El Constitucional deneg¨® medidas cautelar¨ªsimas en los casos que afectaban a los diputados Alberto Rodr¨ªguez y Teresa Rodr¨ªguez

La controvertida decisi¨®n adoptada este lunes por el Constitucional al paralizar la tramitaci¨®n parlamentaria de una reforma que desbloqueaba su propia renovaci¨®n ha puesto de manifiesto las interpretaciones contradictorias del tribunal de garant¨ªas en resoluciones anteriores. Ni en el caso de Teresa Rodr¨ªguez y otros siete diputados auton¨®micos de Adelante Andaluc¨ªa, expulsados del grupo parlamentario al ser acusados de transfuguismo en octubre de 2020, ni en el del ex n¨²mero tres de Podemos, Alberto Rodr¨ªguez, despojado un a?o m¨¢s tarde de su esca?o en el Congreso tras ser condenado por el Tribunal Supremo, el Constitucional acept¨® las medidas cautelar¨ªsimas que solicitaban. Al contrario que en la resoluci¨®n de este lunes, los magistrados decidieron entonces no aceptar las medidas urgentes y acordaron abrir piezas separadas para escuchar a todas las partes interesadas en el procedimiento.

Meses despu¨¦s de abandonar la militancia del partido fundado por Pablo Iglesias, y con los votos de PSOE y Vox, la Mesa del Parlamento andaluz aprob¨® la petici¨®n de Izquierda Unida y Podemos para expulsar a la l¨ªder anticapitalista, Teresa Rodr¨ªguez, y parte del grupo af¨ªn a ella de Adelante Andaluc¨ªa. Tras presentar diferentes escritos en la C¨¢mara, la diputada anunci¨® en noviembre un recurso al Constitucional. El ¨®rgano de garant¨ªas lo admiti¨® a tr¨¢mite el 10 de mayo siguiente, pero los jueces desestimaron las cautelar¨ªsimas y acordaron abrir una pieza separada para resolver un posible reingreso en el grupo, una vez escuchadas las partes. En el auto fechado poco m¨¢s de un mes despu¨¦s, el 21 de junio, el Constitucional denegaba de modo cautelar la suspensi¨®n de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Andaluc¨ªa por los que los afectados pasaron a ser diputados no adscritos. El escrito argumentaba que la adopci¨®n de la medida cautelar supon¨ªa ¡°anticipar el examen de la cuesti¨®n de fondo¡± que se suscita en el recurso de amparo. Es decir, que devolverles al grupo ser¨ªa como adelantarse a la resoluci¨®n final del ¨®rgano.

¡°Resulta llamativo que el Tribunal Constitucional decida por unanimidad no tomar medidas cautelares respecto a la expulsi¨®n de 11 diputados [ocho iniciales a los que se sumaron tres m¨¢s] de un grupo de 17 en un Parlamento auton¨®mico, que lleven dos a?os sin fallar respecto a esta expulsi¨®n y, sin embargo, decidan adoptar medidas cautelar¨ªsimas sobre una decisi¨®n que todav¨ªa no han tomado los ¨®rganos democr¨¢ticos donde reside la soberan¨ªa popular para intervenir directamente en pol¨ªtica¡±, ha afirmado Teresa Rodr¨ªguez, quien este lunes renunciaba a su acta de diputada en el Parlamento andaluz. Muy dura, la exparlamentaria ha valorado que el tribunal ¡°incumple la Constituci¨®n y da un golpe a la democracia¡±.

El caso de Alberto Rodr¨ªguez ha seguido hasta el momento un curso similar, aunque el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de los dos recursos (uno contra la sentencia del Supremo y otro contra la retirada del esca?o) presentados en enero y aceptados ya en mayo, siete meses despu¨¦s de recibir la condena. En el segundo de ellos, la defensa de Rodr¨ªguez solicita al tribunal de garant¨ªas que le devuelva su acta de diputado como medida cautelar ¡°para evitar el da?o irreparable¡± que provocar¨ªa tanto en su persona como a terceros (los miles de votantes canarios) el mantenimiento de la decisi¨®n que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, adopt¨® en octubre de 2021. Al admitir a tr¨¢mite el recurso, sin embargo, el tribunal rechaz¨® las cautelar¨ªsimas al ¡°no apreciar¡± la ¡°urgencia excepcional¡± que justificar¨ªa su adopci¨®n inaudita parte de forma inmotivada. El Constitucional acordaba abrir una pieza separada de medidas provisionales para escuchar a todas las partes interesadas en el procedimiento y estudiar la petici¨®n de suspensi¨®n, una cuesti¨®n sobre la que todav¨ªa no ha fallado.

¡°No tiene sentido¡±

¡°No tiene sentido que sin resolver una cuesti¨®n que ata?e a un legislador, el Constitucional se pronuncie sobre la paralizaci¨®n parcial de la tramitaci¨®n de una norma en la que ese legislador tendr¨ªa una posici¨®n que podr¨ªa ser determinante o no¡±, valoran en el equipo de Rodr¨ªguez. El Supremo impuso hace m¨¢s de un a?o al exdiputado una pena de 45 d¨ªas de c¨¢rcel (sustituida por una multa) e inhabilitaci¨®n para el derecho al sufragio pasivo por haberle dado una patada a un polic¨ªa durante una manifestaci¨®n en La Laguna (Tenerife) en 2014.

¡°Lo l¨®gico es que el asunto se resolviera lo m¨¢s r¨¢pido posible, porque hay una vulneraci¨®n de derechos fundamentales de much¨ªsima gente. Tristemente y para sorpresa de nadie, sabiendo c¨®mo funcionan los poderes f¨¢cticos y la estructura judicial, ha pasado ya casi un a?o y no han tenido a bien reunirse para responder¡±, cuestiona Rodr¨ªguez, quien siempre ha denunciado que el suyo fue un caso de lawfare. ¡°Que esto no haya ocurrido responde a una falta clara de garant¨ªas democr¨¢ticas en el Estado¡±, denuncia ahora. ¡°Y el Poder Judicial, lejos de servir de garante, colabora con la vulneraci¨®n de estos derechos al retrasar tanto la decisi¨®n¡±, a?ade.