Ma?ueco mantiene las medidas para las embarazadas pese a que Feij¨®o afirma que ¡°Castilla y Le¨®n no va a modificar el protocolo¡±

Las medidas para las embarazadas planteadas por la Junta de Castilla y Le¨®n siguen generando confusi¨®n incluso en el seno del PP. El presidente del principal partido de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, asegur¨® en la ma?ana de este martes que ¡°el Gobierno de Castilla y Le¨®n no va a modificar el protocolo de atenci¨®n a las mujeres embarazadas¡±, algo que contrasta con los planes de la Junta, dirigida por el PP en coalici¨®n con Vox y liderada por el popular Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco. La previsi¨®n es que las nuevas medidas que se pondr¨¢n a disposici¨®n de los m¨¦dicos ¡ªatenci¨®n psicol¨®gica preferente, escuchar el latido fetal o una ecograf¨ªa 4D del feto¡ª entren en vigor sin que sea ¡°obligatorio¡±, como insist¨ªa Vox, que el facultativo se las ofrezca a las mujeres. El protocolo de interrupciones voluntarias del embarazo, en cambio, se mantendr¨¢ tal y como est¨¢, seg¨²n destacan portavoces del ¨¢rea de Sanidad de Castilla y Le¨®n. Estas fuentes no aclaran ni c¨®mo ni cu¨¢ndo entrar¨¢n en funcionamiento las medidas.

La extrema derecha de Vox ha avisado al PP de que estas medidas deben seguir adelante, pese a que a¨²n las gerencias de la comunidad no las han recibido por mucho que el consejero de Sanidad, Alejandro V¨¢zquez, dijese el viernes en EL PA?S que se emitir¨ªan este lunes. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, as¨ª lo ha advertido en la ma?ana del martes: ¡°Exigiremos que se cumpla el acuerdo. No daremos ni un paso atr¨¢s con lo acordado¡±. El alto cargo de la formaci¨®n ha confiado ¡°en que el PP es gente de palabra¡± y ha aludido a que ¡°han firmado un protocolo y lo llevar¨¢n a t¨¦rmino¡±. El portavoz de Vox en el Congreso, Iv¨¢n Espinosa de los Monteros, ha rechazado que estas diferencias se traduzcan necesariamente en la ruptura de la coalici¨®n en la comunidad: ¡°Revisar no es romper, pero desde luego tendremos que ser m¨¢s estrictos porque llueve sobre mojado con el PP¡±. Vox ha lanzado una nota de prensa en la tarde de este martes insistiendo en que ¡°conf¨ªa en que el Gobierno de Castilla y Le¨®n cumpla y ponga en marcha el protocolo acordado¡±.

Esta situaci¨®n contrasta con el discurso que emiti¨® Ma?ueco el lunes, sin admitir preguntas, al igual que este martes en Salamanca, donde ha coincidido con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha insistido de nuevo en que necesita ¡°informaci¨®n fidedigna¡± sobre las intenciones del mando auton¨®mico. ¡°No habr¨¢ ninguna modificaci¨®n en el protocolo de atenci¨®n a la interrupci¨®n del embarazo, que est¨¢ ajustado a la legislaci¨®n nacional vigente y al criterio cl¨ªnico¡±, asegura Ma?ueco en la misiva que ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y que hizo p¨²blica este martes tras el requerimiento efectuado horas antes por parte del Ejecutivo por el que ¡°se requiere de incompetencia¡± al Ejecutivo auton¨®mico para que se abstenga de adoptar ¡°cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo¡±.

El presidente auton¨®mico del PP destac¨® en su carta de respuesta al Gobierno que ¡°en ning¨²n caso la Junta de Castilla y Le¨®n actualiza el protocolo para las mujeres que se sometan a una interrupci¨®n del embarazo¡±, reivindic¨® la libertad de las mujeres y recalc¨® que no se podr¨ªa obligar a nada, como reclamaba su socio, a los facultativos. ¡°Ser¨¢n ellas, como hasta ahora, las que libremente podr¨¢n solicitar los recursos que tienen a su disposici¨®n y, por supuesto, tras esa inquietud voluntariamente formulada por cualquier embarazada, los facultativos conocer¨¢n y podr¨¢n facilitar seg¨²n su juicio cl¨ªnico¡±, detallaba Ma?ueco, que subrayaba que ¡°alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones a la mujer y la Junta ni las va a promover ni a amparar¡±. Los portavoces de Sanidad no han aclarado c¨®mo esas gestantes recibir¨¢n la informaci¨®n que les haga tomar decisiones sobre los ¡°recursos que tienen a su disposici¨®n¡±.

Requerimiento de incompetencia

El Gobierno alega en el requerimiento de incompetencia contra la Junta de Castilla y Le¨®n para que ¡°cese de inmediato¡± en la aplicaci¨®n de las medidas antiabortivas anunciadas por el Ejecutivo de Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco ser¨ªan, si finalmente se llevan a efecto, ¡°discriminatorias¡± por el trato diferente a las embarazadas de esta comunidad respecto a las del resto del pa¨ªs y supondr¨ªan una ¡°vulneraci¨®n de la competencia estatal para la regulaci¨®n de las condiciones b¨¢sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles en el ejercicio de sus derechos¡±. ¡°La dignidad de las mujeres, elevada a valor jur¨ªdico fundamental, y los derechos que les son inherentes, se ver¨ªan gravemente afectados en el supuesto de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y Le¨®n se apliquen, llegando a generarse una verdadera discriminaci¨®n en el ejercicio de los mismos, pues las condiciones en que estos derechos se hacen efectivos mediante el acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, pasar¨ªan a ser diferentes en el territorio de Castilla y Le¨®n con respecto al resto del Estado¡±, sostiene el Gobierno en el escrito que el Consejo de Ministros aprob¨® este martes y al que ha tenido acceso EL PA?S.

El Gobierno se refiere hasta en seis ocasiones, para justificar su actuaci¨®n, a ¡°las medidas anunciadas¡± por el Ejecutivo auton¨®mico desde el 12 de enero. Ese d¨ªa fue determinante en la reacci¨®n de La Moncloa, que desde entonces ha reclamado de manera reiterada el protocolo al Gobierno de Ma?ueco sin obtener una respuesta oficial, por escrito y detallada. ¡°No resulta admisible que en rueda de prensa oficial se publicite la aprobaci¨®n de un protocolo que no se pone a disposici¨®n de los ciudadanos, y m¨¢s a¨²n, en virtud de las exigencias de la lealtad institucional¡±, se recalca en el requerimiento.

Anuncio de la Junta

La nota de prensa emitida por la Junta el pasado jueves citaba ¡°la elaboraci¨®n e implantaci¨®n de un protocolo de latido fetal dentro de la atenci¨®n programada en el primer trimestre¡±. Igualmente se anunci¨® ¡°el acceso a la ecograf¨ªa 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo¡±, ¡°pudiendo as¨ª mostrar en un v¨ªdeo en tiempo real una imagen del beb¨¦ con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo as¨ª su implicaci¨®n emocional¡±. El vicepresidente Gallardo, de Vox, defini¨® las medidas como ¡°provida¡± y subray¨® que ser¨ªan voluntarias para la mujer, pero obligatorias para los profesionales sanitarios. El requerimiento a la Junta por las actuaciones que puedan vulnerar la ley org¨¢nica de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo recalca que la informaci¨®n a facilitar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo ¡°debe ser imparcial y basarse en la evidencia cient¨ªfica, circunstancias que no se cumplen en las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y Le¨®n¡±. La Sociedad Espa?ola de Ginecolog¨ªa indica en relaci¨®n al latido fetal que las gu¨ªas cl¨ªnicas establecen que ¡°en fase embrionaria [hasta la semana diez y seis d¨ªas] se recomienda que la evaluaci¨®n ecogr¨¢fica del latido sea preferiblemente de manera visual¡± y que las ecograf¨ªas Doppler ¡°no deben ser utilizadas rutinariamente¡±.

El viernes, ante la petici¨®n del Ministerio de Sanidad de la ¡°remisi¨®n con urgencia del protocolo, resoluci¨®n o instrumento acordado para llevar a cabo las medidas anunciadas¡±, la consejer¨ªa de Sanidad de Castilla y Le¨®n ¡°se limit¨® a se?alar que las medidas a implantar consist¨ªan en mejoras tecnol¨®gicas y en la posibilidad de permitir a la mujer escuchar el latido fetal en los estudios ecogr¨¢ficos, respetando siempre su voluntad, pero sin ofrecer ninguna informaci¨®n o aclaraci¨®n adicional que diera respuesta a las dudas planteadas¡±, recoge el requerimiento. El documento, de nueve p¨¢ginas, recuerda que el consejero de Sanidad, Alejandro V¨¢zquez (PP), afirm¨® posteriormente que la Junta ¡°instar¨¢¡± a los sanitarios a trav¨¦s de ¡°instrucciones¡± a ofrecer a las mujeres embarazadas, incluidas las que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del coraz¨®n del feto y acceder a una ecograf¨ªa 4D. ¡°Todos los protocolos son de obligado cumplimiento para los profesionales de la sanidad, y este tambi¨¦n¡±, asegur¨® Gallardo el 16 de enero, el d¨ªa que en principio iban a entrar las medidas en vigor. Ma?ueco afirm¨® horas despu¨¦s que no ser¨ªa as¨ª, pero seg¨²n destaca el Gobierno sigui¨® ¡°sin aclarar si las medidas anunciadas se han aplicado o aplicar¨¢n en el futuro ni, en su caso, qu¨¦ contenido y desarrollo espec¨ªfico tendr¨¢n dichas medidas¡±.

La conclusi¨®n del Ejecutivo es que el prop¨®sito de la Junta es proceder ¡°de manera inminente, a partir del 16 de enero¡±, a la aplicaci¨®n de medidas consistentes ¡°en imponer, o cuanto menos ¡®instar¡¯ o ¡®instruir¡¯ ¡ªsin que estas dos expresiones hayan sido rectificadas¡ª, a los profesionales sanitarios la aplicaci¨®n de un protocolo espec¨ªfico¡±, incluyendo, en los t¨¦rminos anunciados, a las mujeres embarazadas que pretendan abortar. El Ejecutivo subraya que este nuevo requerimiento, tras el del pasado domingo cuyo recorrido ser¨ªa por la v¨ªa contencioso-administrativa, no habr¨ªa sido necesario si la Junta hubiese aclarado sus intenciones por escrito tal y como se le solicit¨®. ¡°No podemos esperar ante toda esta confusi¨®n y aberraci¨®n. El Gobierno aqu¨ª no est¨¢ participando del debate pol¨ªtico partidario, el Gobierno est¨¢ protegiendo los derechos de las mujeres y dando tranquilidad a los profesionales sanitarios en su demanda de seguridad jur¨ªdica¡±, expres¨® la portavoz del Gobierno, Isabel Rodr¨ªguez, tras el Consejo de Ministros de este martes. El requerimiento de incompetencia, previsto en el art¨ªculo 63 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo ¡°velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constituci¨®n¡±. Si Castilla y Le¨®n no contesta en un mes, La Moncloa dispondr¨¢ de otro mes (a contar desde la notificaci¨®n del rechazo del requerimiento) para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz asegur¨® que es posible emprender una acci¨®n como la del requerimiento sin un hecho administrativo claro, provocado por la falta de concreci¨®n de la Junta: ¡°Claro que s¨ª, lo reconoce la f¨®rmula de la v¨ªa del hecho y nos respalda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional¡±.