lo hace girar en torno a la idea del ¡°¨¢nimo de lucro¡± del implicado. As¨ª, prev¨¦ estas penas tan altas para quienes act¨²en movidos por ese ¡°¨¢nimo de lucro¡±, pero lo reduce para otros supuestos. Por ejemplo, contempla un castigo de seis meses a tres a?os de c¨¢rcel para quienes, ¡°sin ¨¢nimo de apropi¨¢rselo¡±, destinen a uso privado el patrimonio p¨²blico; y de un a?o a cuatro de prisi¨®n para quienes den a esos fondos una finalidad diferente a la que se hubiese previsto, provocando un ¡°da?o o entorpecimiento grave¡±.
Asociaciones judiciales
La tercera asociaci¨®n, Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), no se ha pronunciado en concreto sobre el delito de malversaci¨®n, aunque este mi¨¦rcoles s¨ª ha emitido un comunicado para mostrar su ¡°oposici¨®n¡± a las reformas ¡°apresuradas¡± del C¨®digo Penal: ¡°Una t¨¦cnica legislativa que privada de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, as¨ª como impide el debate p¨²blico, prudente y sosegado que debe proceder a tan importantes cambios normativos. Los informes de los superiores ¨®rganos consultores del Estado no son un simple tr¨¢mite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor t¨¦cnica legislativa y advertir posibles consecuencias en su aplicaci¨®n¡±
Por su parte, las cr¨ªticas sobre la reforma de malversaci¨®n de la Asociaci¨®n de Fiscales y de APIF se suman a las de los colectivos judiciales. El pasado domingo, despu¨¦s de que se conociera la enmienda de ERC y la intenci¨®n del PSOE de pactar rebajas en las penas de algunos supuestos del delito de malversaci¨®n, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia ya lanz¨® un mensaje que sentenciaba: ¡°No cabe tolerancia contra la corrupci¨®n, cualquiera que sea la forma en que tenga lugar. Es un error modificar el tratamiento penal de la malversaci¨®n¡±.
Para entonces, Esquerra ya hab¨ªa dejado claro que su intenci¨®n era introducir una reforma que despenalizara el proc¨¦s y el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre, beneficiando a todos los dirigentes independentistas encausados o condenados por ello. Seg¨²n los republicanos, el uso de dinero para esos fines no debe constituir un delito, ya que los pol¨ªticos secesionistas no desviaron fondos p¨²blicos para su beneficio particular. Una postura criticada abiertamente por algunas asociaciones judiciales. ¡°Todos los delitos tratan de proteger un bien: el de malversaci¨®n protege al funcionamiento eficaz de la Administraci¨®n p¨²blica. La mayor o menor gravedad de una conducta de malversaci¨®n no depende del enriquecimiento, sino del da?o que causa a la eficacia de la administraci¨®n¡±, afirm¨® el pasado viernes Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
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